Un año de Macri: la Justicia, un desafío inesperado que abrió grietas en Cambiemos

Un año de Macri: la Justicia, un desafío inesperado que abrió grietas en Cambiemos

Ante el jaqueado poder de los jueces federales por su fracaso frente a la corrupción K, el Gobierno no dio señales claras para renovar ese fuero. Garavano, tironeado por Carrió, Angelici y la dura Gils Carbó.

Se había preparado -o eso creyó- para atajar la avalancha de problemas económicos y políticos que Cristina le tiró por la cabeza antes de abandonar el poder.Pero el Presidente no calculaba que uno de los frentes más tortuosos durante 2016 lo iba a tener con el Poder Judicial. Nadie en su equipo anticipó la dimensión y la urgencia con la que estallaría la demanda social respecto al juicio y castigo de la corrupción kirchnerista: un tsunami que a los pocos meses desnudó la incompetencia, la cobardía o la complicidad de muchos jueces y fiscales con el corroído statu quo y, como consecuencia natural, las limitaciones del nuevo gobierno para operar sobre ese tejido de sombrías connivencias y caras gastadas. No es todo: los desafíos judiciales también fueron la principal fuente de internas en la coalición gobernante.

Los problemas empezaron temprano. Dos días después del balotaje que encumbró a Mauricio Macri, la Corte Suprema ordenó al gobierno devolver a Córdoba, San Luis y Santa Fe el 15% de la coparticipación que desde 2006 el kirchnerismo había recortado para financiar el pago de jubilaciones. Cerca de 11.300 millones de pesos, y seis meses para decir cómo se pagarían.Un bombazo con indisimulable contenido político, pese a que su inspirador -el titular de la Corte Ricardo Lorenzetti- buscó evitar la única interpretación posible.

El contragolpe llegó pronto, pero terminó golpeando al gobierno en la cuenta en la que más crédito tenía hasta entonces: el respeto por las instituciones.El 15 de diciembre, por decreto, se designó “en comisión” a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte, mientras se lanzaba el procedimiento legal para refrendar esos nombramientos.Una audacia casi suicida.Las críticas llovieron a diestra y siniestra: desde la oposición y la justicia, por supuesto, pero también en el seno de Cambiemos. Elisa Carrió lanzó su primer rayo desde el Olimpo de la transparencia institucional en el que se acomodó desde entonces, y comenzaron a llegar a los diarios los nombres de asesores oficiosos del Presidente en temas judiciales: José Torello, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y, desde las sombras, el presidente de Boca Juniors Daniel“El Tano” Angelici.

Desde entonces, esos nombres le causarían más disgustos que alegrías al Presidente. Carrió y Ernesto Sanz -un anunciado ministro de Justicia que se bajó del colectivo antes de que arrancara- desconfiaron siempre de sus oficios, aunque la creadora de la Coalición Cívica terminó haciendo migas con Pepín mientras sus ataques a Angelici y su supuesto socio oculto -Enrique “Coti” Nosiglia- crecían en intensidad y calibre.

Por supuesto, había y hay un ministro, Germán Garavano, quien con sus planes de avanzada seguramente descollaría en un país comoFinlandia. Pero el barro de los tribunales argentinos fue convirtiéndose en ciénaga bajo sus pies. Mientras lanzaba un ambicioso plan de reconversión cultural y organizacional llamado Justicia 2020, en cambio balbuceaba ante los desafíos y desplantes de la indómita justicia federal porteña, intersada en saber “con quién hay que hablar en este gobierno”.

Más transparente, imposible.En Comodoro Py 2002, esperaban una hoja de ruta con los “deseos” del nuevo gobierno. Para satisfacerlos o negociarlos. Como siempre. Pero el volcán de dólares, bolsos, videos, datos y casos increíbles que atiborraron los sentidos de una sociedad estragada por la la recesión cambiaron el tablero. Con los jueces y fiscales bajo la lupa -y los insultos- de la gente como nunca antes, el gobierno enhebró tres renuncias clave: las del inclasificable juez federal Norberto Oyarbide, su colega platense Carlos Rozanski y la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo.Ese guante de seda disgustó a Carrió, que interpretó las renuncias como una inmerecida salida silenciosa detrás de la cual se movería la mano de Angelici.

Menos inocencia tuvo el gobierno en el Consejo de la Magistratura, otro espacio vital de la tramoya judicial. Con una jugarreta oportuna logró sumar al diputado del PRO PabloTonelli y quitarle la mayoría a los kirchneristas en el organismo, que ya votó una inédita auditoría al trabajo de los juzgados federales y al viscoso sistema informático de sorteo de causas, y cocina más rápido de lo que se sabe los juicios políticos a los jueces Eduardo Freiler, Daniel Rafecas y Ana María Figueroa. La roca más dura, sin embargo, no se movió: Alejandra Gils Carbó, procuradora general y sacerdotisa suprema del kirchnerismo judicial. Le pidieron la renuncia y rebotaron. Quisieron recortarle el poder y el mandato con una ley de dudosa constitucionalidad, pero chocaron con el no de su enemiga más dura: Elisa Carrió. La socia incómoda, pero imprescindible.

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