El ruido lo produjo la declaración de Victoria Tolosa Paz, la principal candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada. “Tiene que haber una presión mas fuerte sobre las grandes empresas, fortunas y patrimonios”, dijo unos días después de sacarse una foto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, algo que para hombres y mujeres de negocios no pasó desapercibido.

Una vez generada la polémica, la candidata oficialista dijo que la “sacaron de contexto”. Sin embargo, las alarmas ya se habían encendido en el ámbito empresarial. “Cuando el ruido suena...”, advirtió un importante hombre de negocios a la nacion y señaló que la Justicia había sido “tanteada” sobre qué pasaría con una reedición en 2022 del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas aplicado este año. Ese tanteo oficial, cuentan en el Congreso, también habría existido allí.

Sin embargo, tres fuentes del Ministerio de Economía, la AFIP, cerca de Máximo Kirchner y Carlos Heller (autores del proyecto), y de Sergio Massa afirmaron que no se está trabajando en la posibilidad de volver a cobrar el “impuesto a la riqueza”.

No obstante, tras las subas en alícuotas de ganancias corporativas y bienes personales, parte del kirchnerismo en el Congreso –la diputada Fernanda Vallejos, por caso– plantea hace tiempo subir aún más la presión sobre los tramos superiores de las alícuotas de bienes personales.

“¿Están trabajando en una extensión del impuesto a la riqueza para 2022?”, preguntó LA NACION en Economía. “Nosotros no. Nada”, respondieron allí. Otro funcionario del Palacio de Hacienda afirmó: “Creo que es un comentario para perjudicar a Martin [Guzmán]. No hay nada de cierto, tampoco tiene mucha lógica”. Esa fuente indicó que si alguien lo estuviera trabajando sería quién lo impulsó desde un principio en referencia al tándem Carlos Heller y Máximo Kirchner. Cerca del banquero dijeron que se había enterado de las versiones por los diarios; en el búnker del hijo de la vicepresidenta afirmaron: “No existe esa posibilidad”.

En la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont están trabajando en la fiscalización de quienes no pagaron y en el abordaje de las cuasas iniciadas por quienes decidieron reclamar en la Justicia, donde –dicen cerca de la economista– también hay buenos resultados para el Estado.

A junio pasado, la AFIP había logrado recaudar por el Aporte Extraordinario unos $223.000 millones de parte de 10.000 contribuyentes. Apenas conocido el proyecto, esperaba sumar $300.000 millones de unas 13.000 personas. “Los vamos a ir a buscar para que paguen”, dijeron entonces sobre aquellos que fueron a la Justicia para no pagar.

Por Francisco Jueguen