El Gobierno apuró a la Corte para que decida sobre el caso Clarín

El Gobierno apuró a la Corte para que decida sobre el caso Clarín
Sin digerir aún el traspié judicial y político por el fracaso del 7D, el gobierno de Cristina Kirchner apeló ayer ante la Corte Suprema y pidió la nulidad de la medida cautelar dispuesta por la Cámara Civil y Comercial, que exime al Grupo Clarín de la aplicación de la ley de medios hasta la sentencia definitiva. Eso impidió a la Casa Rosada avanzar de oficio con el desguace de la empresa.
La apelación se realizó mediante dos presentaciones judiciales diferentes: un recurso extraordinario con per saltum y una "avocación" por cuestiones de superintendencia. La Corte comenzó ayer mismo a analizar los pedidos. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, convocó a sus pares para el lunes con la intención de tomar una decisión con celeridad.

La Casa Rosada les pidió a funcionarios y gobernadores que denunciaran en público a los camaristas que beneficiaron a Clarín y que apoyaran el pedido de nulidad de la cautelar. Busca trasladar toda la presión posible a la Corte, que tiene ahora en sus manos el caso de mayor impacto político de los últimos tiempos.

Por orden de la Presidenta se intentó mostrar tranquilidad. Ella misma dijo, en Brasil, que lo ocurrido anteayer fue "más de lo mismo".

Esa cautela reflejaba también cierto temor a otro fracaso en la estrategia judicial. Para el Gobierno es decisivo obtener un respaldo para avanzar contra los medios de Clarín. Eso podría ocurrir si la Corte aceptara analizar el recurso gubernamental (lo que, según juristas, suspendería la cautelar que dictó la Cámara).

Ayer, la Jefatura de Gabinete decidió evitar el recurso extraordinario que debía presentar ante la misma Cámara para luego ir a la Corte. Por eso usó el per saltum. Se basó en el argumento de lo que el Gobierno interpreta como una contradicción entre la extensión de la cautelar que fijó ayer la Cámara Civil y la resolución del 22 de mayo pasado de la Corte, que había establecido como fecha tope de la cautelar el 7 de diciembre, es decir ayer.

"Con esto buscamos enfrentar a la Cámara con la Corte", dijo a LA NACION un alto funcionario. También se planteó la presunta "autocontradicción" de la Cámara, que le reconoció a Clarín el plazo de un año para desinvertir desde que haya sentencia firme y al mismo tiempo le concedió la cautelar al multimedio.

El otro recurso fue un pedido de avocación a la Corte presentada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que dirige Martín Sabbatella. Si bien menciona la dicotomía Cámara-Corte, hace hincapié en la supuesta irregularidad de que el mismo tribunal recusado por la Afsca -impugnó a todos los miembros de la Cámara- haya dispuesto el rechazo a las recusaciones el mismo día en que resolvió extender la cautelar.

¿Qué hará de aquí en más el Gobierno? Si la Corte no hiciera lugar a su reclamo, procurará instalar políticamente que sólo hay una postergación de su objetivo, desmembrar a Clarín, pero que finalmente se cumplirá. Todas las voces oficiales procuraron minimizar el rotundo fracaso del 7-D, al que se había presentado como una epopeya épica para reducir a Clarín.

En lo jurídico, no tendría más remedio que apostar a un fallo favorable de primera instancia sobre la cuestión de fondo: Clarín planteó la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley que la obligan a desinvertir en varias de sus empresas de medios. Ese fallo, espera el Gobierno, lo dictaría el juez en lo civil y comercial número 1, Horacio Alfonso, a principios de 2013. De todos modos, esa sentencia es recurrible por ambas partes y la causa podría elevarse a la Cámara y luego a la Corte

A media mañana, los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi recibieron copia de las presentaciones para considerar si se declara admisible el per saltum o se rechaza. En este último caso, el Gobierno debería recurrir a la Cámara para tramitar la apelación por el recurso extraordinario. Es un trámite más largo. Como faltaban tres ministros, el tema pasó para pasado mañana.

Al mismo tiempo, la Corte rechazó un pedido de Clarín para que se rechazara el per saltum, lo cual fue módicamente celebrado en la Casa Rosada.

Por orden de Cristina Kirchner, los funcionarios y los gobernadores salieron a presionar a la Corte, pero con abiertas críticas a la Cámara y sin rozar al máximo tribunal. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó como "un cachetazo para toda la justicia argentina" el fallo de la Cámara.

El vicepresidente Amado Boudou lo calificó como "una vergüenza para todos los argentinos", y dijo que va "en contra de la democracia, de la igualdad y del voto popular". Y convocó "con alegría" al festival de mañana en la Plaza de Mayo con números musicales y la presencia de Cristina.

Abal Medina añadió: "Acabamos de vivir la semana de la vergüenza judicial". Y dijo que la Cámara "es el brazo jurídico del grupo ilegal", en referencia a Clarín.

También hubo críticas de los gobernadores de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de Tucumán, José Alperovich; de Misiones, Maurice Closs; de Jujuy, Eduardo Fellner, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. La orden de la Casa Rosada era no sólo defender a la Presidenta, sino presionar a la Corte Suprema.

LA REACCIÓN KIRCHNERISTA

Opiniones sobre el fallo de la Cámara Civil y Comercial

Juan M. Abal Medina

Jefe de Gabinete

"Esta Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal. Es una vergüenza total"

Amado Boudou

Vicepresidente

"Hay una mafia que se llama Magnetto y Clarín, que aprieta a políticos, jueces y empresarios"

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Florencio Randazzo

Ministro del Interior

"La prórroga de la cautelar es un cachetazo a toda la justicia argentina"

Del editor: cómo sigue.

La Corte vive sus horas más incómodas. Aceptar el per saltum sentará un precedente difícil de digerir en el mundo judicial. Rechazarlo será un choque frontal con el Gobierno.

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