Esa fue la muestra más cabal del hartazgo de los jueces por las arbitrariedades de los dirigentes políticos del Gobierno. Una reforma judicial cargada de consejeros, pero que carece de la opinión de magistrados, de fiscales y hasta de los propios jueces de la Corte Suprema. Desde la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, el kirchnerismo insiste en la teoría de que la política debe tener más injerencia en la estructura de la Justicia, porque esta es una corporación inexpugnable y endogámica. Aquella reforma de hace 14 años se reservó para el oficialismo el mayor número de miembros del Consejo, el organismo de la Justicia que debe administrar las designaciones, los ascensos, las sanciones y hasta las destituciones de los jueces. La ideóloga de aquella reforma fue Cristina Kirchner, entonces senadora. Esa reforma fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ahora espera que la Corte Suprema confirme o anule ese fallo.

La nueva reforma que anunció Alberto Fernández nació herida porque vino acompañada por dos hechos que la deslegitiman. Uno es la presencia del abogado Carlos Beraldi en la comisión asesora sobre la reforma y sobre el futuro de la Corte Suprema. Vale la pena repetir que Beraldi es el principal abogado defensor de Cristina Kirchner. Su presencia en esa comisión fue un acto de poder claro, rotundo y explícito de la expresidenta. Beraldi aconsejará sobre el destino de la Corte, que es la instancia en la que se resolverán definitivamente todas las causas contra Cristina, la mayoría por supuestos hechos de corrupción. ¿Qué influirá más en Beraldi? ¿La necesidad de un tribunal mejor para el país en la cima de la Justicia o los intereses de su defendida? La respuesta es obvia. Cobra honorarios para lograr el sobreseimiento de la actual vicepresidenta. El propio Beraldi debió advertir que su presencia en esa comisión entra en colisión con cualquier noción de la ética. El Presidente también debió advertirlo.

Convulsión y malestar: el clima que reina en los tribunales por la reforma judicial del Gobierno

Ads by

El segundo hecho es la abierta persecución política por parte del cristinismo contra el procurador general, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Ocupa interinamente ese cargo desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Casal es un funcionario de carrera de la Justicia (tiene no menos de 45 años de antigüedad), quien llegó a ese cargo porque la seguía en el orden jerárquico a Gils Carbó. Algunas cosas son obvias, pero deben ser repetidas: a Casal no lo nombró Macri, sino la ley. El problema del cristinismo es que no controla a Casal. Esto también es cierto. El desempeño de Casal ha sido ejemplar desde que está a cargo de ese lugar estratégico de la Justicia. Los fiscales tienen autonomía propia y son virtualmente un cuarto poder del Estado. El kirchnerismo acusa a Casal de dos hechos insignificantes y lo amenaza con un juicio político imposible, porque necesita los dos tercios de cada cámara del Congreso para enjuiciar al procurador general. No tiene ese número ni siquiera en el Senado. Una de las acusaciones que le hacen a Casal consiste en que se negó a fusilarlo en la Plaza de Mayo al fiscal Carlos Stornelli , una bestia negra para el kirchnerismo porque investigó la causa de los cuadernos, el relato más escandaloso de la corrupción kirchnerista. A Stornelli le hicieron una operación en Pinamar para enlodarlo y le abrieron una causa en Dolores, donde está un juez cercano al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla. Casal le abrió un sumario a Stornelli y lo sancionó con un apercibimiento por "falta grave". No se había cuidado. Ese fue el error de Stornelli, no una inexistente complicidad. Demasiado poco, demasiado tolerante.

Cristina Kirchner logró otra vez encoger el nosotros y ampliar el ellos. No sabe hacer política si no es fracturando y maltratando, y no está dispuesta a cambiarlo

El segundo hecho consiste en que Casal envió al consejo evaluador de los fiscales (que el propio Casal creó para no quedar él solo con la suma del poder en la procuración) el caso de la fiscal Gabriela Boquín, acusada de maltrato y de acoso laboral. El consejo evaluador aconsejó por unanimidad abrirle un sumario a Boquín. Casal aceptó esa disposición del consejo, integrado por fiscales de todo el país. Boquín no forma parte de Justicia Legítima, pero es la fiscal del caso del Correo, propiedad de la familia Macri; ella sostiene que Macri cometió todos los delitos posibles. Heroína para el cristinismo. Debería ser condecorada por Casal. La fiscal y el procurador del Tesoro, el vengativo Carlos Zannini, habían pedido a la Cámara Comercial que le negara a la familia Macri el recurso ante la Corte Suprema por el caso del Correo. Boquín y Zannini quieren la quiebra del Correo. En un trámite exprés, la Cámara, con las firmas de las juezas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez de Díaz Cordero, aceptó el pedido de Boquín y de Zannini. Cristina llegó siempre a la Corte Suprema. Macri, no. El expresidente les donó a sus hijos las acciones que le pertenecen a él en el Correo. Es una persecución no contra Macri, sino contra los hijos de Macri. Esa inferencia es coherente con la certeza de los Kirchner: ellos, sostienen, fueron perseguidos por la Justicia por orden de Macri. Tal convencimiento lo comparte Alberto Fernández. No les queda otro atajo: hablar de una persecución política abstracta e imprecisa les evita responder sobre las pruebas que existen en la Justicia y que asedian a los Kirchner por la corrupción durante sus gobiernos.

La obsesión contra Macri es similar a la que tiene Cristina por su propia impunidad. En la semana pasada, la vicepresidenta se quejó públicamente porque la Cámara Federal revocó una decisión de la jueza María Servini María Servini por la que esta ordenó el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, incluidas las de Macri, durante más de tres años de los cuatro en los que este fue presidente. Se trata de una denuncia de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa contra Macri porque este se habría querido quedar con sus medios de comunicación. La Cámara le ordenó a Servini que acote la investigación al tiempo que considere esencial porque estaba violando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Es el teléfono de quien fue jefe del Estado. Cristina aceptó con aquella queja de que ella y Cristóbal López son lo mismo. Otra sala de la Cámara Federal confirmó en esos mismos días el procesamiento de Cristóbal López por el lavado del dinero que este obtuvo por defraudar al Estado en tiempos de Cristina.

La preocupación de la mayoría de los jueces se refiere a las amenazas de ampliar la Corte Suprema. Muchos son críticos de algunas decisiones de la Corte, pero saben que si el Gobierno logra arruinar a esos cinco jueces supremos, el destino de ellos será mucho peor. Final de partida. Los presidentes de las asociaciones de magistrados y de fiscales, Marcelo Gallo Tagle y Carlos Rívolo, criticaron duramente la reforma. El Gobierno cambió el camino para llegar al mismo destino. No se propone aumentar el número de jueces de la Corte, dice, sino ampliar las funciones de esta para que pueda interceder en cualquier tramo de los procesos. Cuando hayan convertido a la Corte Suprema en un tribunal más de apelaciones, dirán que el aumento del trabajo justifica un aumento del número de jueces. Todo se reduce a un juego dialéctico.

La Corte Suprema confirmó en estos días la condena a Luis D'Elía por la toma de una comisaría. Podría confirmar también en los próximos días la condena a Amado Boudou. Pero tiene una bala de plata: confirmar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006. Si hiciera eso, los consejeros volverían a ser 20 (en lugar de los 13 actuales) y el titular de la Corte asumiría la presidencia del Consejo. La Corte nunca será indiferente, ahora o después, a la sublevación de los jueces. Cristina logró otra vez encoger el nosotros y ampliar el ellos. No sabe hacer política si no es fracturando y maltratando. Guiada por ese estilo conoció el naufragio. No está dispuesta a cambiarlo.