Envases: ruidos en el Gobierno y chance de revancha para las empresas

Envases: ruidos en el Gobierno y chance de revancha para las empresas

Kulfas sostuvo en la UIA que al proyecto le faltó consenso. Ambiente lo niega y acepta modificaciones, si no se toca la tasa. Ley de Cannabis, en el medio.

“Tenemos por delante el debate de una Ley de Envases, otro cambio estructural muy importante, que tal vez requiera más tiempo de discusión e intercambio para estructurar consensos”. La frase del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ante el empresariado, en la Conferencia Anual Industrial, pasó prácticamente desapercibida. Ante los industriales que se oponen al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para gravar con hasta 3% el uso de envases no reciclables y financiar así la formalización del trabajo de reciclaje, el funcionario remarcó que la iniciativa “es fundamental para avanzar en los desafíos de la economía circular, el reciclamiento y el aprovechamiento de materiales y la inclusión social”, pero ensayó una especie de autocrítica del recorrido de un texto que, por ahora, parece bloqueado en el Congreso.

Esa falta de consensos apuntó a otros despachos oficiales. El proyecto de ley salió del ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié y tuvo al viceministro Sergio Federovisky como principal espada. El jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, lo hizo propio, quizás como guiño a Juan Grabois, uno de los impulsores de la iniciativa. Con las mayorías en comisiones, el oficialismo transitó sin problemas el camino hacia el recinto, pero la semana pasada no pudo lograr el quórum para tratar ni ese proyecto ni otro que apadrina Kulfas: la industrialización del cannabis, que cuenta con media sanción y que el Gobierno quería para cerrar el año.

Kulfas firmó el proyecto de ley de envases que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso. Apoya la iniciativa, pero cree que debió haber tenido otro recorrido. En su opinión, debió haber sido el inicio de un camino y debió haberse consensuado, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social. El texto motivó el rechazo articulado de todo el abanico empresario, con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) a la cabeza, pero con cámaras sectoriales (las alimenticias de Copal, la industria de bebidas nucleada en Cabidsa y las farmacéuticas) en lobby activo en el Congreso.

Como contó Letra P, la industria no se opone a una ley de envases, pero rechaza la tasa con la que el Ejecutivo busca financiar la formalización del trabajo de la economía popular que se dedica al reciclado. Esa tasa, de hasta 3% del precio mayorista de un producto con envase no reciclable, la pagarían las empresas que pongan los recipientes en el mercado y no presenten programas propios al Ministerio de Ambiente para garantizar su disposición final. En teoría, el Ejecutivo piensa en un híbrido entre un sistema público y uno privado. Para las empresas, eso no está claro y califican al texto de “estatista”.

En diálogo con Letra P, Federovisky defendió el trayecto del proyecto y lo desvinculó de la sesión caída de la semana pasada, la última antes del cambio de composición de la Cámara de Diputados. “Es contrafáctico decir tanto que si hubiera habido sesión se hubiera aprobado, como que no hubo sesión por la ley de Envases”, dijo. “Podrían haber sesionado y dejado el proyecto fuera del temario”, agregó. Además, sostuvo que el proyecto que elaboró Ambiente recogió sugerencias de la cartera de Kulfas. “El Ministerio de Desarrollo Productivo fue firmante. Iniciamos el expediente, lo enviamos a Legal y Técnica, de ahí fue a Desarrollo Productivo, que hizo correcciones y que fueron incorporadas por Ambiente”, relató.

Para Ambiente, la búsqueda de consensos terminó una vez que notaron que la UIA se oponía a la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP). Cabandié y Federovisky mantuvieron reuniones con distintas cámaras empresarias, incluida la UIA, y con organizaciones sociales para delinear un proyecto que “es del Ejecutivo”. El Gobierno consideró “imposible” que hubiera habido un texto consensuado por la negativa de las empresas a aceptar la tasa, como contraprestación de un servicio que, dicen en Ambiente, hoy no pagan.

La TAREP, en el texto, dotará de recursos a un fideicomiso que gestionará Ambiente y con el que se financiarán proyectos de municipios para gestionar los residuos, con formalización de trabajadores de la economía popular. Algunas empresas rechazan la tasa, calificándola de un impuesto que se trasladará a los precios. Otras piden más claridad en los sistemas de gestión privada alternativos y mayor transparencia en la gestión de ese dinero.

Esto último sí puede negociarse, avisa Medio Ambiente. La Cámara de Industrias de Bebidas reclamó cambios en el artículo 9 del proyecto de ley. El texto obliga a pagar la tasa a las empresas que no estén sujetas “a un sistema de Depósito, Devolución, Retorno y Reutilización” de envases. Según las compañías, eso deja solo dos alternativas: utilizar envases de vidrio o plástico retornables, o pagar la TAREP. Ambiente lo niega y, dijeron a Letra P fuentes oficiales, está dispuesta a negociar. Las firmas de gaseosas y cervezas propusieron agregar al texto “u otro sistema”, para que el articulado no encorsete a los envases retornables la exención de pagar la tasa, pero el agregado rebotó en los despachos legislativos del oficialismo.

 

La pelea sigue abierta y todo indica que al oficialismo le será más difícil reunir los votos para sacar el proyecto si no llega a un consenso con la industria. Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio, tomó la voz de las empresas e impulsó un rechazo del arco opositor. La diputada por Consenso Federal Graciela Camaño presentó un proyecto mucho más benévolo para las empresas. Reduce considerablemente el tope de tasa, que no podrá superar el “1% del valor de la venta del total de productos envasados durante el año anterior”. Y abre más posibilidades a que las compañías presenten planes de gestión privados. Todo indica que el debate quedará para 2022.

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