La doctrina Tévez

La doctrina Tévez

El fallo de la Corte Suprema tucumana ha vuelto todo a la normalidad, en oportuna aplicación de la doctrina Tévez: las autoridades son elegidas por el voto de los ciudadanos, con independencia de su nivel de ingresos y de la calidad de los candidatos que prefieran, siempre que se cumplan las normas legales, constitucionales y convencionales que rigen los comicios en una democracia representativa.

 La iniciativa y el rol de Cristina favorecen las definiciones y mejoran las perspectivas de Scioli.

La Corte Suprema tucumana puso límite a la peligrosísima estrategia de deslegitimación de la voluntad popular, planteada por la coalición derrotada y admitida en un fallo escandaloso por una sala de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo que intentó embarrar el camino hacia las elecciones presidenciales del mes próximo. Al mismo tiempo, Cristina sigue siendo el eje de la campaña electoral, termina su segunda presidencia con el mayor índice de aprobación en la democracia argentina y esto define la complicada relación con su candidato a la sucesión.

Luego de las PASO, donde Daniel Scioli no llegó al 40 por ciento, se contrapusieron dos líneas interpretativas: un postulante atractivo para los sectores independientes arrastraba un pesado lastre populista, o la poderosa irradiación presidencial no alcanzaba para potenciar a un candidato mediocre. Hoy Scioli parece más convencido que nunca de que el mix triunfador requiere ocho partes de continuidad por dos de cambio, y no a la inversa como le ordenan los medios y analistas opositores que procuran su derrota.

El contexto regional sigue siendo complejo, con la depresión que paraliza a Michelle Bachelet y Dilma Rousseff y el desconcierto de sus respectivos partidos, con la virulenta ofensiva contra las suaves medidas redistribucionistas de Rafael Correa y las groseras acusaciones de narcos contra Evo Morales y su vicepresidente Alvaro García Linera por la revista brasileña Veja, que cumple el mismo rol que Clarín como distribuidor de información falsa provista por organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Pero asoman también excelentes noticias, como el reconocimiento del canciller estadounidense John Kerry de que en vez de aislar a Cuba su país se marginó a sí mismo de la región; la desescalada de tensión entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, gestionada por la Unasur, y el principio del fin del terrible conflicto armado colombiano por una negociación de años en La Habana.

Los perdedores en los comicios tucumanos reclamaron la intervención de la Corte Suprema federal, pese a que su presidente Ricardo Lorenzetti se lo desaconsejó a su amigo y consejero Ernesto Sanz, el enterrador del radicalismo. Mientras, no está demás analizar los supuestos teóricos de la fugaz nulidad de aquella elección. “Un amplio sector de nuestra sociedad”, dicen los camaristas, vive en “situación de extrema vulnerabilidad y profunda pobreza”. Esta “población desprotegida” se relaciona con los punteros políticos en “un sistema de subsistencia alimentaria”. Esto da lugar a prácticas clientelares que conspiran “contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio”.

Con una cita del libro “Los derechos del hombre y sus garantías constitucionales”, con el que en 1945 Carlos S. Fayt recibió al peronismo, afirman que los pobres no están en condiciones de satisfacer sus necesidades en un modo que les asegure el ejercicio sin trabas de las facultades que les corresponden como individuos y como partícipes del gobierno político, lo cual “atenta contra ese ámbito de libertad, que es presupuesto necesario para el ejercicio del sufragio”. Surge clara la incongruencia entre esta descripción y la orden de repetir los comicios. Si se supone que alguien vota por el viaje en taxi hasta la escuela, el chori o la rifa de una heladera, ¿bastaría con ponerlo en ayunas y hacerlo ir a pie para que deviniera el ciudadano libre de elegir?

El esperpento de la ley electoral tucumana, la impudicia exhibicionista con que se aplicó, la jactancia de Alperovich y la brutalidad con que su policía reprimió a quienes protestaban son vergonzosas y revelan las severas deficiencias del acontecer democrático local y la índole de sus instituciones. Pese a ello, una amplia mayoría de la sociedad prefirió a Manzur como su próximo gobernador, porque teme las consecuencias de una hipotética administración del rejuntado opositor. Que todas las opciones sean malas afecta la libertad de elección en un modo muy distinto al que pretende el fallo, y no pueden corregirlo ni dos iluminados ni una nueva elección.

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