Será como una apuesta entre amigos. De esas que sólo tienen valor entre personas que están en el mismo barco y sólo compiten por quién estrecha la mano del otro. Pero, saben las partes, el Gobierno de Alberto Fernández quiere, en silencio, superar en cantidad de adhesiones a la aceptación que en conjunto tuvieron los procesos de reestructuración de deuda emitida bajo legislación internacional, que el kirchnerismo lanzó en 2005 y 2010. Entre ambos procesos organizados por Néstor Kirchner el primero y Cristina Fernández de Kirchner el segundo, el nivel de aceptación llegó al 92,4% sumando ambos tramos. Alberto Fernández y Martín Guzmán tendrán la posibilidad de conseguir superar ese porcentaje si, como intentarán desde la próxima semana, convencen a los inversores particulares diseminados en todo el mundo que poseen entre u$s10.000 y u$s15.000 millones.

Hacen cuentas en el Palacio de Hacienda, y aseguran que si los tres grupos que representan a los acreedores de los fondos de inversión cumplieran su palabra y todos ingresaran al canje, el 80% estaría garantizado. Y si efectivamente fuera cierto que representan a más del 40% de los tenedores de deuda (como afirmaron el Ad Hoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores durante toda la negociación), el nivel se acercaría al 85%. Se superaría tranquilamente el umbral del 75% promedio de aval necesario para que el canje sea considerado exitoso, y, en consecuencia, todo dependerá del nivel de aceptación de los inversores con títulos públicos que están depositados en cuentas bancarias de todo el mundo. Si el Gobierno lograra identificar a estos inversores, acercarles la propuesta y, obviamente, convencerlos, la aceptación podría superar el 95%. Y, con ese nivel, lograr un porcentaje superior a los procesos del kirchnerismo.

La clave para que estos bonistas ingresen es el trabajo a destajo que deberán hacer los grandes bancos internacionales. Es allí donde los acreedores particulares tienen sus cuentas. Entre otras grandes entidades, debería haber contactos serios con el Citibank, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Santander, BBVA, SunBank, UBS, BNP, Barclays, Lloys, ING, Credit Suisse y Commerzbank; además de, obviamente, el Bank of America y el HSBC. Estas dos son las entidades que ejercerán ahora el rol de colocadores de la nueva deuda. Tuvieron además una tarea clave en los momentos más difíciles de la negociación, operando a favor de un acuerdo y considerando como positiva la propuesta de la Argentina. Es tarea de los dos bancos colocadores lograr que la emisión sea exitosa y que los títulos públicos sean aceptados por el mercado internacional, y sólo con el aval de los fondos de inversión de los tres grupos la meta estaría lograda. Sin embargo, se les pedirá desde Buenos Aires que encaren esta nueva misión de contactar a sus bancos colegas del mercado internacional para que éstos consigan convencer a sus clientes con bonos locales que también entren al canje. El problema en este reclamo es sistémico: salvo las dos entidades contratadas, es difícil que el resto de los grandes bancos del mercado financiero mundial se tomen el trabajo de identificar a los bonistas particulares primero y presionarlos para que acepten la oferta después. Salvo que haya algún tipo de “bonus” para los traders encargados, algo que desde la Argentina no hay intenciones de implementar.

Alberto Fernández y Guzmán esperarán a terminar de presentar los papeles ante la Security and Exchange Commission (SEC), algo que ocurrirá entre hoy y mañana, para comenzar a sumar el dinero que va ingresando al canje. Cuando se llegue al 65% de aval a los bonistas con deuda macrista, habrá una primera tranquilidad. El segundo será cuando se supere el 75% promedio en toda la deuda. Pero el festejo final será cuando los tenedores de deuda emitida en los dos canjes K supere el 85%. Para lograr este porcentaje deberían aceptar la oferta oficial unos u$s17.500 millones de los algo más de 20.000 millones en Par y Discount. Todo dependerá, en este caso, de lo que aporte el ingreso de la mayor cantidad posible de fondos de inversión alistados en el Exchange Bondholders. Y para un final con euforia, luego de haberse conseguido esos porcentajes, Alberto Fernández y su ministro de Economía comenzarán a contabilizar los ingresos de inversores particulares para saber si se alcanza el número deseado.

El proceso de canje luego del default de 2001 se dio en dos pasos. El primero fue organizado en el Gobierno de Néstor Kirchner, con Alberto Fernández como jefe de Gabinete, con Roberto Lavagna de ministro de Economía y Guillermo Nielsen de viceministro y principal negociador directo. En el primer llamado, el plazo de ingreso se estableció entre el 14 de enero y el 25 de febrero de 2005, estructurando una oferta de bonos donde las principales colocaciones fueron el Par 2038, el Discount 2033 y el Cuasipar 2045. Como incentivo se agregó un Cupón PBI que pagarían cada vez que la Argentina superara un crecimiento anual de 3%. La aceptación llegó al 76,07%; con lo que Guzmán no tendrá ningún problema en superar este porcentaje, y en un menor lapso de tiempo. Cinco años después del llamado de 2010, con Amado Boudou en Economía, Cristina Fernández de Kirchner aceptó reabrir el canje, en las mismas condiciones de 2005 pero sin anabólicos especiales. Aceptaron la oferta un 66% de los bonistas que se mantenían en default, con lo que se completó un ingreso global de 92,4% sumando los dos llamados del kirchnerismo. El final fue positivo, pero agridulce. Entre los acreedores que no habían ingresado estaban agazapados los “fondos buitre”.