Demandados hasta el agotamiento. Y abandonados hasta la ausencia total de pacientes. Entre ambos escenarios catastróficos se movió el último año el sector de los prestadores de salud en la Argentina, en un año histórico para ellos por distintas razones: además de afrontar una pandemia, fue el primero en décadas en el que la actividad dejó de crecer, a pesar de que está en emergencia desde 2002.

Tan inédita es su situación, que en un gesto también sin precedentes, diversos actores del sistema de salud –desde geriátricos, hasta clínicas, pasando por centros de estudios por imágenes y establecimientos de atención ambulatoria– se unieron en una nueva entidad: la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), creada en diciembre.

La flamante entidad encaró medidas de “sensibilización” –no la denominaron “de fuerza”–, como reprogramar turnos de prestaciones no urgentes el pasado 28 de diciembre. Un detonante de estas acciones fue el anuncio de la quita de la ayuda del programa ATP, pero también la falta de actualización de aranceles, que en parte están atados a los aumentos que se aprueban a las empresas de medicina prepaga y los que establecen las obras sociales, con el PAMI y otras organizaciones provinciales como formadoras de precios.

En pleno enero, FAPS logró dos cosas: realizar una primera convocatoria nacional en la que participaron más de mil prestadores de todo el país y sentarse a la mesa con el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa, Cecilia Todesca; el ministro de Salud, Ginés González García y el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Daniel Zanarini. Además, se llevó la promesa del Gobierno de que se les mantendrá la reducción del 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) y la implementación de un Programa de Recuperación Productiva (Repro) para el sector salud, que incluirá el pago de un monto similar al ATP por cada empleado.

¿Para las empresas es suficiente? “No, esto nos dejaría en la misma condición en la que estábamos en julio y agosto de 2020”, dice José Sánchez, presidente de FAPS, a NOTICIAS. “Tenemos un retraso en los aranceles, necesitamos actualizarlos. Tuvimos que afrontar un 22% de aumento salarial con una cláusula de revisión, más la inflación, así que necesitamos imperiosamente actualizar los aranceles”, añade.

Los números del sector. En la Argentina hay más de 16.500 prestadores de salud, que emplean a 1,5 millón de personas de manera directa y, según el INDEC, es la actividad que más puestos de trabajo generó en el sector privado en los últimos 15 años.

Casi 7 de cada 10 personas se atienden en prestadores privados y en lo que va de la pandemia, las empresas trataron más de 1,2 millón de casos de Covid-19. Hace años que reclaman reformas estructurales, entre ellas una impositiva, porque –alegan– 4 de cada 10 pesos que genera el sector va a impuestos. Sin embargo, la idea que sobrevuela en un sector del Gobierno de una reformulación que implique más coordinación oficial, no es vista con buenos ojos. “Se está hablando mucho últimamente de transformar el sistema sanitario, pensamos que no es el momento de hacer una reforma muy profunda, porque estamos en pandemia, pero sí se pueden hacer algunas modificaciones”, afirma Jorge Cherro, presidente de ADECRA-CEDIM (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio) dos entidades que se unieron en 2011 y que reúnen a más de 300 instituciones privadas del país y que a su vez integran FAPS. “El sector tiene una agenda de reformas y fundamentalmente tiene que ver con la carga impositiva”, completa.

“En materia de protección de salud, la Argentina tiene el sistema más abarcativo y completo del mundo. No es de los rubros que está en deuda en el país”, considera, por su parte, Claudio Belocopitt, accionista principal de Swiss Medical Group. “Diría que el sistema es un orgullo para la Argentina”, continúa.

La tensión que enfrentó el rubro en 2020 se reflejó en los números del estimador mensual de la actividad económica (EMAE): entre enero y octubre, en todos los meses registró una caída. La mayor se verificó en abril, cuando fue del -33,4%, en un momento en que la disminución promedio de todos los sectores era del -25,4%.

“Aún en 2019, que fue un año de crisis, el sector siempre crecía. En 2018, cuando comenzó a agravarse la situación de la economía del país, el crecimiento de la actividad fue del 2%. Para los prestadores, tener un número negativo es un síntoma grave”, señala el economista Jorge Colina, uno de los responsables de los estudios económicos que efectúa periódicamente ADECRA-CEDIM.

Además de los aranceles congelados, los informes de las empresas apuntan al aumento en los costos, no sólo el salarial (que representa entre el 60% y el 75% del total). El incremento en el precio de los insumos médicos, incluidos los relacionados con la atención de la pandemia, tuvo un pico en mayo, mes en el que rozó una suba del 230%.

Según un informe de ADECRA-CEDIM, el confinamiento produjo una caída en la demanda que alcanzó el 70% entre abril y junio. En septiembre (el último mes medido) la disminución interanual era del 52%. Los prestadores afirman que actualmente se ha evidenciado una mayor recuperación. “Por el rebrote, y porque mucha gente que no se hizo estudios durante 2020 se los está haciendo ahora, hay una mayor actividad, pero nunca vamos a tener el mismo nivel que antes porque los protocolos de funcionamiento hacen que se reciba a menos personas en las instituciones”, explica Sánchez.

Actualización automática. Las prestadoras también piden al Gobierno que les permita utilizar un mecanismo de actualización automática de los aranceles, en función de la evolución de sus costos, debido a que la negociación con cada una de las financiadoras es compleja en un ecosistema de múltiples jugadores. Sin embargo, también las financiadoras elevaron la misma solicitud.

“La verdad es que a nosotros nos parece un poco incómodo dividir unos de otros, porque todos atendemos un poco a todos y todo el sistema convive de manera armónica”, apunta Sánchez.

Por su parte, Belocopitt –que tiene un pie en ambos mercados al ser dueño de clínicas y también de una empresa de medicina prepaga– defiende el abordaje integral. “Yo puedo hablar desde los dos lugares –aclara–. Soy un importante financiador y un importante prestador, pero los roles no están separados”. “Los prestadores no existen si no existen los financiadores y a la inversa. Este es un tema que nos preocupa a todos y no nos divide; el que cree que esta es una lucha entre financiadores y prestadores se confunde: esta es una lucha por una mejora en el financiamiento”, concluye. En medio de la pandemia otra novedad más que obliga a reconfigurar el sistema en su conjunto.