El Senado, territorio con amplio dominio de Cristina Fernández de Kirchner, terminó de sumar dos elementos gravitantes a las cuentas políticas que hace la oposición: la sanción de la moratoria fiscal ampliada y la decisión de avanzar contra un par de camaristas federales cuestionados por su designación, pero con referencia ineludible a su papel en causas sobre corrupción. No sólo se trata de duros cruces por pantalla en sesiones más virtuales que presenciales en la Cámara alta, sino de lo que vendría en Diputados. Ese será el terreno central de la batalla que imagina Juntos por el Cambio para intentar el naufragio del proyecto de reforma judicial.

El clima político se había enrarecido hace rato, después de la etapa inicial de la cuarentena. Hubo cruces con origen en las cargas el oficialismo y del propio Alberto Fernández contra Mauricio Macri –que en estas horas no recoge comentarios masivos de elogios en JxC, mientras sigue en Europa-, pero más cuando apuntaron a María Eugenia Vidal y buscaron elegir entre opositores amigos y enemigos. Con todo, la ofensiva judicial terminó de sacudir el tablero y un par de hechos últimos derivaron esta semana en la decisión de cerrar filas contra la estrategia del Gobierno frente a la Justicia.

Interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. En esa Cámara la oposición apuntará a frenar la reforma judicial.

Un par de reuniones de legisladores –de interbloque y de cada socio de la coalición- y de la mesa nacional de JxC, nacida de internas propias y como nuevo ensayo de equilibrio, terminaron de delinear el rumbo al menos en esta materia. Resulta claro - y lo admiten algunos de sus referentes- que tales decisiones expresan una reacción, que busca mayor dureza sin complicar personalmente a los gobernadores de la UCR y a Horacio Rodríguez Larreta, tomados por la gestión en medio de la crisis. Dicho de otra forma: la ofensiva del oficialismo –con eje en el kirchnerismo- unifica posiciones en la coyuntura pero no resuelve la orgánica y el proyecto.

Alberto Fernández defiende la reforma judicial, con eje excluyente en el fuero federal, y también la integración del consejo consultivo que creó por decreto y del cual se espera el impulso a una recomposición de la Corte Suprema. El solo armado de esa comisión –con la marca de CFK que le imprime especialmente Carlos Beraldi- constituye un elemento de presión en continuado. Y asocia esas dos decisiones con lo que la oposición califica como un plan con dos metas: aliviar la situación de la ex presidente y complicar a Macri, no sólo como recurso de imágenes.

El Presidente se ha preocupado de indicar a su círculo más cercano que no debe mezclarse la reforma con otros ingredientes. Y rechaza la instalación de la idea de una especie de lawfare pero contra su antecesor en el Gobierno, algo que alimenta especulaciones de una negociación oscura con el macrismo. “Si imaginan forzar un plan canje, están confundidos”, dice un legislador opositor con palabras menos cuidadas. En JxC creen, más bien, en una estrategia para igualar imágenes de Macri y CFK.

El capítulo de la ampliación de la moratoria terminó de afirmar la respuesta opositora más amplia. Y dejó un dato político en el tablero del Senado, a pesar de la sanción coronada por el Frente de Todos. Cosechó 41 votos a favor y 28 en contra, en medio del cuestionamiento y los cruces fuertes entre los bloques. Luis Naidenoff, jefe del interbloque opositor, redondeó la crítica: afirmó que la ley incluye un “salvataje a los amigos del poder”, es decir y en este caso, Cristóbal López. Los 28 votos opositores, que alguna vez con asistencia perfecta se estiraron a 29, indican que estaría consolidado un número que impide al Gobierno alcanzar los dos tercios ineludibles para temas cruciales.

Los dos tercios son necesarios –por ejemplo y teniendo en cuenta la proyección de la movida judicial- para nombrar jueces de la Corte o designar al procurador general. Diez días antes del comienzo de la cuarentena, el Gobierno envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para convertirlo en jefe de todos los fiscales. Por entonces, existían interrogantes sobre la posición de JxC y hasta se admitía en la coalición opositora que el objetivo era evitar fracturas internas porque no había posición unificada. Hoy, destacan las mismas fuentes, el frente doméstico estaría asegurado.

Alberto Fernández, al presentar la reforma judicial. El proyecto ya avanza en el Senado.

Unas horas antes de la sesión por la cuestión fiscal, la mayoría del Frente de Todos, y con expresa indicación de CFK, había rechazado una decisión de la jueza Alejandra Biotti que imponía frenar la revisión de los pliegos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos camaristas, con traslado durante la gestión macrista, son apuntados por el kirchnerismo, que además envió una dura señal de cuestionamiento a la jueza. Esa reacción, si escala en el Senado y también en la Justicia, colocaría peligrosamente el tema en zona de conflicto de poderes. Y desde ya, confirma un panorama de judicialización de la política.

En paralelo, está abierto también el camino para una carga final contra el procurador general interino, Eduardo Casal, que declaró públicamente su decisión de no renunciar. Si es así, la intención de desplazarlo deberá avanzar con el recorrido seguramente ruidoso del juicio político, sin descartar estribaciones en la Justicia.

En este contexto, resulta imposible analizar como un tema aislado la reforma judicial, que está dando sus primeros pasos formales en el Senado. La simultaneidad de hechos sugiere una estrategia, algo que como señal genera malestar en el círculo de Olivos. Y como contrapartida, termina de unificar posiciones en JxC, cuya única chance de frenar el proyecto está en Diputados.

La decisión práctica es utilizar “todos los recursos parlamentarios”, según resume un diputado. En primer lugar, trataría de hacer valer el criterio hasta ahora consensuado para las sesiones virtuales: habilitar sólo el tratamiento de leyes necesarias en el marco de la crisis y la pandemia. Se verá si esto termina de dinamitar puentes, pero por lo pronto anticipa que estarán en discusión las reglas de juego acordadas para volver a sesionar.

La oposición rechazó de entrada la reforma del Gobierno para la justicia federal. Pero terminó de endurecer posiciones enhebrando otros dos elementos destacados, además de la sanción de la moratoria: el impulso a cambios en la Corte y los casos de los jueces con traslados. Poco sino nada queda del consenso que parecía teñir toda la política en el arranque de la cuarentena.