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Martín Angulo

La actividad en la justicia nacional y federal regresa hoy luego de la feria de enero. Será con la expectativa puesta en tres escenarios judiciales: la Corte Suprema, los tribunales de Comodoro Py y el Consejo de la Magistratura de la Nación. El máximo tribunal debe resolver causas en las que se enfrentan el oficialismo y la oposición; en Comodoro Py expedientes que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ex presidente Mauricio Macri; y el Consejo será eje de las tensiones políticas del Gobierno con la Corte y entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Enero tuvo como eje central el pedido de político político del Ejecutivo a los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. La Comisión de Juicio Político se reunió por primera vez la semana pasada y lo hará nuevamente mañana cuando se espera que apruebe -con el rechazo de la oposición- la admisibilidad del pedido de juicio, aunque sin chances que luego prospere por la falta de votos en Diputados y el Senado.

El mes de feria también tuvo como caso político sobresaliente los chats ilegales entre el ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro y el asesor de Rosatti, Silvio Robles. El juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia contra Robles porque los mensajes se obtuvieron de manera ilegal y eso impide avanzar en la causa. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en la justicia de La Plata una nueva denuncia.

Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo D'Alessandro, protagonistas en disputas judiciales contra el Gobierno

Lo que hoy se reactivará son las causas que quedaron pendientes del año pasado y a las que el contexto político le pondrá más tensión. La Corte Suprema tiene los expedientes más candentes. Son la disputa por la coparticipación entre el gobierno nacional y CABA y por una banca en el Consejo que pelean el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esas dos causas y los chats ilegales son los argumentos principales del pedido de juicio político a la Corte Suprema.

A fin de año, el máximo tribunal dictó una medida cautelar a favor de la administración porteña en su reclamo por la coparticipación. Dispuso que el gobierno nacional vuelva a girarle diariamente los fondos que le había quitado. El gobierno de Alberto Fernández recusó a los cuatros jueces y pidió una revocatoria del fallo. Y el de Larreta denunció que la administración nacional no estaba cumpliendo la resolución y que los bonos que se anunciaron para pagar no era la vía adecuada.

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Esos planteos se espera que la Corte Suprema los resuelva en el regreso de la actividad judicial. El máximo tribunal también debe decidir si el senador del Frente de Todos Martín Doñate o el del PRO Luis Juez ocupan un lugar en el Consejo. Cada uno lo reclama para sí en la nueva integración del organismo en base a un fallo de la propia Corte que había excluido a Doñate de la composición anterior porque el oficialismo en el Consejo dividió de manera ilegal su bloque para tener ese espacio.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner esperan resoluciones judiciales en el regreso de la actividad judicial (REUTERS)

Las miradas también estarán puestas en Comodoro Py. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si confirma los sobreseimientos de Cristina Kirchner en las causas “Hotesur-Los Sauces” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán o los revoca y ordena que se hagan los juicios orales, tal como reclama la Fiscalía y la querella. Por su parte, la defensa pidió que se confirmen los sobreseimientos.

Sobre las causas de la vicepresidenta el nueve de marzo el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer los fundamentos de la condena que le dictó en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el caso de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos kirchnerismo. A partir de allí las partes podrán apelar. La defensa de Cristina Kirchner ya adelantó que lo hará para pedir su absolución ante Casación y el fiscal Diego Luciani hará lo propio para reclamar que también sea condenada por asociación ilícita, un delito que el tribunal oral por mayoría descartó.

También la Corte Suprema tiene para decidir el caso de dólar futuro. Cristina Kirchner fue sobreseída, pero la Fiscalía apeló ante el máximo tribunal para que se haga el juicio oral.

Sobre juicios, el 13 de febrero se reanudará el proceso oral contra el senador nacional y ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli. Está acusado de haber dado un adelanto de 800 mil pesos para el libro “La década ganada” que finalmente no se imprimió. El juicio comenzó en junio del año pasado y está en etapa de testigos. En el mismo proceso está acusada la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura, quién además es juzgada por la contratación con fondos públicos de seguridad personal.

En el rol de querellante Cristina Kirchner también tendrá un 2023 expectante en la causa por su intento de homicidio el 1 de septiembre del año pasado. Ayer fue indagado nuevamente Nicolás Carrrizo, uno de los tres detenidos por el caso junto con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. La intención de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo es que los tres detenidos y con sus procesamientos confirmados sean enviados a juicio oral en el corto plazo.

El Consejo de la Magistratura de la Nación

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Macri también espera novedades judiciales. Es en la causa por el espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. El ex presidente había sido procesado en primera instancia y luego sobreseído por la Cámara Federal. Esa decisión fue apelada y debe resolver la Cámara Federal de Casación Penal.

El Consejo de la Magistratura también concentrará atención. Es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación. Desde noviembre debería estar integrado por sus 20 miembros. Pero la disputa por los representantes del Senado no lo permitió. Será clave la decisión de la Corte sobre Doñate o Juez para ponerlo en marcha.

Tras esa decisión, el Consejo será eje de varias disputas. Está integrado por abogados, jueces, académicos, diputados y senadores del oficialismo y la oposición, un representante del Poder Ejecutivo y por su presidente, Rosatti, como titular de la Corte. Allí se tensionarán más las peleas entre el gobierno y la Corte Suprema y entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Todo eso se da en un año de elecciones presidenciales donde la justicia tiene para resolver causas que impactarán en ese escenario.