La causa por las concesiones de los peajes durante el gobierno de Mauricio Macri entró en zona de indefinición. Tras la nulidad de los procesamientos de los exfuncionarios macristas por parte de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quedó en manos del juez Julián Ercolini la suerte de los imputados Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías en el expediente abierto hace más de un año. La causa por ahora no tiene querellantes que impulsen la acusación y el fiscal de instrucción es Carlos Stornelli.

Tras la decisión de la Sala 2 de la Cámara Federal de anular los procesamientos dictados por Rodolfo Canicoba Corral días antes de jubilarse, se abren dos caminos posibles. Por un lado, el fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe podría apelar el fallo que benefició a los exfuncionarios ante la Casación. Se trata del único que podría llevar la controversia al máximo tribunal penal del país, teniendo en cuenta que en la causa no hay querellantes por el momento. Tras el fallo de los camaristas que dejó sin efecto los procesamientos por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en el juzgado Federal 6, pidió ser aceptada como querellante y reclamó la inhibición de bienes de las empresas de peajes Ausol S.A., Grupo Concesionario del Oeste y la controlante de ambas, Abertis. En caso de ser aceptado, el organismo podría darle mayor impulso a uno de los expedientes que más compromete al ex presidente Macri y sus exfuncionarios y que ahora tuvo un importante retroceso por un planteo formal. Los imputados alegaron que Canicoba Corral no les había exhibido toda la prueba antes de las indagatorias. Según el juez, el incidente ya había sido planteado por las defensas, estaba asentado y hasta había sido rechazado por el fiscal Stornelli.

El otro camino está centrado en el juez de primera instancia. Julián Ercolini es quien debería subsanar la falta marcada por Bruglia e Irurzun en el fallo de este jueves, volver a indagar a las personas imputadas y redefinir la situación procesal de todos ellos. Es decir, podrían volver a quedar procesados u obtener un sobreseimiento o falta de mérito. Según señalaron ante la consulta de Ámbito, la expectativa de los denunciantes en este sentido no son las mejores. Se trata del magistrado al que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de “juez mutante” y quien la mandó a juicio en dos de las causas más resonantes en su contra: Hotesur y Obra Pública. Ercolini tiene en su haber, además, la prisión preventiva dictada para Cristóbal López y Fabián De Sousa por la presunta comisión de un delito excarcelable.

Puntualmente, el ex Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el ex Director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel y el abogado de la familia Macri que reemplazó a Carlos Balbín en la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta. Mientras que el procesamiento del ex titular de Hacienda, Nicolás Dujovne fue por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se inició en agosto de 2019 a partir de la denuncia de Rodolfo Tailhade junto a otros tres diputados. En un año de pesquisa hubo diversos allanamientos y casi una decena de testigos que dieron cuenta de las maniobras para beneficiar a las concesionarias.

Para Canicoba Corral quedó demostrado que los funcionarios macristas operaron deliberadamente y en coordinación para otorgarle numerosos beneficios a las compañías de las cuales era accionista el entonces Presidente de la Nación. El gobierno de Macri le reconoció u$s499 millones por supuestas inversiones no amortizadas y renegoció integralmente los contratos hasta el año 2030, en forma directa y sin llamar a una nueva licitación. Además, las acciones que Sideco Americana, empresa del Grupo Macri, tenía en Ausol S.A. fueron vendidas a un precio 400% superior respecto de lo que valían antes de la asunción de Macri como Presidente. La compradora fue Natal S.A., una empresa sin experiencia previa en el rubro, que logro ingresar al negocio gracias a que Vialidad de Iguacel modificó los requisitos que establecía la normativa.

El breve fallo de la Cámara Federal que anuló las indagatorias no se expidió respecto del contenido de la prueba ni de los delitos investigados. Sólo se limitó a hacer lugar a un planteo formal de los exfuncionarios que, como se dijo, apuntaron que el juez no les permitió acceder a toda la prueba antes de ser indagados.

Si el fiscal de Cámara no apela o si Ercolini no acepta a la UIF como querellante y, eventualmente, decidiera sobreseer a los imputados, la causa tiene serias chances de caer. Salvo que el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, ex jefe de Seguridad de Boca y de excelentes lazos con Mauricio Macri, decidiera encabezar con vehemencia la acusación contra los exfuncionarios, algo que hasta el momento no ha ocurrido.