Las necesidades electorales llevaron al Gobierno a buscar cambios en la política de seguridad. No sólo endureció el discurso al pedir leyes más severas y lanzar el Programa de Seguridad Federal para inyectar mayor presupuesto y apoyo a las fuerzas policiales de las provincias, sino que decidió afectar otros 5 mil gendarmes para que custodien el conurbano bonaerense.

Ayer el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, relanzaron el Operativo Centinela con la idea fija de bajar los índices delictivos en Buenos Aires. En el palco, montado en la Escuela de Gendarmería Martín Güemes, aplaudían el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Ricardo Casal, y el intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado nacional, Martín Insaurralde, único alcalde que participó del acto.

Una semana antes, el Gobierno anunciaba el Programa Federal de Seguridad. En realidad, se trata de activar el adormecido Consejo de Seguridad Interior que dirigió el hermano de la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, Raúl, hasta que en octubre de 2012 estalló una protesta de Gendarmería y Prefectura Naval en reclamo de mejoras salariales.

Ambas medidas son una reacción ante el resultado de las primarias. La estrategia electoral del intendente Sergio Massa, ganador de la votación del 11 de agosto, estuvo basada en la falta de seguridad. Desde el Gobierno, Berni es el encargado de cambiar el discurso que antes utilizaba el Gobierno. Lo que antes era una “sensación” producida por los medios no alineados al discurso oficial ahora es una “realidad palpable”, según palabras del secretario de Seguridad.

“Esto no es una política espasmódica en el marco de alguna circunstancia especial, como algunos pretenden referenciar”, se defendió ayer el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli.

El miércoles, la policía de Neuquén reprimió una protesta que se movilizó frente al palacio legislativo provincial para manifestarse en contra del acuerdo de la petrolera YPF con Chevron. Hubo detenciones, unos cuarenta heridos con balas de goma y un docente con una perforación producida por una munición de plomo que lo puso al borde de la muerte.

Ese mismo día, la policía de Jujuy reprimió a estatales que mantenían tomada la sede de la Dirección Provincial de Rentas. El resultado fue cuarenta personas heridas, otras cincuenta detenidas y el enojo de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala.

La reacción de la Casa Rosada, sobre el primer incidente, se produjo recién el viernes, cuando el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, respaldó al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, al sostener que todo fue “armado por los intereses que están en contra de la Argentina”. Sobre el segundo hecho, no se dijo nada.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el periodista Horacio Verbitsky reclamó al Gobierno que “reencauce y fortalezca el principio de no represión en todo el país”.

Otros cambios. El próximo paso será lanzar un grupo de despliegue rápido de Gendarmería con el objetivo de actuar frente a conflictos que se produzcan en cualquier punto del país.

A su vez, y de a poco, tal como lo anunció PERFIL hace un mes, las Fuerzas Armadas irán tomando más terreno en lugares donde antes operaba sólo Gendarmería. Ayer el ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que se dispuso el desplazamiento de 4.500 hombres de las Fuerzas Armadas para ejercer tareas de “vigilancia y control” de la frontera noreste y noroeste.

“He dado la instrucción al Estado Mayor Conjunto para que, en el marco de lo que prescribe la Ley de Defensa Nacional, disponga las medidas necesarias para fortalecer el trabajo que desde julio de 2011 vienen realizando las Fuerzas Armadas en el denominado Escudo Norte a través del Operativo Fortín II, apuntó el jefe de la cartera.