Mientras el presidente Alberto Fernández mantiene su decisión de postular a Daniel Rafecas como jefe máximo de los fiscales, el kirchnerismo y sus aliados dieron un nuevo paso en otra dirección: el debilitamiento y politización del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de investigar los delitos federales y los casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales.

El senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del kirchnerismo duro, presentó un nuevo proyecto de ley con una vuelta rosca. Además de bajar de dos tercios a la mitad la cantidad de votos necesarios en el Senado para elegir o destituir al Procurador, le fija un mandato de cinco años, renovable por otros cinco, dispone nuevas pautas para trasladar a los fiscales y propone modificar el sistema para removerlos, sumando al menos dos nuevas sillas para la política.

A lo largo de 23 carillas el proyecto va más lejos. Ante el avance hacia el llamado "sistema acusatorio" -que deja en manos de los fiscales la instrucción de las investigaciones-, el texto de la reforma propuesta alienta el debilitamiento del MPF. Entre otras variantes, al reducir la cantidad de votos necesarios para designar y remover al Procurador a la "mayoría absoluta" del Senado, una opción que rechazan las organizaciones civiles especializadas, como así también los expertos que convocó el Senado.

 

 

"Se propone que la designación sea por una mayoría absoluta para reconocer la importancia de la figura del Procurador", argumentó el senador, "respecto de los demás funcionarios que, por ejemplo, en el caso de los fiscales, son designados por mayoría simple de los miembros presentes, pero exigir una mayoría calificada solo sería exigible en el caso de cargos vitalicios".

El propio Rafecas, como candidato a Procurador propuesto por la Casa Rosada, ya anticipó que no estaría dispuesto a asumir en esas condiciones. "Si se modifica la exigencia de dos tercios, no estoy dispuesto a asumir", afirmó ante la consulta de LA NACION, en tanto que, días después, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, reafirmó el apoyo del Ejecutivo a su postulación.

Sin embargo, el proyecto de Weretilneck -quien apoyó la iniciativa oficialista por la reforma judicial y a cambio obtuvo una Cámara de Apelaciones para General Roca, además de rechazar los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli- podría complicar ahora la nominación de Rafecas y abrir la puerta a otros candidatos, más cercanos al kirchnerismo duro.

¿Vitalicio o a plazo fijo?

La opción de un mandato por cinco años, más la posibilidad de renovar por otro período idéntico, en vez de mantener el cargo como vitalicio también abre otros vericuetos. "¿Qué Procurador va avanzar contra la política, al menos durante los últimos dos años de su mandato, si después va a necesitar los votos de la política en el Senado para renovar su cargo?", planteó a LA NACION un fiscal federal.

 

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El proyecto del senador por Juntos Somos Río Negro, cuya copia obtuvo LA NACION, también estipula cuáles serían las Procuradurías del MPF: de Investigaciones Administrativas, Crímenes contra la Humanidad, Criminalidad Económica y Lavado, Narcocriminalidad, Trata y Explotación de Personas, y Violencia Institucional, además de las de "Defensa de la Constitución" y "Extinción de Dominio".

 

Weretilneck también propone que los fiscales no puedan ser traslados sin la conformidad de esos funcionarios, pero plantea que cada traslado "deberá ser previamente aprobado por la Comisión Bicameral" -donde el kirchnerismo impulsó su ofensiva contra el actual titular de la Procuración, Eduardo Casal-, aunque no estipula que deba contar con un nuevo acuerdo del Senado, ni cumplir con ningún otro requisito o condición.

En contraste, al abordar la posibilidad de trasladar a los defensores públicos, el proyecto sí incluye otros requisitos, en línea con el fallo que dictó la Corte Suprema al abordar el planteo de los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Propone que solo puedan trasladarse defensores "con su conformidad, para desempeñarse en una dependencia del mismo u otro distrito territorial que se encuentre vacante, siempre que el cargo a cubrir sea de la misma materia y grado que el cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no menor a dos años en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa en el momento del traslado, que no se encuentre sometido a un proceso disciplinario y que no se haya dispuesto la convocatoria a un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo vacante", además de que ese posible traslado "deberá ser previamente aprobado por la Comisión Bicameral".

Remoción simplificada

La eventual remoción de los fiscales, en tanto, quedaría sujeta a un proceso simplificado que dependería del Tribunal de Enjuiciamiento, cuyo presidente podría, según este proyecto de ley, iniciar de oficio una investigación contra cualquier fiscal, sin que fuera necesario cumplir con los pasos administrativos previos previstos en la legislación actual.

 

No solo eso. El Tribunal de Enjuiciamiento pasaría de siete a nueve miembros: uno por el Ejecutivo, tres miembros de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de Seguimiento y Control del MPF -dos por la mayoría y el restante por la minoría-, y un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, más dos abogados -uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el otro por el Colegio de Abogados de la jurisdicción donde actúe el fiscal investigado- y, por último, dos fiscales generales seleccionados por sorteo.

 

De ese modo, la política sumaría un peso decisivo en el Tribunal de Enjuiciamiento, en tanto que el Procurador quedaría sujeto a la voluntad de la mayoría absoluta del Senado, hoy en manos del peronismo. El proyecto de Weretilneck se conoce en momentos en que el Senado ya debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador Oscar Parrilli, eventuales reformas a la ley de Ministerio Público. Ya hubo dos audiencias con especialistas y continuarían el lunes.

Por: Hugo Alconada Mon