Legisladores del Frente para la Victoria (FpV), organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otros, dieron a conocer un documento que pidió que se realice una “discusión sobre un nuevo marco normativo para la seguridad pública local”.

La semana pasada Noticias Urbanas adelantó que en los próximos días, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, daría a conocer el nombre de la nueva policía y enviaría a la Legislatura un proyecto para crear una nueva Ley de Seguridad Pública.

Otro dato importante , que será clave a la hora de discutir el tema en la Legislatura, es que ninguno de los tres integrantes del Bloque Peronista (María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia) firmaron la solicitada. Tampoco lo hizo Claudio Palmeyro, integrante del Bloque Sindical Peronista.

“En los próximos días comenzará en la Legislatura de la Ciudad la discusión sobre un nuevo marco normativo para la seguridad pública local. Por la trascendencia institucional que supone el traspaso de casi 20 mil efectivos de la Policía Federal a la órbita del Gobierno de la Ciudad, y las dificultades que suscita su unificación con la Policía Metropolitana, el debate debe propiciar la participación de todas las fuerzas políticas, las instituciones de la sociedad civil y las organizaciones territoriales”, arranca el texto dado a conocer el lunes.

El documento continúa diciendo: “En ese contexto, los abajo firmantes sostenemos la necesidad de una Policía especializada y profesional, reafirmando los principios básicos de control civil y despolitización interna de la fuerza. A este respecto, queremos fortalecer y profundizar algunos principios del marco legal actualmente vigente al tiempo que consideramos propicia la ocasión para incorporar nuevos aspectos a la perspectiva democrática de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires”.

A partir de ahí, la carta se divide en 5 puntos, que además tienen un desarrollo propio.

A continuación el detalle del petitorio y las cuestiones, que los firmantes, exigen discutir:

“Principios a resguardar y fortalecer de la actual Ley de Seguridad Pública de la Ciudad”

– Policía profesional de dedicación exclusiva: escalafón único y prohibición de adicionales.

– Reforzar la conducción civil de la fuerza

– Reafirmar los principios de legalidad, oportunidad, gradualidad y proporcionalidad, en el accionar policial.

– Principio de supervisión de los servicios policiales bajo control de auditoría dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

– Principio de ordenamiento territorial sujeto a la descentralización prevista en la Ley de Comunas.

– Instituto de formación y capacitación profesional del personal policial y funcionarios a cargo de la seguridad pública, con eje en el respeto y promoción de los derechos humanos, con una perspectiva de género.

– Políticas de igualdad de género para la organización interna de la fuerza.

“Nuevo modelo de gestión y gobierno de la seguridad pública”

– Incorporación de principios de eficiencia y eficacia, transparencia y rendición de cuentas ante las autoridades e instancias sociales competentes.

– Refuerzo de la responsabilidad política. Jefatura civil de la institución policial, validada por audiencia pública previa a su designación.

– Distinción de la dirección administrativa y la dirección operacional

– Creación de un centro de análisis y control policial.

– Eliminación del “estado policial”.

“Ampliación de los principios básicos de actuación”

– Gestión de la seguridad pública sobre la base del conocimiento criminal.

– Incorporación del paradigma del “policiamiento focalizado”, enfoque tendiente a la resolución de problemas delictivos específicos como fundamento esencial de la labor policial.

– Definición de las funciones de prevención, conjuración e investigación de los delitos, y sus principios básicos de actuación.

– Restricción de portación del arma reglamentaria al horario de servicio.

– Prohibición de portación de arma de fuego en operativos policiales frente a manifestaciones públicas.

– Limitaciones en facultades de detención policial sin orden judicial

“Control interno, externo y participación de la comunidad”

– Creación de una Dirección de Control Externo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de la Auditoría Externa policial.

– Participación de la Legislatura en la designación de las autoridades de la Auditoría Externa Policial.

– Conformación del Tribunal de Disciplina como órgano colegiado con participación policial y externa.

– Creación de la Defensoría de la policía para la promoción de derechos del personal policial.

– Creación de una dependencia especializada en la prevención de la discriminación de género en el ámbito laboral.

– Profundización de mecanismos para la igualdad de género: paridad en la conducción como meta.

– Las autoridades del Instituto de formación policial deberán ser avaladas por la realización de una audiencia pública.

– Creación de una comisión permanente de seguimiento de las políticas de seguridad pública y accionar policial, con integración de legisladores y organizaciones de la sociedad civil.

– Garantizar un dispositivo de control sobre el uso de la fuerza, y las violaciones a los derechos humanos por parte del personal policial

– Garantizar pleno acceso a la información del funcionamiento de los mecanismos de control policial

– Garantizar pleno acceso a víctimas y organizaciones de Derechos Humanos a los casos y trámites de abusos policiales para su impulso y control.

“Aspectos operativos / institucionales a resguardar en contexto del traspaso”

– Derechos laborales del personal policial: el personal policial de la Policía Metropolitana y de la PFA transferida deberá ser reencasillado en los agrupamientos y categorías creados a tal fin. Durante el periodo de transición se deberá crear una Comisión transitoria de reencasillamiento del personal. En ningún caso el personal reencasillado podrá percibir una remuneración inferior a la que venía percibiendo, por lo que se prevé un suplemento por cambio de situación escalafonaria.

Entre los que firmaron el texto se encuentran, entre otros: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Raúl Eugenio Zaffaroni – Nilda Garré – María Cecilia Rodríguez – Marcelo Sain – Carlos Tomada – Gabriel Fuks – Andrea Conde – José Campagnoli – Pablo Ferreyra – Magdalena Tiesso – Lorena Pokoik, Javier Andrade, Paula Penacca – Jorge Taiana – Daniel Filmus – Mariano Recalde – Carlos Heller – Liliana Mazzure – Gabriela Cerutti.