Alberto Fernández necesita que el Congreso ratifique un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para darle validez jurídica en el país y permitir que sea considerado un compromiso válido. Fuentes legislativas del oficialismo confirmaron a LPO que están al tanto de esta herramienta y esperan un diálogo con Martín Guzmán en las próximas horas para evitar una confrontación. 

La participación del Congreso fue definida en la ley 27612 sancionada en febrero de 2021, enviada por Guzmán a poco de asumir por presión de Cristina Kirchner, quien no conforme con el texto original incorporó un artículo para que la deuda en moneda extranjera no pueda utilizarse en gastos corrientes. 

Fue una propuesta en comisión de la senadora Anabel Fernández Sagasti, aceptada por todas las fuerzas políticas. De esta manera, un acuerdo con el FMI debe dejar claro que cada dólar que ingrese se gastará en la cancelación de pasivos externos y no será convertido a peso para cubrir el rojo del tesoro, práctica cotidiana durante el gobierno de Mauricio Macri. 

El artículo 3 de la norma confirma que los legisladores tienen la última palabra: "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Significa que un acta de intención que Guzmán firme con Kristalina Gueorguieva debe luego incorporarse a un proyecto de ley y aprobarse por ambas cámaras para que los compromisos asumidos por el país sean de cumplimiento obligatorio por los Gobiernos.  

Es un trámite habitual con los tratados bilaterales, refrendados en proyectos de ley que en sus artículos señalan "ratificase" tal convenio y se lo adjunta en su totalidad, con copia fiel del original. Los legisladores lo aprueban o lo rechazan, pero no pueden modificarlo. Los cabilderos de las embajadas suelen recorrer los despachos o la cancillería para reclamar por algún viejo acuerdo olvidado en los cajones del Congreso. 

Hasta ahora las cartas de intención con el FMI omitieron la vía legislativa, aun cuando la Constitución le asigna al Congreso la función de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". Los gobiernos se escudaron en que la ley de administración financiera los habilita a negociar por su cuenta con organismos internacionales.  

Las oposiciones de turno siempre cuestionaron esta trampita, pero como el proyecto de presupuesto de cada año incluye como pautas de financiamiento los créditos vigentes, los legisladores tienen esa chance para echar atrás alguno que no les convenza. Por lo general, nunca dan ese paso, porque cuando lo debaten los fondos ya se están gastando. 

En 2018, por caso, Macri no envió el acuerdo con el FMI al Congreso, pero el presupuesto sancionado ese año incluyó los compromisos allí asumidos y el dinero recibido. Y ambas Cámaras lo aprobaron, con el voto de los peronistas que respondían a los gobernadores.

La ley sancionada hace un año cambia el orden de los factores y el presidente no debería ignorar al Congreso cuando firme un acuerdo con el FMI, porque los juristas de Washington podrían considerarlo incompleto con una simple revisión de la legislación local. Entenderían que sin una ley, queda la puerta abierta para que él o quien lo suceda incumpla algún compromiso cuando se le ocurra. 

Guzmán informó a los legisladores sobre la marcha de la negociación en varias ocasiones durante 2021, siempre con la premisa de evitar del default y alcanzar una "previsibilidad financiera" necesaria para planificar el país. En agosto asistió a una reunión de la bicameral de deuda y en diciembre tuvo varias reuniones privadas en su despacho con los líderes de los oficialismo.

En todos los casos, dejó claro que su intención es patear los vencimientos a 10 años con tasas mínimas (la firmada es del 4%), convencido de que hay margen para tener 4000 millones de dólares de saldos comerciales favorables cada año.

En el oficialismo no rechazan su optimismo, pero están atentos a las condiciones que pueda exigir el FMI para ajustar el gasto, que entienden como posibles trabas al crecimiento. El presupuesto que rechazó Diputados contemplaba un déficit fiscal de 3,3% del PIB y Georgieva querría reducirlo al menos un punto. 

 "El 62% es gasto social. Los sueldos y las jubilaciones están bajísimos. No sé dónde más quiere ajustar", repiten en diálogos internos. Además, el presupuesto contemplaba 10 mil millones de dólares para el pago de deuda e ignoraba los compromisos con el FMI, que sólo este año duplican esa cifra. 

En el mensaje del proyecto luego rechazado por la oposición se sugiere un acuerdo con el Fondo con años de gracia, que por ahora nadie conoce. Ni siquiera está confirmado que Alberto cancele los vencimientos por poco más de 1000 millones que vencen entre viernes y lunes. 

"Guzmán va tener que explicar cómo le paga a los demás acreedores si acuerda con el FMI. Porque si pone en riesgo otros compromisos, tendrá un problema mayor", advierten en el oficialismo.

Cristina Kirchner habló este asunto con varios senadores, pero a ninguno le dio una definición categórica de los pasos a seguir y sólo lo hará cuando vea los papeles que Guzmán quiera firmar. Sabe que de poco sirven si los legisladores oficialistas no los aceptan. "Hay un tema político que es claro: a Macri no podían darle más de 20 mil millones y firmaron por 57. Ahora no pueden exigir lo que no podemos hacer", repiten en el Congreso. 

En el Senado la vicepresidenta controla el bloque del Frente de Todos, aunque hay varios de sus miembros que tienen como jefe directo a un gobernador y un llamado de Alberto podría ablandarlos. Nadie imagina ese escenario, porque un oficialismo dividido sólo puede aprobar una ley con respaldo pleno de Juntos por el Cambio en ambas Cámaras. 

Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador jujeño, intentó acercar a la oposición para apoyar la negociación, entre otras cosas interesado en el impacto que la falta de un acuerdo pueda tener en los bonos de deuda de las provincias, un tema del que se habló en la última reunión de Guzmán con senadores oficialistas. Todas las administradas por la oposición tienen vencimientos en los próximos años y necesitan un sistema financiero ordenado. La ruptura con el FMI no lo permitiría.