La Oficina Anticorrupción analiza 91 casos de conflicto de intereses

La Oficina Anticorrupción analiza 91 casos de conflicto de intereses

El organismo abrió expedientes para tratar este tipo de situaciones desde el presidente Macri hasta el titular de la AFIP, Alberto Abad.

En una situación inédita, la Oficina Anticorrupción (OA) ya recibió o detectó más de 91 casos de conflicto de intereses entre funcionarios del Gobierno y creó un sistema para resolver controversias. La lista de los funcionarios que hicieron consultas –a la que accedió Clarín en exclusiva- van desde el titular de la AFIP, Alberto Abad hasta el presidente Mauricio Macri.

"El conflicto de intereses no es un delito. Se debe prevenir y los funcionarios y los empleados públicos deben ser conscientes de su propia situación y abstenerse o excusarse como prevé la ley. De no hacerlo, estos actos deben nulificarse", dijo Alonso a este diario. "En algunas ocasiones, estas decisiones podrían desembocar en delitos como la negociación incompatible o el tráfico de influencia. Por eso, es importante prevenir y aumentar el control en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno", agregó.

Antes de diciembre del 2015, los pocos casos en que intervino la OA eran de oficio, como los expedientes abiertos por la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner en la consultora CO.MA o de la esposa del ex ministro de Planficación, Julio De Vido, en la SIGEN. El caso más reciente es el del nombrado nuevo Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, a quien la OA le preguntó sobre si había sido abogado de la familia Macri en el caso del Correo y contestó que había sido su hermano el que intervino. Por el caso del Correo, Macri firmó el decreto 201/17 que impide que el presidente, el vice y los miembros o autoridades de rango equivalente deben de informar si sospechan que incurren en conflicto de intereses.

Alonso creó un equipo de la OA que todos los días busca en el boletín oficial las nuevas designaciones, lee su currículum y si es necesario le pide más datos sobre su carrera o le formula advertencias de carácter preventivo. Las advertencias puede ser recomendaciones de que se abstenga o excuse de intervenir en determinar decisiones que afecten intereses de la empresa en que trabajaba o tenía acciones antes. Si firma resoluciones sin acatar esas advertencias, es que el funcionario puede ser denunciado penalmente ante la Justicia por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública o tráfico de influencias.

El problema es que la ley de Etica Pública 25.188 no es explícita en cuanto a las prohibiciones. Por esa razón, Alonso propicia que el Congreso sancione una ley con prohibiciones claras y que la OA deje de depender del ministerio de Justicia y sea autártica del gobierno de turno.

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Fuentes oficiales consultadas por Clarín revelaron que la OA tiene los siguientes expedientes. Conflictos de Intereses: 91 casos (de los cuales 35 ya se cerraron); incompatibilidades previstas en la Ley de Ministerios: 5 casos (3 concluidos); otros deberes éticos: 4 casos (3 concluidos); otras infracciones a la Ley 25.188 u otras cuestiones: 21 casos (13 concluidos); incompatibilidades administrativas (acumulación de cargos públicos o percepción de un haber previsional): 58 casos (24 concluidos) y consultas sobre régimen de obsequios: 4 casos (concluidos).

De todos esos casos, los más salientes son los del titular de la AFIP Alberto Abad, del ministro de Energía Juan José Arangueren, del ministro del Interior Rogelio Frigerio, del secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, del ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, del director nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, del secretario de Comercio, Miguel Braun, del secretario de Justicia, Santiago Otamendi, del ex director del INCAA, Alejandro Cacetta, de los director y vicedirector de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico, del coordinador del programa antilavado Juan Félix Marteau, del ex presidente del Banco Nacional Carlos Melconián. Todos esos tuvieron casos de conflicto de intereses y ya están resueltos y cerrados. Hay una carpeta con temas no resueltos sobre el presidente del Banco de la Nacion, Javier Gonzalez Fraga, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, entre otros. También, un expediente aún abierto por la deuda del estado con el Correo Argentino SA del grupo SOCMA donde se analiza los intereses del Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y del director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocorda. También está pendiente un expediente sobre conflicto de intereses del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Otro abierto por este tema es sobre el asesor presiencial Mario Torello, Lopetegui, Quintana y el director del Banco Central, Pablo Curat.

La vicepresidenta Grabiela Michetti, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, y la titular del RENAR Natalio Gambaro fueron casos por el régimen de obsequios y viajes que se analizaron en la OA y ya están cerrados.

La ex presidenta Cristina Kirchner por el cobro de dos pensiones a la vez fue investigada por incompatiblidad y luego el ministerio de Desarrollo Social le suspendió una, en otro de casos más sonados.

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