Con ese argumento la Presidenta echó al procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado. La elección de Joaquín Da Rocha para sucederlo respondió a una necesidad del kirchnerismo de acercarse a la Justicia.
Aunque el ministro de Economía, Amado Boudou, y el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, salieron a despegar la salida de Guglielmino de la crisis por el Fondo del Bicentenario, fuentes muy cercanas al ex procurador confirmaron a Critica de la Argentina que no se fue por propia voluntad. Lo echaron. Y sus diferencias con la confrontativa estrategia judicial que enarboló el Gobierno como respuesta al conflicto del Banco Central terminaron de definir su expulsión.
El nuevo jefe de los abogados del Estado tiene viejos y fuertes vínculos dentro del Poder Judicial. "El Chango", como lo llaman sus amigos, es socio fundador de uno del estudios de mayor peso en materia penal de la Ciudad. Da Rocha-Gené-Munrabá representó, por citar un ejemplo, a uno de los dueños del diario La Nación, Julio César Saguier, en una causa por presunto lavado de dinero.
Su militancia peronista lo llevó, hacia fines de la dictadura, a formar filas en el Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO), un aparato técnico político encabezado por Antonio Cafiero.
En aquella época Da Rocha también creó la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus), un espacio de línea progresista que comparte con sus amigos jueces de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. De esa organización también participan otros justicialistas como Graciela Gianettasio, Carlos Campolongo y Ricardo Casal, el actual ministro de Justicia de Daniel Scioli.
Fue el propio Da Rocha quien postuló a Casal para ese cargo en 2007. El candidato de Scioli era "El Chango", pero algo ocurrió. Algunos dicen que quien le bajó el pulgar fue el Grupo Clarín. Otros señalan a la Casa Rosada.
La segunda posibilidad tiene una explicación: en 2005, mientras era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Da Rocha defendió al juez Alfredo Bisordi. Con su voto y el de otros oficialistas, el camarista esquivó el juicio político y sólo recibió una sanción. Había llamado "delincuente terrorista" a una sobreviviente de la ESMA y "defensor de criminales" a un abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Dos años después, Néstor Kirchner se enfrentó públicamente con Bisordi y lo acusó de dilatar los juicios por delitos de lesa humanidad.
Con aquella historia a un costado, Da Rocha llegó al cargo clave de procurador de la mano de Aníbal Fernández, una relación que se profundizó cuando su esposa, la ex fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Mónica Cuñarro, trabajó junto al jefe de Gabinete por la despenalización de la marihuana.
El jefe de los fiscales no festejó la llegada de Da Rocha
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue uno de los pocos funcionarios nacionales que no brindó por la designación del otro procurador, el del Tesoro, Joaquín Da Rocha. Sabe que la llegada de El Chango podría convertirse en el empujoncito final que termine con su cargo.
El último bastión albertista en el gobierno del matrimonio Kirchner también sabe que el hombre que lo llevó al Gobierno, Alberto Fernández, y Da Rocha no se miran con aprecio. En 2006, la mano del ex jefe de Gabinete lo sacó de su puesto como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y, por sobre la decisión del entonces ministro de Justicia Alberto Iribarne, colocó en ese lugar a su socia y amiga Marcela Losardo.
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