Por Carlos PagniLos políticos argentinos han comenzado a asustarse de sí mismos. Es comprensible. La semana pasada llevaron la crisis institucional a un nuevo límite. El desacuerdo entre el Gobierno y sus rivales se profundizó tanto que llegó a los cimientos, es decir, a la interpretación de las leyes. Los jueces intervienen porque quienes operan el sistema ya no pueden ponerse de acuerdo sobre las reglas que lo rigen.
El Congreso se abocó a ese veto y a la promulgación del resto de la ley según los artículos 80 y 83 de la Constitución. Allí se establece que la promulgación parcial debe tratarse como un decreto de necesidad y urgencia. La oposición entiende que, por lo tanto, se puede rechazar por mayoría simple. El oficialismo interpreta que, como con todo veto, la reposición de los artículos suprimidos requiere los dos tercios. El jueves, el kirchnerismo cantó victoria porque los opositores no alcanzaron esa cantidad. Pero los opositores leyeron la Constitución de otra manera y creen haber anulado la reforma política completa. Algunos de ellos llegaron al desvarío de proponer que la interpretación correcta se decida por votación. Elisa Carrió y Graciela Camaño, más prudentes, prometieron llevar el caso a la Justicia. Conclusión: hoy por hoy, la clase política no puede ponerse de acuerdo en la forma en que deben elegirse el Presidente y los demás representantes del pueblo el año que viene. También está en discusión el instituto del veto, que será aplicado con frecuencia en los próximos meses. Como se ve, la Argentina tiene poco para celebrar en este Bicentenario, que tal vez se reduzca a un sencillo homenaje al sistema decimal.
Hubo otro debate insólito, sobre los DNU de las reservas. La oposición declaró nulo el decreto 2010, a pesar de que la Corte, en la causa iniciada por Federico Pinedo, reconoció que estaba derogado. A instancias de Carrió, también se modificó el dictamen de la bicameral, ignorando las prerrogativas del Senado.
Los rivales de Kirchner, que a veces parecen estar asesorados por el rústico Carlos Zannini, están a punto de ceder su principal bandera frente al Gobierno: la del respeto por la ley. El juez Enrique Lavié Pico -con la misma estrategia procesal que benefició a los Werthein en el caso Telecom- obligó a la bicameral de los DNU a reponer a la senadora Beatriz Rojkes de Alperovich, una mujer que siempre defiende su lugar con tenacidad, como saben en Tucumán. Carrió le reprochó a Julio Cobos la modificación que ahora impugnó la Justicia. Cobos se excusó diciendo que obedeció a una mayoría de senadores formada también por Eugenia Estenssoro, del partido de Carrió. Un senador radical que apoyó aquel cambio dijo: "Nos llevamos por delante al kirchnerismo, como si fuéramos Kirchner, para conseguirle más posiciones al PJ disidente, que después hace lo que quiere". En su afán por arrancar una victoria, también la oposición quedó colgada del borde externo de la ley.
Para entender esta discusión, los ciudadanos deben estudiar derecho constitucional. Muchos legisladores ya perdieron de vista lo que están votando. Todos pagan costos. Carrió lo hizo notar el miércoles pasado: "Si hubieran enviado una ley, ya tendrían las reservas". En cambio, por culpa de este enredo, el Gobierno baja sus últimas banderas. Con el intento de encarcelar al octogenario coronel Luis Sarmiento, padre de la jueza María José Sarmiento, puso la causa de los derechos humanos al servicio de una persecución personal. La Presidenta confesó en el almuerzo de anteayer que si el secretario del área, Eduardo Luis Duhalde, le hubiera advertido que Sarmiento estaba envuelto en una causa judicial, ella habría recusado a la jueza en el caso del BCRA. Pero es probable que Duhalde no lo supiera. A Sarmiento lo fueron a buscar a los pliegues de un expediente a raíz del rechazo del DNU. Como la hija no pagó por la supuesta culpa de su padre, ahora el padre ha de pagar por la culpa de su hija. Menos mal que "está prohibida la venganza" ( cfr. Cristina Kirchner, 4 de marzo pasado).
Daño
Algunos funcionarios se consuelan pensando que los Kirchner ya saturaron el monto de daño que se pueden hacer a sí mismos. Disfrutan con que el descalabro sólo esmerilará a la oposición. Rossi lo dijo en el recinto: "Muchachos, no se entusiasmen. Miren las encuestas y verán lo que está pasando". Francisco de Narváez, Carlos Reutemann, Mauricio Macri o Ricardo Alfonsín piensan como Rossi y se alejaron del fuego. Ernesto Sanz se enfrascó en la presidencia de la UCR. Gerardo Morales, harto de las veleidades del PJ disidente ("Es el caddie de Carlos Menem", dijo Jorge Yoma, burlándose), prometió, en adelante, acatar sólo a su partido. Un diputado de Pro comió el jueves con otro del PJ opositor para elaborar un plan que los saque del pantano. No es fácil: Carrió dictaminó que Cristina Kirchner es una presidenta "de facto" y Cristina Krichner acusa a sus adversarios de golpistas. Muchos temen que la ciudadanía pase del "que se vayan los Kirchner" al "que se vayan todos". Estos malos augurios hacen que algunos ultrakirchneristas busquen una tregua. Carlos Moreno ("Cuto") y Patricia Fadel lo sugirieron al PJ disidente. En el Senado se sumó Miguel Pichetto: confesó que pactará un par de temas para sesionar sin ruido, aunque se vote distinto. Juró que, cuando la oposición alcance el quórum, los kirchneristas irán a las sesiones, aun a perder. Casi ángeles.
Cristina Kirchner no participará, sin embargo, de estos entendimientos. Pidió revalorizar al Congreso. Desde su presente eterno, se olvidó de sus DNU y no previó los vetos. Promete suprimir leyes que no le convengan. Comenzará por el impuesto al cheque y seguirá con la nueva reglamentación de los DNU, que los diputados tratarán en dos semanas. Es una ley crucial, ya que podría despejar los vacíos y aberraciones de la reglamentación actual, sacando a los jueces del juego político.
El diputado Kirchner está en una frecuencia distinta y anda detrás de otro acuerdo. Está convencido -y se lo confesó por lo menos a dos interlocutores- de que le queda una sola chance de postularse a la presidencia en 2011: ganar una gran interna del PJ, similar a la que protagonizaron Carlos Menem y Antonio Cafiero en julio de 1988. Si Carlos Reutemann sigue desentusiasmado, ese sueño depende en exclusiva de De Narváez. Los términos del acuerdo son fáciles de prever: que De Narváez se preste a la pelea, abierta a extrapartidarios, a cambio de que Kirchner comparta la junta electoral. Hay, claro, una cláusula secreta: el Gobierno utilizaría lo que le quede de influencia sobre la Corte para habilitar a su rival, que nació en Colombia.
Del fracaso o del éxito de este pacto dependen las posibilidades electorales de todo el PJ. Es posible que sólo una gran movilización interna le permita a ese partido superar el bajísimo escalón en el que colocaron los Kirchner. También es posible que el santacruceño sólo trabaje por la continuidad del peronismo en el poder si es él el candidato.



















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