Por Mauricio Cantando

Unión por la Patria comenzó a medir fuerzas en el Congreso con el objetivo de anular el decreto 70/23 firmado por el presidente, Javier Milei, conocido como decretazo, que reforma o deroga más de 300 leyes. El bloque de senadores de Unión por la Patria convocó a una sesión el jueves 1 de febrero a las 14 para tratarlo, con la expectativa de rechazarlo con ayuda de los partidos provinciales y de dos exmiembros de la bancada. Si ambas Cámaras votan en contra, su contenido queda invalidado.

 

Como explicó Letra P, la semana pasada venció el plazo para que la bicameral de trámite legislativo emitiera su dictamen, sin que se reuniera una sola vez, porque aún no fue conformada. Martín Menem nunca designó a los ocho integrantes de la Cámara de Diputados y se excusa en que Unión por la Patria envió uno más de lo que corresponde. En la oposición creen que se trata de una estrategia para dilatar el debate hasta que la Corte avale el capítulo laboral del DNU, que fue suspendido por la Cámara del Trabajo.

Después de ese fallo, asesorado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, Milei estiró los tiempos todo lo que permite la ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos. Esperó 10 días hábiles para enviarlo y consintió que la bicameral nunca se creara. La norma señala que cumplido ese plazo, los decretos pueden tratarse en los recintos y aprobarse o rechazarse en su totalidad por mayoría simple.

 

 

En La Libertad Avanza creen que el DNU no puede debatirse en una sesión hasta marzo porque no formó parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias. En UP consideran que no es necesario esperar ese trámite y están dispuestos a buscar aliados para anularlo.

El primer poroteo

La convocatoria para la sesión del Senado fue realizada por cinco miembros de Unión por la Patria: José Mayans (el jefe del interbloque y la bancada Frente Nacional y Popular), Anabel Fernández Sagasti, Sergio Leavy, Juliana Di Tullio (jefa de Unidad Ciudadana) y el tucumano Juan Manzur.

La firma de este último fue celebrada en UP porque fue minutos después de conocerse que el gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, armó un bloque propio en Diputados, con tres integrantes, que podría facilitarle las leyes a Milei. El primer gesto lo dio uno de ellos, Agustín Fernández, que firmó con La Libertad Avanza el dictamen de la Ley ómnibus.

UP tiene 33 votos en el Senado y necesita cuatro más para llegar a la mayoría que le permita abrir el recinto. Cuando Milei publicó el decreto, hubo voces en contra que le permiten esperanzarse con ese número. Lo rechazó el gobernador Alberto Weretilneck, que controla el voto de la senadora Mónica Silva; y el santacruceño José Carambia, quien hace dupla con su coterránea Natalia Gadano.

También se expresó en contra del decretazo el entrerriano Edgardo Kueider, un exmiembro de UP (cuando era Frente de Todos) que hace año se fue junto al correntino Carlos Espínola para armar el bloque Unidad Federal, junto a Alejandra Vigo, la esposa del exgobernador, Juan Schiaretti. "El decreto es inconstitucional", dijo Kueider antes de fin de año. En los próximos días, le sonará el teléfono.