El proyecto del oficialismo para regular por ley las protestas sociales, por lo menos en su redacción actual, va en camino muerto en la Cámara de Diputados.

El kirchnerismo apuesta a un texto consensuado con la oposición, una actitud poco frecuente en una fuerza política que, en estos años, hizo de la mayoría una imposición en el Congreso. Esta apertura oficialista revela que el proyecto no es, en realidad, una prioridad para el Gobierno. "Nuestra intención es que haya un dictamen único, aunque surjan disidencias parciales. Si no se alcanza un consenso básico, el tema queda en stand-by", advirtió la diputada Diana Conti en el arranque del debate de ayer de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

Con el desarrollo de la discusión, quedó al desnudo que ese "consenso básico" con la oposición será muy difícil de lograr. El motivo central de la discordia es la propuesta de amnistía que el oficialismo pretende otorgar a quienes se encuentren detenidos o procesados por delitos cometidos en el marco de una protesta social. Excluye los delitos de "homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas".

"¿Con esta amnistía quedan incluidos aquellos que, por ejemplo, toman una comisaría en el marco de una protesta social?", acicateó el radical José Cano, en indudable alusión al piquetero Luis D'Elía. Sucede que en 2004 el dirigente kirchnerista ocupó la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca y la Justicia elevó la causa a juicio oral el año pasado. "Nosotros no vamos a avalar una amnistía hecha a medida de D'Elía o de [Fernando] Esteche [líder de Quebracho]", enfatizó Cano a LA NACION. En el mismo sentido se expresaron Oscar "Cachi" Martínez (Frente Renovador) y Pablo Tonelli (Pro). "La redacción de este artículo es tan vaga que permitiría beneficiar con la amnistía a individuos que comenten delitos en cualquier protesta callejera", alertó.

El proyecto del oficialismo propone compatibilizar el derecho a la protesta social con el de libre circulación de las personas al establecer que, al menos, la mitad de los carriles queden liberados. Asimismo, establece que el Estado debe garantizar por los medios de comunicación públicos la difusión del reclamo y dispone la creación de una comisión de mediación, cuyos integrantes deberán tratar de acercar a las partes en conflicto cada vez que se desate una protesta social. Esa comisión deberá elaborar un acto con los datos personales de las partes, el objeto y fin de la protesta, entre otros datos.

"Ésta no es una buena ley para la democracia", enfatizó Elisa Carrió (Coalición Cívica), que dijo que la mejor manera de prevenir el conflicto es "preverlo, conteniendo a la gente y mediando". El diputado Omar Duclós asintió: "No se necesita una ley para organizar una mediación. Hay un Código Penal vigente", enfatizó.

No sólo la UCR, el Frente Renovador, la Coalición Cívica y Pro cuestionaron el proyecto oficialista. También la izquierda, en la voz de Nicolás del Caño, expuso sus reparos. Cuestionó, básicamente, la distinción que se hace en el texto entre las protestas "pacíficas" y "violentas". Así, dijo: "¿Quién define qué es una protesta pacífica? ¿La actuación de Sergio Berni [secretario de Seguridad] en el conflicto de Lear no fue violenta?". Conti lo interrumpió, hecha una furia. "¡No le voy a permitir que nos pudra el debate! Respetamos su manera anárquica de ver la realidad, pero no nombre a ningún funcionario de mi gobierno. ¡Es una falta de respeto que nos obligue a hablar de Lear!", bramó.

El entredicho no pasó a mayores. Pero, tras el primer round de ayer, difícilmente se llegue a buen puerto con la propuesta oficialista..