El gobierno de Javier Milei lanzó el Decreto 955/2024 que otorga a los trabajadores la libertad de elegir y cambiar de obra social una vez cada 12 meses, en un esfuerzo por “garantizar más transparencia y opciones de salud”, según afirman fuentes oficiales.
Se trata de los de las obras sociales OSPILM y OSPL, que agrupan a personal ladrillero. La decisión quedó establecida en el Boletín Oficial y, en principio, será por 180 días. El horizonte del Gobierno es auditar y no se descarta que vayan al cierre.
El Consejo Asesor Central, el Secretariado Nacional y los Delegados Regionales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestaron su total apoyo al exigieron que se respete la reciente decisión de la Justicia Federal Pampeana que declaró nula la intervención de la Obra Social (OSPRERA), y demandaron que la misma siga siendo administrada por sus legítimos dueños: los trabajadores rurales.
Las medidas se dieron producto de un análisis estructural sobre el funcionamiento de las prestaciones de salud. Un total de 61 empresas fueron canceladas por no responder a los requisitos instaurados por la ley
Es el decreto 1400 de 2001 que se creó en aquel año ante la cantidad de prestatarias que estuvieron al borde del precipicio por la crisis económica post convertibilidad. El Ejecutivo busca reducir las más de 300 obras sociales sindicales que existen; muchas de ellas sellos de goma inventados para recaudar.
La Superintendencia de Servicios de Salud detectó que OSPERA, una de las más grandes del país, tiene una deuda prestacional de más de 43 mil millones de pesos y registró en un año 16.410 reclamos de afiliados. En octubre de 2023, la administración anterior del organismo estatal le otorgó $3.350 millones en concepto de “ayuda financiera”.
En el gobierno dicen que están preparando medidas judiciales y administrativas por los aumentos desmedidos de las cuotas.
Infobae analizó las transferencias a las entidades sindicales durante los últimos 4 años por tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad, pagados a través del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud. El ranking de las que más dinero percibieron y el monto por afiliado
La Superintendencia de Servicios de Salud llevará adelante los procesos de cambio a otras obras sociales o prepagas. Cómo afecta la medida a los trabajadores.
El Presidente tiene el informe de los fondos que se le remiten a las obras sociales y amenaza con la libertad de elección para los trabajadores
Mañana o el martes, a más tardar, se publicará la reglamentación de la libre elección de una obra social o prepaga. En ese contexto, el Secretario de Acción Social de la CGT remarcó que la administración libertaria está desatendiendo los graves problemas del sector.
La administración libertaria no le perdona a la central obrera el rechazo al DNU y va por más. Sturzenegger y Caputo planean desregular y desfinanciar a las obras sociales, lo que afecta a los millones de afiliados. "Es una rémora de los 90s", planteó el Secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri.
Las nuevas autoridades de la Superintendencia de Salud adelantaron a los gremios que buscarán cargarles directamente con 30% del costo de la atención a discapacitados.
Nexo de los sindicatos con el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, el sindicalista José Luis Lingeri alerta sobre el déficit del sistema.
Desplazamientos en Superintendencia de Salud y Agencia de Discapacidad atribuidos a la mano derecha de Posse, el “Coti” Nosiglia y Barrionuevo.
El gobierno despidió al abogado Enrique Rodríguez Chiantore de la Superintendencia de Seguro de Salud. El funcionario se enteró por el Boletín Oficial y sólo le mandaron un whatsapp. Su reemplazante es Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE y asesor de Nicolás Posse. Hubo otros despidos en el área. «Están desplazando a todos para poner gente de los negocios de las prepagas», afirmaron a InfoGremiales fuentes sindicales.
Enrique Rodríguez Chiantore, enrolado en el bullrichismo, habla con Infobae acerca de por qué fue echado de la Superintendencia de Servicios de Salud. Cómo se enteró de la noticia. Los sindicalistas descartan una venganza por el paro
Se definió hoy. A 45 días de haber asumido Enrique Rodríguez Chiantore dejó de ser el Superintendente de Servicios de Salud apenas después de 45 días de haber asumido. Lo reemplazará un hombre de Osde: Gabriel Oriolo. Cambios con aroma a negocios.
Gabriel Oriolo reemplazará a Enrique Chiantore, mientras que Claudio Stivelman será el nuevo gerente general del organismo. Las razones de los cambios en un área que maneja una caja millonaria para los sindicatos
Logró que un ejecutivo de su entorno sea el auditor principal del Estado que entre otras responsabilidades supervisa a la Superintendencia de Salud
Estiman que unos 300.000 afiliados verán un aumento de 32,38% que se suma al 6,26% autorizado por la Superintendencia de Salud.
La SSS hace al funcionamiento de las obras sociales sindicales y además es un lugar fundamental para la negociación e interacción de los diferentes gobiernos con el movimiento obrero. Estará a cargo de un abogado con experiencia en gestión de la Salud en la ciudad de Buenos Aires y en la Nación.
De gran relación con Patricia Bullrich, Enrique Rodríguez Chiantore tiene una amplia trayectoria en el sector público
Enrique Rodríguez Chiantore será el Superintendente de Servicios de Salud. Se trata de un experto sanitarista su ser jefe de Gabinete del Ministerio de Salud entre 2015 y 2017. Militó en el último tiempo con Patricia Bullrich. Estará a cargo de un área clave para el funcionamiento de las obras sociales sindicales y de alto voltaje político.
Se trata del desembolso que autorizó Economía a cuatro días de las PASO; a la par del acto en el que la CGT recibió a Sergio Massa en Azopardo. El dinero está en la Superintendencia de Servicios de Salud, pero como aún no tiene partida presupuestaria no fue distribuida a las obras sociales.
Obras sociales sindicales de Pasteleros, Alimentación, Docentes Particulares, Aguas Gaseosas y de la Industria Gráfica de Córdoba alertaron este miércoles ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por el cobro indebido de adicionales a las afiliadas y afiliados por parte de prestadores de salud.
El líder de Gastronómicos designará a los responsables de la Secretaría de Trabajo y de la Superintendencia de Servicios de Salud si el libertario llega a la Casa Rosada. Sus abogados aportan ideas al equipo laboral de La Libertad Avanza
Al retraso en el giro del dinero para la atención del afiliado, se están sumando cuestionables diferencias en la distribución de los fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud cuyo titular es Daniel López
El retraso en la distribución de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales es siempre una cuestión de queja de los sindicalistas que ven retenidos fondos que les pertenecen. Pero a la hora de la repartida, la forma en que se distribuyen de manera discrecional ciertas prestaciones levanta la temperatura de quienes no ven llegar fondos a sus prestadoras.
El Gobierno reservó en el Presupuesto un total de $132 mil millones para auxiliar a las obras sociales este año pero todavía no liberó fondos.
Los gremios alegan que la ministra frenó desembolsos a sus prestadoras de un fondo que Alberto y Massa comprometieron al sector por un total de $138 mil millones.
En diálogo con InfoGremiales, el titular del gremio de los trabajadores de Obras Sanitarias y nexo clave entre el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y los gremios, José Luis Lingeri, alertó sobre un sistema en «rojo».
Se trata de la firma de salud Ética Médica asociada a la obra social de la Sociedad Gremial de , un pequeño sindicato de la actividad hípica. Con aportes multimillonarios en los medios y en el fútbol armaron una mega estafa. Ahora, en plena caída, presionan para despedir a sus últimos empleados y cambiar su razón social.
Mientras aguarda por nuevas actualizaciones en el fondo de redistribución de las obras sociales, la CGT insiste en su reclamo al ministerio de Salud para ampliar la compra conjunta de medicamentos importados con el objetivo de oxigenar las arcas de las prestadoras de salud.
Adelantó que irá a la Justicia para no abonar el adicional de 24 mil pesos habilitado por el Gobierno, con el argumento de la crisis que padecen.
Como parte del plan de reorganización de la obra social de los vigiladores en todo el país, el interventor dispuesto por el Ministerio y la Superintendencia de Servicios de Salud, Jorge Banegas, designó a la Sra. Andrea Nova quien será la responsable en la zona patagónica de realizar relevamientos, controles y afiliaciones en la prestadora de salud.
Segunda parte del informe especial de Infobae en el que analizó las transferencias a más de 300 entidades sindicales desde 2020. Los montos que cobró cada una por reintegros y subsidios.
El malestar apunta al compromiso de Massa de entregar recursos antes de fin de año. Esta semana hubo un adelanto, pero reclaman unos $20 mil millones.
Desde hace semanas, padres de chicos con discapacidad vienen reclamando por la suspensión de servicios médicos para sus hijos. Mientras los prestadores afirman que los atrasos en los pagos llevan meses, desde el Gobierno aseguran que la situación está regularizada. elDiarioAR habló con los eslabones del sector que atiende a más de un millón de personas.
Luego de los reiterados pedidos del Bloque Nacional de Christian López y Leónidas Requelme por los constantes reclamos de los afiliados de OSPSIP quienes denunciaran incumplimientos, retrasos, falta de prestaciones y una correcta atención por parte de la obra social, el Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 594/2022 con la firma del Presidente Alberto Fernández y la Ministra de Salud Carla Vizotti, oficializó el cambio de interventor designando al Dr. Sigifredo Jorge Banegas con "facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud le otorga al Consejo Directivo."