Tras semanas de negociaciones estancadas, en la CGT se terminó la paciencia. Le piden al ministro de Salud, Mario Lugones, la salida de Claudio Stivelman el superintendente de Servicios de Salud. Además preparan otra denuncia en su contra por la designación de Gonzalo Mujico como gerente de compras de medicamentos en OSPRERA.
Graciela Ocaña presentó un pedido formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud y advirtió sobre el riesgo de quiebra de Oschoca. El déficit total podría rondar los $60.000 millones.
Se trata de dos firmas radicadas en Panamá, al menos una de ellas vinculada a la salud. En una Claudio Stivelman, el Superintendente de Servicios de Salud, aparece como Director y Tesorero y en la otra ocupa el cargo de Tesorero, por lo que en ambas tiene el manejo de la caja. Panamá se suele utilizar como destino para exteriorizar rentas y eludir el pago de impuestos.
Al crédito multimillonario obtenido por Sergio Stivelman, se le sumaron los de Juan Carlos Pierre Ganchegui, Mario Guillermo Gutiérrez y Paula Alejandra Muñoz Agnone. Todos beneficiados con la línea vip para libertarios del Banco Nación. Por estas horas evalúan llevarlos a la justicia por la posible comisión de varios delitos.
La Superintendencia de Servicios de Salud informó que se dio inició al procedimiento de baja la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF). Se trata de una institución intervenida desde 2024 en la que se habían denunciado hechos de corrupción.
“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable”, señaló Rodolfo Aguiar. El funcionario además no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos.
Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA). Fue intervenida tras un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud que marcó como debilidad un conflicto con la prestadora Red Figueroa Paredes, de la que el propio Claudio Stivelman fue director. Analizan llevar el caso a la justicia por el conflicto de intereses.
Con la Supeintendencia de Servicios de Salud (SSS), que depende del ministro de Salud Mario Lugones, la administración de Javier Milei promete auditorías y controles exhaustivos en las prestadores de salud sindicales y prepagas. Los ejes específicos que disponen para examinar cuentas, sin importar si los gremios son grandes o chicos. La central obrera avisa que la reforma laboral atenta contra el sistema. Un punto que en LLA no descartan modificar.
El monto adeudado era de 60.000 millones de pesos y acordó saldarlo antes de fin de año, pero solo abonó la tercera parte.
La Superintendencia de Servicios de Salud publicó su ranking actualizado de obras sociales habilitadas para monotributistas. Entre las 40 entidades que integran el registro oficial, cinco destacan por su cobertura y eficiencia. Sorprendió el ascenso de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB), que en cinco años se ubicó quinta en el listado. Su secretario general, Marcelo Peretta, celebró el reconocimiento y defendió su modelo sindical.
La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en crisis a las obras sociales de los taxistas de Córdoba y de los azucareros de Tucumán por irregularidades contables y financieras. Deberán presentar un plan de contingencia en 15 días. Ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis, siete en procedimiento de baja y ocho intervenidas.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dictó la Resolución 1608 que reemplaza en su artículo 4 a la Resolución 1/25 que había dado lugar a este procedimiento. Los afiliados tienen hasta fin de año para mantenerse en su obra social. Los gremialistas catalogaron de «mamarracho» la nueva normativa.
La Resolución 951 publicada recientemente por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acelera plazos y multas onerosas para aquellas prestatarias que no contesten a tiempo las denuncias de afiliados. En tanto, y con el canal de comunicación en estado de intermitencia, los sindicalistas esperan que los reciba Mario Lugones.
Desde el Ministerio de Salud apuntan a las entidades de menos de 5 mil afiliados, bajo el argumento de dar mayor libertad a los afiliados. Pero detrás se encuentra un cambio de paradigma, favoreciendo el ingreso de capitales privados y los sistemas de reaseguro.
Gabriel Oriolo era el encargado de controlar obras sociales y prepagas. Renunció en medio de denuncias sobre el direccionamiento de fondos y negocios. Investigan maniobras para beneficiar a Modum Salud, una prepaga de la que proviene Claudio Stivelman hombre de Lugones y gerente General de la Super. El propio Stivelman lo sucederá.
La Superintendencia de Servicios de Salud pretende cerrar la obra social del personal municipal de Avellaneda. La medida, arbitraria y sin fundamentos técnicos, se inscribe en una ofensiva sistemática del Gobierno contra el modelo solidario de salud.
Los rumores sobre la intervención de la obra social de dos grandes gremios volvieron a poner a la Superintendencia de Servicios de Salud en el ojo de la tormenta. Ya fueron 8 las tomadas por la gestión Javier Milei. Se sospecha de su utilización para disciplinar opositores y para el armado de un esquema de negocios.
El Gobierno intervino por decreto la obra social de la Uatre y falló en su intento de tomar el gremio; administra unos $14.000 millones mensuales y se desató una tensa batalla judicial.
Tras el cimbronazo que produjo en la CGT una sangría de afiliados de sus obras sociales por una resolución en principio apuntada sólo a "sellos de goma" que triangularon con prepagas, el ministro de Salud, Mario Lugones, avanzó con el compromiso que asumió ante la "mesa chica" de diferenciar los casos.
Lo hizo el viernes a través de la Resolución 102/25 en la que se crea dicho organismo; esta segunda estocada contra el sistema vigente ocurre a una semana de lanzada la Resolución 1/25 por la que se termina la intermediación de las obras sociales.
Se trata de Osprera, la tercera obra social más grande del país; en octubre, la Superintendencia de Servicios de Salud se presentó como particular damnificada y, a fines de noviembre, el interventor tomó control de la obra social.
El líder de la UATRE, José Voytenco, salió a acusar a la Superintendencia de Servicios de Salud por la falta de servicios y medicamentos en la obra social de los trabajadores rurales intervenida desde octubre. Desde el Gobierno lo cruzaron y dijeron que recibieron un déficit operativo de 4300 millones de pesos mensuales. Rumores de un 2025 con un Milei empoderado y otro perfil.
La medida de la Superintendencia de Salud generó bloqueos en las cuentas bancarias y una crisis sanitaria para más de 700.000 personas afiliadas.
La presentación la hizo la Superintendencia de Seguros de Salud contra José Voytenco, titular de la Uatre, durante la audiencia de un juicio. Lo acusan de un desfalco al Estado por $ 3.350 millones. Desde el gremio dicen que el sindicalista no estaba al frente de la obra social en ese momento y advirtieron que van a denunciar al abogado de la SSS.José Voytenco, titular de la Uatre.
El gobierno de Javier Milei lanzó el Decreto 955/2024 que otorga a los trabajadores la libertad de elegir y cambiar de obra social una vez cada 12 meses, en un esfuerzo por “garantizar más transparencia y opciones de salud”, según afirman fuentes oficiales.
Se trata de los de las obras sociales OSPILM y OSPL, que agrupan a personal ladrillero. La decisión quedó establecida en el Boletín Oficial y, en principio, será por 180 días. El horizonte del Gobierno es auditar y no se descarta que vayan al cierre.
El Consejo Asesor Central, el Secretariado Nacional y los Delegados Regionales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestaron su total apoyo al exigieron que se respete la reciente decisión de la Justicia Federal Pampeana que declaró nula la intervención de la Obra Social (OSPRERA), y demandaron que la misma siga siendo administrada por sus legítimos dueños: los trabajadores rurales.
Las medidas se dieron producto de un análisis estructural sobre el funcionamiento de las prestaciones de salud. Un total de 61 empresas fueron canceladas por no responder a los requisitos instaurados por la ley
Es el decreto 1400 de 2001 que se creó en aquel año ante la cantidad de prestatarias que estuvieron al borde del precipicio por la crisis económica post convertibilidad. El Ejecutivo busca reducir las más de 300 obras sociales sindicales que existen; muchas de ellas sellos de goma inventados para recaudar.
La Superintendencia de Servicios de Salud detectó que OSPERA, una de las más grandes del país, tiene una deuda prestacional de más de 43 mil millones de pesos y registró en un año 16.410 reclamos de afiliados. En octubre de 2023, la administración anterior del organismo estatal le otorgó $3.350 millones en concepto de “ayuda financiera”.
En el gobierno dicen que están preparando medidas judiciales y administrativas por los aumentos desmedidos de las cuotas.
Infobae analizó las transferencias a las entidades sindicales durante los últimos 4 años por tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad, pagados a través del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud. El ranking de las que más dinero percibieron y el monto por afiliado
La Superintendencia de Servicios de Salud llevará adelante los procesos de cambio a otras obras sociales o prepagas. Cómo afecta la medida a los trabajadores.
El Presidente tiene el informe de los fondos que se le remiten a las obras sociales y amenaza con la libertad de elección para los trabajadores
Mañana o el martes, a más tardar, se publicará la reglamentación de la libre elección de una obra social o prepaga. En ese contexto, el Secretario de Acción Social de la CGT remarcó que la administración libertaria está desatendiendo los graves problemas del sector.
La administración libertaria no le perdona a la central obrera el rechazo al DNU y va por más. Sturzenegger y Caputo planean desregular y desfinanciar a las obras sociales, lo que afecta a los millones de afiliados. "Es una rémora de los 90s", planteó el Secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri.
Las nuevas autoridades de la Superintendencia de Salud adelantaron a los gremios que buscarán cargarles directamente con 30% del costo de la atención a discapacitados.
Nexo de los sindicatos con el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, el sindicalista José Luis Lingeri alerta sobre el déficit del sistema.
Desplazamientos en Superintendencia de Salud y Agencia de Discapacidad atribuidos a la mano derecha de Posse, el “Coti” Nosiglia y Barrionuevo.
El gobierno despidió al abogado Enrique Rodríguez Chiantore de la Superintendencia de Seguro de Salud. El funcionario se enteró por el Boletín Oficial y sólo le mandaron un whatsapp. Su reemplazante es Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE y asesor de Nicolás Posse. Hubo otros despidos en el área. «Están desplazando a todos para poner gente de los negocios de las prepagas», afirmaron a InfoGremiales fuentes sindicales.