La entidad que exhibe como presidente a Jaime Campos y tiene como escoltas desproporcionados a pesados como Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Luis Pagani, Cristiano Rattazzi, Alfredo Coto y Federico Braun salió a pronunciarse por el fin de la cuarentena y reclamarle a Alberto Fernández que no caiga en default, en un tono y un momento que no convenció ni siquiera a la totalidad de sus socios.

Nucleados unos meses después del estallido de 2001, los propietarios que se agrupan detrás del sello de AEA le tienen más miedo a la cesación de pagos que al COVID-19 y están, también, acostumbrados a pedir mucho. Pero eso no justifica que su diccionario acotado no logre una dosis mínima de diplomacia o que no hayan consultado a todos los miembros de su comisión directiva, antes de enviar el documento. En el grupo de los quince vocales que tiene la entidad conviven quienes apoyan con los que dicen haberse enterado de los términos del comunicado por los diarios y los que hasta justifican la acusación de “traición a la patria” que surge del oficialismo. Incluso cerca de uno de los vicepresidentes afirman que no era la forma de expresarse cuando Argentina está en el proceso de reestructuración de la deuda y se lamentan de que no haya habido al menos un tenue respaldo a la oferta de Martín Guzmán. Será que, visto el enojo de Fernández, nadie quiere pelearse con el gobierno antes de tiempo. O será una muestra más de que, en el sector empresario, el sálvese quien pueda preexiste a la pandemia.

Los empresarios de diálogo con Olivos lo saben: sobreendeudado, con derrape en la recaudación y con escasas fuentes de financiamiento, el Estado no puede más.

Son Rocca y Magnetto las cabezas visibles que le traen disgustos al Presidente y activan viejos rencores en el departamento de Recoleta donde habita su vice. Pero entre los pesados de AEA algunos responsabilizan al tesorero Enrique Cristofani, el ex country head del Banco Santander que después de ser íntimo de Mauricio Macri durante cuatro años fue desplazado de su puesto desde Madrid por Ana Botín, esa vieja conocida de Fernández que prefirió esconder a su ex número 1 en un decoroso segundo plano. Nada es irreconciliable, como lo demuestra la trayectoria del ex jefe de Gabinete o como puede advertirse en Pagani, un empresario de antigua fe cavallista que recompuso relaciones con Cristina Fernández después de ver con espanto gobernar a Macri y gracias al oficio de dos intermediarios de peso.

Es lógico que el socio de AEA y presidente de la UIA Miguel Acevedo no se sienta representado por el documento. Mientras la asociación de dueños nuclea alrededor de 50 empresarios que son candidatos a pagar cualquier impuesto a las grandes fortunas, la central fabril que el latin lover Francisco “Pancho” Cabrera redujo a un grupo de llorones agrupa a unos 100.000 establecimientos industriales y tiene una conducción bastante más colegiada. Hoy, cuando las pymes se declaran ahogadas y con enormes dificultades para sobrevivir a la crisis, en la cúpula de la UIA afirman que la mayor parte de la asistencia va dirigida a ese sector. No todas las grandes acceden al programa de Asistencia a la Producción y el Empleo, pero los empresarios de diálogo con Olivos lo saben: sobreendeudado, con derrape en la recaudación y con escasas fuentes de financiamiento, el Estado no puede más.

Después de la apuesta fallida a la generosidad de los bancos, el gobierno ahora decide sostener el empleo a través del pago de la mitad de sueldos de 2 millones de trabajadores. Pero quedan al margen entre 4 o 5 millones más de asalariados registrados y, como lo demuestra el caso Polka, tampoco el grupo de beneficiados garantiza que los empleados cobren la totalidad del salario. Peor sería que existan empresarios que accedan al subsidio y encima compren dólares, como sugirió -con 30 años en el rubro financiero- Pablo Peralta del Grupo ST y cómo piensa además un sector del oficialismo. Sería un ejemplo perfecto de ese “Estado bobo” que no recibe críticas del establishment.

Aunque Fernández haya pasado a la fase 4 y Horacio Rodríguez Larreta haya incorporado nuevas actividades aún con aumento de casos en las villas de la Ciudad, el sueño del Círculo Rojo no es fácil de hacer realidad y los empresarios que viven del mercado interno saben que salir del pozo no va a ser fácil. “¿Por qué va a haber más demanda si el poder adquisitivo que venía de cuatro años de una paliza ahora está destrozado?”, se preguntan.

La reestructuración de la deuda también divide aguas. Algunos dicen que hay que ceder en la negociación con los grandes fondos y advierten que no se puede volver a recitar las estrofas de “vivir con lo nuestro”. Aseguran que no alcanza con el mercado interno, que hace falta volver al financiamiento externo y que hoy toda la industria tiene insumos importados: como ejemplo, más del 80% del papel kraft del packaging que envuelve alimentos y medicamentos viene del exterior. Desde el sector alimenticio juran que las empresas llevan seis meses sin aumentar los precios, culpan a los intermediarios y afirman que no se puede sostener el empleo sin una suba inminente. Otros presionan contra la posibilidad de que Fernández extienda la doble indemnización en junio y advierten que puede venir una ola de quiebras que redunde en mayor desocupación. Los que tienen intereses en Vaca Muerta creen que ir al default conspiraría contra el proceso que está iniciando desde el Estado Matías Kulfas con el subsidio del barril criollo y provocaría la pérdida de tecnología y know how que hoy permanece -todavía- en la meca del shale. Además atentaría contra el proyecto que Fernández y CFK le encomendaron a Sergio Affronti, rescatar a YPF del derrumbe que provocó el gobierno de los CEOS con un camino no exento de sacrificios, como el de ordenar la rebaja de sueldos generalizada.

Pero están también los que coinciden con el gobierno y admiten que ya hoy nadie tiene acceso al financiamiento: ni el Estado nacional, ni las provincias, ni las grandes empresas. Piensan que vendrán seis meses difíciles y después regresará algo parecido a la normalidad, en un mundo más cerrado, con un ajuste fuerte sobre el salario real y con empresas que no van a pagar más impuestos de los que pagan. “No va a pasar nada que no esté pasando. Una cosa es ser Japón o un país pequeño y que te corten el chorro y otra es ser Argentina. Sucedió en 1982, y 2002 y el crecimiento fue rápido aún con problemas”, dice uno de los dueños. Además, están los que piensan que el momento es inmejorable para discutir un cambio general del sistema impositivo, algo similar a lo que promete Fernández. Será difícil ponerse de acuerdo en quiénes deben financiar la salida de la crisis, pero la peste y el gobierno de Macri lograron sellar a fuego una idea hasta hace poco discutida: para lo que venga, hará falta más Estado. Del sueño de un país atendido por sus dueños, sólo queda el humo del incendio.