Por María Belén Robledo.

“Estamos igual que el año pasado”. Con esa frase, una fuente legislativa de peso y relevancia política en Unión por la Patria -en la Legislatura bonaerense todavía se llama así- describió el panorama de incipientes negociaciones que se abrieron desde que el gobernador Axel Kicillof giró los proyectos de Presupuesto, Ley Fiscal Impositiva y el pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a más de 3 mil millones de dólares.

La discusión de 2024 fue demencial. Sesiones caídas, reescritura de los proyectos y posterior cierre del Senado, intendentes y ministros que arribaron a la Cámara de Diputados al filo de la medianoche y un gobernador que salió con los tapones de punta a señalar a la oposición como la responsable de la caída de las negociaciones. De la vereda opositora hicieron lo contrario: giraron los cañones al interior del peronismo y señalaron que las cosas no salían por la interna del espacio.

A diferencia de entonces, ahora esa disputa está mucho más blanqueada. Hubo un desdoblamiento electoral que generó enojos y suspicacias; dos elecciones legislativas con resultados totalmente diferentes y bandos intendentistas bien definidos que responden a Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y Sergio Massa, las tres patas establecidas de la alianza oficialista.

Con todo, la negociación por el paquete económico para 2026 se reavivó esta semana luego de una serie de intentos del Gobierno de poder avanzar con la que denominó “Ley Corta”, un pedido de endeudamiento por el equivalente a 1045 millones de dólares que el gobernador envió en marzo al Senado y nunca prosperó. La toma de deuda es una de las prioridades que el mandatario provincial marcó con trazo grueso esta semana. “Necesitamos particularmente la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento", repitió en reiteradas oportunidades.

“Son las herramientas para poder operar, para poder funcionar en 2026. Las otras leyes también son importantes, pero apunto al financiamiento porque de no disponer de las autorizaciones, los vencimientos van a caer igual en el momento que están marcados”, sostuvo Kicillof. En efecto, los vencimientos están previstos para marzo y septiembre del año que viene y para eso el Gobierno espera destinar 830 millones de dólares al abono de la deuda correspondiente a esos dos tramos.

Un temor subterráneo entre quienes no simpatizan con Kicillof, y que se extendió por los pasillos de Diputados y del Senado, es que el Poder Ejecutivo pueda quedarse con un excedente de esa toma de deuda y evitar así volver a requerir de negociaciones con el Poder Legislativo en lo que resta de la gestión. Sólo especulaciones, que son las que sobran en La Plata estos días.

“Como hicimos el año pasado, vamos a trabajar éste para que salga y tenemos la expectativa de que se pueda lograr”, dijo a Noticias Argentinas el presidente de bloque peronista en la cámara baja provincial, Facundo Tignanelli. El dirigente de La Cámpora confió en que  la oposición tiene "la voluntad de empezar a afinar criterios para que esto salga".

Este viernes por la tarde llegó la convocatoria a una sesión ordinaria en la cámara baja con la intención de dar estado parlamentario a los textos y que puedan hacer su camino por las comisiones. Será el miércoles a las 14 horas.

Los interlocutores que puso el gobernador a negociar son la secretaria general, Agustina Vila, una persona de su máxima confianza; y el intendente de Almirante Brown y diputado electo, Mariano Cascallares. El dúo estuvo a cargo de las negociaciones en el cierre de listas e hicieron buenas migas desde entonces. En los últimos días, los dos mantuvieron reuniones y conversaciones con diputados y senadores para encarar los primeros contactos.

El de Cascallares es un nombre que toma relevancia en tanto la posibilidad de que, por primera vez en seis años, el gobernador tenga representación propia con un nombre de peso territorial en la Legislatura. Es que el hombre fuerte de la Tercera es parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que el mandatario provincial fundó en febrero y que se convirtió en un actor clave en la trama interna de la coalición peronista.

El intendente de Almirante Brown es uno de los nombres que suena para disputar la presidencia de la cámara baja, en un posible acuerdo de rotación con el actual titular del cuerpo, el renovador Alexis Guerrera, el nombre que tiene Massa para conservar ese lugar. Por el sector de La Cámpora se había mencionado a la intendenta de Quilmes y diputada electa, Mayra Mendoza, aunque eso bajó el nivel de espuma en las últimas semanas.

Otros cargos legislativos de peso que entran en discusión del lado de calle 53 son el del secretario administrativo, puesto que actualmente ocupa Miguel de Lisi, ligado a los intendentes del conurbano; y el del secretario legislativo, lugar que ocupa el dirigente de La Cámpora Gervasio Bozzano.

El ministro de Economía, Facundo López, presentó el Presupuesto en la Legisaltura a comienzos de semana.  

Del lado de avenida 51, en el Senado, también están en discusión los nombres para las vicepresidencias, especialmente la primera, que corresponde al oficialismo por ser la fuerza con más cantidad de bancas. “Los nombres son fusibles del acuerdo que hagan CFK, Massa y Axel entre cuatro paredes y son algo que se va a definir a último minuto, y todo lo demás son deseos personales de quienes quieren un lugar u otro”, dijo a Buenos Aires/12 una voz al tanto de las conversaciones.

Más allá de sus internas, el peronismo en soledad no puede hacer nada. Es que, con la composición actual, la llave de los dos tercios que requiere para dar aprobación a los textos la tiene el viejo Juntos por el Cambio en Diputados, es decir, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Desde estos espacios ya dejaron ver sus demandas, que incluyen los cargos correspondientes a la oposición en los organismos de control, las vacantes en la Suprema Corte y un fondo fijo y de libre disponibilidad para los municipios que sea equivalente a dos masas salariales completas.

“Si no hay una discusión integral, no hay permiso para endeudamiento”, advirtió un legislador de la oposición, quien desafió al gobernador a “retirar el Presupuesto si él quiere”,. Señaló que podrían votar la ley de leyes y la Fiscal, pero no el pedido de deuda. El punto es que en esa ley el gobernador incluyó un punto clave de la negociación: el preciado fondo para municipios.

Se trata del artículo que apuesta a la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, donde se establece que los alcaldes podrán usar “exclusivamente para inversión” -aunque el texto no define la inversión en qué- y no para gastos corrientes. El gobierno bonaerense propone que el 8 por ciento de los fondos obtenidos por endeudamiento sea destinado automáticamente al fondo, cuya distribución se realizará según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Eso genera dudas porque no hay previsibilidad sobre el monto concreto.

La Legislatura ya avisó que buscará que se trate de un monto fijo, con actualización por inflación y de uso libre para los intendentes. En la negociación de 2023 los intendentes lograron ese cometido. Desde la oposición señalaron a este medio que pretenden que el fondo, en lugar de estar atado a un posible endeudamiento, conste de dos masas salariales completas por los 135 municipios.

Es que hay intendentes totalmente desesperados porque la caída de la coparticipación los dejó con las cuentas más que complicadas. En los últimos diez días, varios municipios declararon la emergencia económica y plantearon recortes en horas extras, reducción de los salarios de la planta política y hasta el cierre temporal de un refugio de animales en General Madariaga ante la imposibilidad de sostener financieramente el espacio.

“Mientras por un lado no se le aprueba el presupuesto ni el financiamiento al gobernador, por mi despacho desfilan intendentes de todas las fuerzas políticas viniendo a pedirle asistencia al gobierno provincial. Yo lo único que les digo es que vayan y hablen con los legisladores que los representan si quieren asistencia, porque si no le aprueban el financiamiento el gobierno no puede ayudar a nadie”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. 

Por eso los jefes comunales miran con atención los movimientos en La Plata. Algunos de la oposición, como Ramiro Egüen o Maximiliano Suescun, salieron públicamente a pedir por la aprobación de los proyectos. Cabe recordar que el último paquete presupuestario aprobado en la Provincia fue el de 2023. Dos años con la “ley de leyes” prorrogada es más de lo que las arcas comunales pueden soportar. Incluso hubo intendentes de la oposición que llamaron a sus vecinos peronistas para consultar si podrían interceder ante el gobernador para que les arroje un salvavidas financiero.

Desde el sector kicillofista pusieron reparos a la idea de que sea un fondo fijo y valoraron que se pueda atar al endeudamiento, aunque reconocieron que quizás pueda ser un porcentaje mayor a los 8 puntos. “Si viene de arriba, agarramos hasta los rayos nosotros”, ironizó un intendente del conurbano durante la presentación del Presupuesto.

Con el peronismo en su laberinto y la oposición tratando de salvar la ropa antes del recambio legislativo, queda por delante al menos un mes de rosca intensa que, como cada negociación masiva de este estilo, terminará por resolverse en el tiempo de descuento. El reloj corre.