Del largo, y ecléctico, listado que la Argentina le reclama al Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar seriamente en un acuerdo de Facilidades Extendidas; Martín Guzmán quiere traer desde Venecia una sola confirmación. La bala con la que el ministro de Economía quiere hacer blanco (quizá la única en cuanto a las concesiones) es la de traer de la ciudad italiana la confirmación que el FMI acepta la reducción de las tasas de interés que se le debería cobrar al país por no haber cumplido en tiempo y forma con las condiciones del Stand By vigente; una alternativa que le permitiría a la argentina una reducción anual de 900 millones de dólares y de algo más de u$s9.000 millones en todo el acuerdo a 10 años.

La intención es que el costo se reduzca del 4,05% que se le debe aplicar al país por lo que se firmó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, a un 2,05%. Esto es la tasa mínima que el FMI puede aplicar en sus acuerdos con países que sostienen sus acuerdos financieros en situación de normalidad; y que, a los ojos del Fondo, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables. Obviamente Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la intención de Guzmán es lograr la masa crítica para que se apruebe aplicar al futuro acuerdo que negocia el país las tasa para los estados que tienen las cuentas en orden.

No es imposible, y el ministro podría obtener apoyo internacional que eventualmente se refleje en una votación en el board del FMI. Incluso el tema ya fue expuesto en mayo ante la directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu; sin que la norteamericana y el venezolano se espantaran con el pedido. Pero a todos les quedó en claro que una atribución de este tipo le excede al cuerpo técnico del FMI, y sólo podría lograrse a través de un voto mayoritario de un piso del 85% de los accionistas del Fondo. Esto es, los propios países que financian al organismo y que tienen a los Estados Unidos como aportante mayoritario con el 17% de los votos en el directorio.

Será tarea de la diplomacia política y económica local la de conseguir el voto norteamericano y el de la Unión Europea para el momento que el tema llegue al board (se supone hacia diciembre de este año o el primer bimestre del 2022). Antes Guzmán tiene que terminar de coordinar con los negociadores del Fondo que la reducción se efectivice y figure en la Carta de Intención que las partes deben comenzar a discutir de manera definitiva; lo que debería suceder en esta cumbre de Venecia.

La ciudad italiana será desde hoy la sede de la cumbre del G20, evento organizado para discutir la aplicación del impuesto de 15% a las multinacionales, y donde Guzmán irá como principal enviado del gobierno de Alberto Fernández. Hasta Venecia viajará también la directora gerenta del FMI, Kristalina Giorgieva, a quién Alberto Fernández le expuso la necesidad de reducir las tasas en el encuentro cara a cara que ambos mantuvieron en Roma en mayo pasado, durante la última gira del Presidente a Europa. En ese momento la dejó en claro que podría dar el guiño final; siempre que el resto del texto de la Carta de Intención esté dentro de los cánones vigentes. En otras palabras, el acuerdo debe ser a 10 años con metas financieras, monetarias, cambiarias y fiscales normales y en los términos de los Facilidades Extendidas clásicas del FMI.

El cálculo que deberá hacerse para mensurar lo importante que sería reducir las tasas de interés es el siguiente. El FMI le cobra al país por el Stand By firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 un 1,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el Ministerio de Economía que manejaba Nicolás Dujovne, y renovado cuando se extendió el acuerdo en julio de 2018.

Al no poder cumplir el país el primer Stand By firmado, y necesitar una renegociación de plazos y montos a otorgar, llegando al préstamo record del organismo financiero internacional, la entonces titular Christine Lagarde negoció llevar el crédito a unos u$s57.100 millones de los cuales se entregaron u$s54.000 millones hasta julio de 2019. En total el Stand By le costaba al país un tasa del 3,05% anual. Sin embargo, al no poder cumplir en tiempo y forma, automáticamente el FMI debe cobrar una tasa del 4,05% por los u$s44.500 millones que debe renegociar en un Facilidades Extendidas.

Lo que habló Alberto Fernández con Georgieva en la capital italiana es que esa tasa se reduzca a la mitad, que se elimine el sobrecosto del 2% por no poder cumplir con el pago en los términos y plazos determinados y el extra por haberse excedido el gobierno de Macri en el límite establecido por el organismo por la cuota que tiene Argentina ante el Fondo. Esto implicaría que la tasa final sería levemente superior al 2%. Más de la mitad de reducción que lo que se le cobraría a la Argentina en términos normales. En términos numéricos, en lugar de hasta más de 9.000 millones de dólares.

Por otro lado, un número inmensamente menor al 16/17% de interés que se le cobraría hoy a la Argentina si se le ocurriera salir al mercado voluntario de deuda soberana internacional. Suponen en el Ejecutivo que luego de confirmarse desde Washington esta potencial reducción, servirá también para plantear puertas adentro del Gobierno la conveniencia de avanzar en el acuerdo con el FMI.