El pago de los juicios a los jubilados amenaza las metas fiscales de los próximos tres años

El pago de los juicios a los jubilados amenaza las metas fiscales de los próximos tres años

El costo fiscal del proyecto de ley amenaza los objetivos fiscales del Gobierno de Macri y obliga a revisar el sistema jubilatorio.

La ley de reparación histórica a los jubilados que el ala política de la Casa Rosada le impuso a la Anses, no sólo amenaza la meta de reducción del déficit fiscal que fijo el Ministerio de Hacienda, sino que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, confirmaron a LPO especialistas en materia previsional . 

Es que la mejora de los haberes que propone la ley tiene un costo ligeramente superior al 1% del PBI, con un agravante: No especifica un flujo de ingresos que permita afrontar año tras año ese gasto por encima de las rentas financieras del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El tema esta generando preocupación en el Gobierno y fue motivo de la reunión que hoy tuvieron en Olivos el presidente Macri; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. Quintana está consolidando un poder creciente en el gabinete y ya controla la Anses, donde ubicó al frente del FGS a su socio, Luis María Blaquier.

La mejora que plantea la la ley de reparación histórica de los jubilados tiene un costo de un 1 por ciento del PBI que no llega a cubrirse con las rentas de la Anses y pone así en duda la sustentabilidad del sistema.

 

En el Gobierno son conscientes de este problema y por eso el proyecto, que el Gobierno quiere convertir en ley próximo 29 de junio, plantea un período de tres años para instrumentar una reforma estructural del sistema previsional.

El diputado Germán Cervantes del bloque del PJ de Diego Bossio, sostuvo en diálogo con LPO que la clave para el financiamiento del aumento de las jubilaciones y pensiones, consiste en ampliar la base de aportantes.

 

"Son aproximadamente 3,4 millones los trabajadores en negro que no están aportando al sistema. Si se los incorpora al trabajo registrado, no hace falta ni subir la edad jubilatoria ni aumentar las alícuotas de las cargas. Los que sostienen eso van por la fácil, lo importante es discutir cómo se incorporan los trabajadores no registrados y tenemos que hacerlo en estos tres años", agregó Cervantes a LPO.

 

Pero antes de esos tres años, afrontar el gasto ya pone contra las cuerdas las finanzas del Gobierno. Los datos revelados hoy por el Ministerio de Hacienda y Finanzas indican que en mayo el gasto en el rubro Prestaciones a la Seguridad Social fue el qué más subió (39,7% interanual) pese al esfuerzo por reducir el conjunto del gasto público.

 

Ayer, al hablar en el plenario de comisiones de Diputados que analizó la reforma, Quintana reconoció que “se realizarán pagos adicionales a jubilados por más de 75 mil millones de pesos por año”, lo que implica “más del 1 por ciento del PBI”.

"En realidad, $750.000 millones es el stock de sentencias a pagar. Hay 250 mil jubilados con reclamos judiciales, 50 mil con fallo firme y 200 mil que aun no tienen fallo firme pero con todo para ganar. Los fallos son de $300.000 en promedio, lo que arroja un total de $750.000 mil millones", aclaró a LPO el economista Javier Milei.

El proyecto de ley para 2016 contempla un blanqueo de capitales que promete ingresos adicionales con los que enfrentar el aumento del gasto en jubilaciones y pensiones que "alcanzará a 2,4 millones de beneficiarios, de los cuales sesenta mil ya tienen sentencia firme, 300 mil tienen acciones judiciales en proceso y más de dos millones no iniciaron acción judicial ninguna, pero les asiste el derecho", detalló Quintana.

 

Pero tampoco se puede estimar el resultado del blanqueo, según afirmó a LPO el propio secretario de Finanzas, Luis Caputo.

 

Y si bien el proyecto de ley dispone cubrir lo que falte para aumentos y pago de sentencias con las rentas del FGS , lo cierto es que los resultados del fondo en mayo no alcanzaron a cubrir las erogaciones del Banco Central y el resultado financiero fue deficitario por casi $24.000 millones.

El Gobierno plantea pagar el aumento de las jubilaciones y los juicios con la renta del FGS, pero el Tesoro se está financiando en parte con esas utilidades, por lo que le metió más presión al déficit.

 

Entonces, al comprometer los ingresos del FGS, el Tesoro se queda sin una de sus fuentes de ingresos, incrementando la presión del rubro Prestaciones a la Seguridad Social sobre el total del déficit fiscal primario.

"Los 250 mil jubilados con sentencias firmes o casi tiene haberes promedio de $10.000 y recibirán un 45% de ajuste, mientas que hay otros 2,2 millones de jubilados sin litigios pero con haberles mal liquidados que en promedio son de $7.000 y cuyo ajuste será del 35%, con lo cual a partir de ahora se necesita un flujo de un$87.000 millones anuales, o 1,2% del PBI para afrontar el pago", estimó Milei.

 

De manera que esta suba de más de un punto porcentual al gasto, se choca de frente con la promesa del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, de bajar el déficit fiscal un punto porcentual hasta llevarlo al 4,8% del PBI en 2016 y al 3,3% del PBI en 2017 y al 1,8% en 2018.

 

Los más optimistas creen que Prat Gay logrará cerrar ajustadamente el déficit fiscal al 4,8% del PBI este año, pero descreen que sin ingresos extraordinarios en los años venideros -como los que aportará en 2016 el blanqueo-, las demás metas fiscales sean acequibles. "Según nuestras proyecciones, el reconocimiento a los jubilados podría llegar a tener un impacto fiscal equivalente a 1,1% del PIB en 2017 y 1,5% en 2018", anticipó la Consultora Economía & Regiones que dirigía el ministro Rogelio Frigerio y que ahora suele ser llamativamente críticade la gestión de su colega de gabinete.

Lo concreto es que este proyecto obliga a reducir gastos por otros 2,5 puntos del PIB o subir la recaudación en un monto similar, para mantener vigentes las metas de reducción del déficit.

Consultados sobre de donde saldrán los recursos para hacer frente a este aumento del gasto, en la Anses respondieron a LPO que el organismo "está en rojo desde hace 3 años a raíz de las incorporaciones no previstas de beneficiarios. El Tesoro termina socorriendo a la Anses, es un tema de la AFIP y de Hacienda, no nuestro", subrayaron. Hacienda, por su parte, se abstuvo de dar respuestas.

"Es incompatible. Los números de FIEL estimaron  que el costo fiscal de este proyecto este año será del 0,8% del PBI porque el ajuste ya no se hizo en la primera mitad del año, del 1,4% del PBI para 2017 y del 1,7% para el siguiente. Esto va a hacer difícil que cumplan con la meta de este año de 4,8%, pero la del año que viene es sencillamente incompatible. Necesitarían una fuerte política fiscal expansiva que no es de gasto público, sino de baja de impuestos para que el dinero quede en mano del sector privado, para que hagan despegar la actividad. Pero no lo van a hacer. Es un error de diseño de política económica", aseveró tajante Milei.

El economista agregó que "el problema es que el sistema jubilatorio está quebrado. La población económicamente activa es de 18,5 millones de personas, de los cuales 1,5 millones son desempleados, 4 millones son empleados públicos, 9 millones son trabajadores del sector privado en blanco y 4 millones están en negro. Y tenemos 7 millones de jubilados de los cuales 3 millones no tienen los aportes correspondientes. Con esas incorporaciones, Cristina quebró el sistema. Hoy para poder pagar el 82% necesitás cuatro aportantes por jubilados y no llegamos a dos, estamos en 1,85. Y si se incorporaran todos los trabajadores en negro, igual no llegamos a tres, nos quedamos en 2,43. Así, los números no cierran y volvemos sobre las opciones de estirar la edad jubilatoria o no pagar el 82% móvil", concluyó Milei.

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