Por

Eugenia Rodríguez

Desde la asunción de Javier Milei, los grandes grupos económicos se consolidaron como un actor clave en la disputa por el rumbo económico. Lejos de ocupar un lugar pasivo, las principales elites empresarias desplegaron una estrategia activa de apoyos, matices y condiciones frente al programa libertario. En un escenario en el que el oficialismo buscará avanzar a fondo con la reforma laboral, previsional y fiscal, la elite empresarial juega un papel clave, marca la cancha del proyecto oficial y hasta los límites reales a los cambios que el Gobierno promete impulsar.

La pregunta de fondo no es solo si el empresariado respalda o no las reformas que promueve la Casa Rosada, sino cómo, en qué condiciones y a favor de qué intereses. Detrás del apoyo mayoritario a iniciativas como la Ley Bases, el RIGI, la reforma laboral o la desregulación económica, se despliega un entramado de negociaciones, disputas sectoriales y demandas específicas que revelan tensiones más profundas sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y la distribución de costos y beneficios entre capital, trabajo y políticas públicas.

La intervención de la elite corporativa -que se intensifica en coyunturas críticas como los debates legislativos y las negociaciones internacionales- funciona como un termómetro de la relación entre el Gobierno y los actores económicos más influyentes del país. 

A la medida de ciertos intereses

La elite empresarial interviene de manera activa en la discusión del rumbo económico y en la orientación de las principales políticas públicas del gobierno de Javier Milei. Esa influencia se expresa a través del lobby, la visibilidad mediática y el diálogo directo con el poder político, y se intensifica en momentos clave del proceso de reformas, como el que promete el gobierno para este 2026.

Así lo reveló un informe del centro CITRA (UMET–CONICET), que analizó el posicionamiento de las principales corporaciones empresarias frente a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno. El estudio da cuenta de “una dinámica marcada por apoyos mayoritarios pero condicionados, divergencias sectoriales y una participación activa en la gobernabilidad de los cambios propuestos”.

La mayoría de las entidades empresarias respaldó iniciativas como la Ley Bases, el RIGI, la apertura comercial y los acuerdos internacionales. Sin embargo, ese apoyo estuvo atravesado por condiciones concretas: demandas de beneficios fiscales, reclamos de financiamiento y advertencias sobre los costos productivos. Según el informe, “la participación empresarial se intensificó en momentos clave como el debate legislativo, la negociación internacional y la definición de políticas estratégicas, evidenciando su capacidad para incidir en la orientación y el alcance de las reformas”.

El relevamiento puso el foco en las corporaciones que integran el Grupo de los 6 (G6) —ADEBA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, CAC, CAMARCO, SRA y UIA—, así como en la ABA (banca extranjera), la AEA (multisectorial de grandes empresarios), la AMCHAM (empresas estadounidenses) y la CIARA-CEC (industria aceitera y exportadora). Se trata de actores con alta capacidad de lobby, acceso directo a las áreas clave del Gobierno y fuerte presencia en el debate público.

Sus posicionamientos no se limitan a demandas coyunturales, sino que expresan disputas más profundas sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y la relación capital, trabajo y política pública por lo que “la elite corporativa actúa como promotora y, al mismo tiempo, como condicionante de los cambios estructurales”, destacaron.

Las especialistas Ana Castellani, Marina Dossi y Julia Gentile identificaron tres grandes planteos frente a las reformas. Por un lado, corporaciones “alineadas” como la UIA, la CAC y AMCHAM, que expresaron un apoyo explícito y sostenido a las reformas laboral y fiscal. En segundo lugar, corporaciones “críticas o ambivalentes”, como ADEBA y AEA, que adoptaron posturas más cautelosas o directamente críticas en algunos puntos específicos. Finalmente, un grupo intermedio -integrado por la SRA, CIARA-CEC, CAMARCO, la Bolsa de Comercio y la ABA- acompañó el rumbo general, aunque introduciendo condiciones y prioridades sectoriales (como la rebaja de los derechos de exportación).

En un escenario en el que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) buscará avanzar a fondo con la reforma laboral y previsional, el informe subrayó que “la elite corporativa argentina se ha consolidado como un actor central en la gobernabilidad de las reformas estructurales, articulando intereses sectoriales y generales, y ejerciendo influencia mediante el lobby y la visibilidad mediática”. Su intervención, lejos de ser homogénea o permanente, se concentra en coyunturas críticas, funcionando como un termómetro de la relación entre el Gobierno y los actores económicos más influyentes.

¿Cuándo hablan y cuándo callan? 

Lejos de intervenir de manera permanente, las corporaciones empresarias eligen cuidadosamente cuándo hacer oír su voz. Según el informe de CITRA, su visibilidad pública aumenta cuando las reformas afectan directamente sus intereses o cuando la coyuntura política exige un posicionamiento explícito a favor de la gestión de turno.

Dicha dinámica puede organizarse en tres fases. Una etapa inicial, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, que estuvo marcada por un apoyo rápido y explícito al nuevo gobierno, con pronunciamientos favorables al DNU 70/2023 y a la Ley Bases, especialmente por parte de la UIA y la CAC, que celebraron la “simplificación” normativa y los cambios en materia laboral. La segunda fase, de consolidación legislativa (abril–julio de 2024), concentró la atención en la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. En ese período se reforzó el respaldo empresario en nombre de la “previsibilidad institucional”, aunque comenzaron a emerger críticas vinculadas a la “falta de profundidad” de algunas reformas. Finalmente, en la fase de implementación (agosto de 2024–octubre de 2025), el foco se desplazó hacia la microeconomía y la presión tributaria subnacional, con pronunciamientos críticos de la ABA y la CAC frente a impuestos provinciales y municipales, y con la SRA insistiendo en la eliminación de las retenciones.

En definitiva, el debate en torno a la reforma laboral, la previsional y la reorganización del Estado expone con claridad el lugar que ocupan los grupos económicos en el esquema de poder actual en la medida en que los principales grupos empresarios acompañan el rumbo general mientras negocian condiciones. En ese juego de respaldos selectivos y exigencias concretas se definen no solo el alcance real de las reformas, sino también el modelo económico que comienza a tomar forma: uno donde las transformaciones avanzan en la medida en que logran alinearse con los intereses del poder económico organizado.