La oposición exigió que el conflicto de interés se regule por ley y no por decreto

La oposición exigió que el conflicto de interés se regule por ley y no por decreto

El PJ y el kirchnerismo quieren modificar la norma de ética pública; harán hoy un planteo al jefe de Gabinete

 

Por más que el Gobierno intente acallar la polémica que generan los casos de conflictos de intereses que salpican al presidente Mauricio Macri , la oposición (ya en campaña electoral) no le dará el gusto. Ayer los planteos se escucharon en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Hoy se repetirán, más estridentes, en el recinto, donde el jefe de Gabinete dará su habitual informe de gestión.

El kirchnerismo será el ariete y las demás vertientes peronistas se sumarán a la embestida. El oficialismo no se quedará atrás: les achacará la relación turbia entre el gobierno kirchnerista y Lázaro Báez, devenido de buenas a primeras en un empresario millonario de la obra pública. Ya lo anticiparon en la Jefatura de Gabinete: frente al peronismo, Marcos Peña dejará toda cordialidad de lado. La campaña electoral ya empezó.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales se vivió ayer un pequeño anticipo de lo que se verá hoy. Recién impresos en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete exhibirá los dos decretos que prometió el presidente Macri para regular los conflictos de intereses en el Poder Ejecutivo. Con este gesto, el Gobierno pretende poner punto final a la polémica que generaron el acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri por el Correo Argentino, y las suspicacias que desató el otorgamiento de rutas aéreas a Avianca, empresa también relacionada a aquel grupo empresario.

Pero los opositores machacarán con el tema.

"El Gobierno anuncia dos decretos para regular los conflictos de intereses cuando se trata de una competencia clara del Congreso. Es un atropello. Pedimos que el Presidente suspenda la firma de esos decretos hasta tanto avancemos con una nueva ley", reclamó el diputado kirchnerista Guillermo Carmona.

El presidente de la comisión, Pablo Tonelli (Pro), rechazó el planteo. "No se preocupe, diputado, el Poder Ejecutivo no va a avanzar sobre las atribuciones del Congreso", respondió con voz calma, y explicó que ambos decretos son regulaciones internas del ámbito administrativo. "El Gobierno es perfectamente competente para ello", insistió Tonelli.

Pero estaba en minoría. Acto seguido, el salteño Pablo Kosiner (bloque Justicialista) insistió en la necesidad de una ley.

"El conflicto de intereses debe ser regulado por la ley de ética pública. No puede un decreto simple modificar aspectos que corresponden a una ley", enfatizó. "Es más, el propio oficialismo presentó proyectos para que esta modificación sea por ley", aguijoneó.

Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño concedió que el Poder Ejecutivo tiene facultades para emitir un decreto regulatorio, pero reclamó garantías para que, paralelamente, se avance en una nueva ley de ética pública. Los oficialistas miraron para el costado.

"En el fondo no quieren una ley. El decreto podrá ser un gesto, pero es insuficiente. Un decreto no puede imponer penas. Y aquí lo que hace falta es que se sancione a los funcionarios que violen las normas sobre ética", despotricó.

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