Máximo Kirchner aceptó demorar la sanción de la ley del impuesto a la riqueza hasta que Martín Guzmán envíe la reforma tributaria y el nuevo índice de movilidad jubilatoria, que prometió para septiembre pero continúa debatiendo con la titular de la Anses Fernanda Raverta.

Según supo LPO, está definido que la fórmula vuelva al índice de 2008, esta vez combinando la recaudación previsional en un 30% con el 70% de la variación salarial, pero ante la presión de Cambiemos algunos sectores del Gobierno sugieren que al menos las jubilaciones mínimas tengan un ajuste por inflación.

Guzmán se resiste y la semana que viene las distintas alternativas serán evaluadas en la bicameral mixta sobre la movilidad previsional, presidida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto. Durante su exposicón en el Senado el secretario de política económica Raúl Rigo reconoció que el presupuesto 2021 se elaboró con "tres fórmulas posibles", o sea, no hay todavía consenso interno para definir una.

En en el Congreso creen que el costo político será mínimo si se enfoca bien el debate. "Cambiemos dirá que se pierde porque no se contempla inflación récord de 55% en 2019, pero lo cierto es que a ese año se llegó atrasado por no haber tomado la recaudación por dos años", señalan en el bloque oficialista.  

La fórmula será un dato clave porque el gasto previsional es el principal del presupuesto. Para financiarlo, Guzmán prometió una reforma tributaria que nunca llegó y Máximo y Sergio Massa esperan para los próximos días, antes o después de conocer el índice de movilidad previsional. 

El Gobierno dictaminó el impuesto a la riqueza y exceptúa a los no residentes con inversiones en el país 

 Cuando se trate en el recinto, la tratarán junto al aporte solidario a contribuyentes con patrimonios mayores a 200 millones de pesos, mal llamado impuesto a la riqueza, un proyecto prometido por el jefe del oficialismo en abril que finalmente presentó en agosto y dictaminó a fines de septiembre.

Esperó que Guzmán finalizara el canje de la deuda en default y ahora aguardaría su reforma tributaria, para que no colisione con una suba impositiva. El "aporte" contemplará 307 mil millones de pesos por única vez, el 1.1% del PIB, pero tal vez deba retocarse en el recinto si choca con los nuevos gravámenes. 

El nuevo diseño impositivo modificaría la ley aprobada en 2017, que contempló bajas progresivas de ganancias con reemplazos por impuestos a la propiedad, pero la crisis financiera impidió materializar. 

No es la única norma de aquellos días que se corrige por estas horas en la Rosada: Guzmán y el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro preparan un nuevo consenso fiscal, que no es otra cosa que la renovación del firmado por los gobernadores y Mauricio Macri con menos obligaciones.

Los mandatarios suspendieron gran parte a los pocos días de haber asumido Alberto Fernández y van por otro postergación anual, para que de esa manera no deban bajar impuestos locales y ceder la recaudación. 

Massa le pidió a Alberto que prorrogue las sesiones ordinarias durante el verano para que no haya premura en tratar todas las leyes antes del 30 de noviembre, pero para esa fecha deberá renovar el protocolo de sesiones remotas, que en Diputados permite a un bloque reclamar presenciales cuando lo disponga. Cambiemos la pidió para el presupuesto y la tuvo y la reclamó para cuando se vote el impuesto a la riqueza.

Hay otros dos proyectos de Guzmán para promover la construcción, que están a la espera de un plenario de comisiones. Uno aporta beneficios fiscales, como la eximición de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

También propone que las transacciones inmobiliarias paguen impuestos al momento de percibir los ingresos por la inversión y se adecúe el monto imponible a su evolución en términos reales. Y dispone que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas paguen un solo impuesto.

El otro proyecto crea una sociedad hipotecaria para administrar los nuevos créditos hipotecarios, que tendrán una cobertura de cuota ante descalces entre salarios e inflación; y resguarda el capital prestado, brindando incentivos a los bancos e inversores.

La espera del Senado 

La agenda de Diputados tendrá en los últimos meses los proyectos que envió el Senado y duermen en cajones, como la reforma judicial, que Massa confía en negociar con la oposición. El viernes comenzará a tratarse la ley de etiquetado frontal, pero podría tener cambios y volver al Senado: algunas alimenticias habrían hecho sentir la amenaza de mudar sus plantas a Brasil.

Otros proyectos no tienen fecha de tratamiento, como la baja de coparticipación a la Ciudad, aprobado hace un mes en el Senado. Esa Cámara devolvió la ley para postergar las quiebras de empresas con modificaciones, por ahora paralizada. Tampoco se trató nunca la ley para crear una bicameral que investigue la quiebra de Vicentin y su deuda con el Banco Nación. Hay otros temas que serán ley como el combate al grooming.