Cristina Kirchner continúa decidida a buscar la salida del procurador interino Eduardo Casal y una de las últimas alternativas que evalúan sus operadores judiciales es reemplazarlo por el fiscal general de una provincia, como establece la última ley del Ministerio Público. Pero se encuentran con un problema no menor: el único jefe de distrito nombrado durante su vigencia es el salteño Eduardo Villalba y no pasa el filtro de la vicepresidenta. 

"No podemos nombrar a alguien que no conocemos bien para que se quede por tiempo indefinido", explicaron a LPO y anticiparon que volverán a la carga para exigir una nueva composición del Tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público e intentar una mayoría que juzgue a Casal por mal desempeño y le marque el camino de salida. 

Villalba se convirtió en expositor habitual de las reuniones de la bicameral de implementación del Código Procesal Penal, porque Salta es una de las primeras provincias en aplicarlo y darle más poder a los fiscales en la investigación. 

Casal le tomó juramento por zoom en noviembre pero su nominación surgió en tiempos en que el ex senador peronista Rodolfo Urtubey presidía la Comisión de Acuerdos y digitaba las designaciones en la justicia junto a los emisarios judiciales de Mauricio Macri. Sólo por ese recuerdo, en el Gobierno nadie se atreve a empoderarlo como jefe de todos los fiscales del país. 

Y el resto de los fiscales generales fueron nombrados con la anterior ley, la misma que usó Casal para quedarse como procurador interino cuando renunció Alejandra Gils Carbó, por ser el funcionario del Ministerio Público Fiscal con mayor antigüedad.

En realidad, en el Gobierno ni siquiera encontraron un documento que justifique su reemplazo, sino una firma de Gils Carbó para dejarlo a cargo cuando partió de vacaciones. Como renunció al volver, Casal quedó como amo y señor del edificio pese a que el artículo 12 de la ley que regula su funcionamiento no lo reconoce como tal.

Señala que "en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia del procurador general, las funciones y atribuciones serán ejercidas por un fiscal coordinador de distrito" y aclara que, ante la falta de designación, intervendrá "el que más antigüedad tenga en el cargo".

En agosto, durante una sesión de la bicameral que monitorea al Ministerio Público, el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo advirtió que no tolerará tan fácil que Casal de un paso al costado por presión política.  

"Ningún fiscal de distrito fue nombrado conforme a la ley", advirtió sobre un posible sucesor. Villalba sería la excepción, pero no convence y no será fácil que aparezca algún otro, porque mientras Casal ocupe el sillón principal de la procuración tendrá los resortes necesarios para frenar los concursos. 

Así las cosas, el interino brindó el 31 de diciembre feliz por haber resistido seis meses de embates del kirchnerismo para forzar su salida. Le recriminan haber maniobrado para que no sea juzgado por mal desempeño el fiscal Carlos Stornelli, pese a estar procesado en la causa de espionaje ilegal que investigó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. 

Stornelli fue protagonista de la mayoría de las causas por corrupción contra Cristina y ni siquiera cuando faltó 8 veces a declarar a la justicia fue citado por el Tribunal que funciona bajo al órbita del Ministerio Público para revisar la conducta de fiscales y se activa sólo por orden del procurador de turno.

Convertido en un rehén de la grieta política, en agosto, cuando supo que iban por él tras no encontrar los dos tercios del Senado para nombrar en su lugar a Daniel Rafecas, Casal pidió protección al ex presidente Mauricio Macri, la encontró, pero no fue gratis.

De inmediato, instruyó un sumario contra la fiscal Gabriela Boquín por su dictamen contra el acuerdo firmado por Macri y su empresa familiar en 2016, para fijar un plan de pagos en el juicio por la concesión del Correo Argentino. Lo consideró abusivo y obligó al entonces jefe de Estado a dar macha atrás.

Notificada del sumario, Boquín se conectó a la bicameral del Ministerio Público y denunció presiones de Casal a sus empleados para declarar en contra. Y así la disputa táctica entre los emisarios de Cristina y Macri tomó volumen y no terminó nunca. 

En noviembre, la vicepresidenta logró que el Senado aprobara una reforma del Ministerio Público que terminaría con el interinato sin fin de Casal, permitiría nombrar a un sucesor con la mayoría que el oficialismo tiene en esa Cámara, pero le quitaría mucho poder: tendría un mandato de cinco años y un margen acotado para pisar juicios contra los fiscales.

La ley no encuentra consenso en Diputados, porque ni el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti ni Roberto Lavagna quieren exponer a sus referentes. Sin ellos, el Frente de Todos no alcanza la mayoría al menos hasta las elecciones de octubre, cuando intentará llegar al quórum propio con triunfos en Buenos Aires y en las provincias del norte.

Mientras tanto, sin chances de llegar a los dos tercios necesarios para un juicio político, el único camino para echar a Casal que evalúan en el kirchnerismo es aplicarle un jury como funcionario del Ministerio Público, por no haber sido nombrado nunca como procurador. 

Necesitan una mayoría en el Tribunal y para lograrla pidieron nuevos sorteos de los dos fiscales que la integran y la salida de la representante del Colegio de Abogados de Capital Federal, Adriana Donato, por desempeñarse en paralelo como secretaria de la Fiscalía en el Cuerpo de Asesores de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Juan Bautista Mahíques. 

En el oficialismo creen que fue nombrada por gestiones de Daniel Angelici para que no ceda a la presión, pero consideran que no es compatible las dos funciones simultáneas. 

En la última reunión de la bicameral de Ministerio Público, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade anunció que pediría explicaciones y así lo hizo: el 18 de enero le envió una nota a su presidente, el senador oficialista Martín Doñate, en la que denuncia una incompatibilidad de Donato y exige su rápida sustitución. 

Casal está dispuesto a sostenerla y mientras tanto juega su partido: esta semana le recomendó a la Corte Suprema rechazar un recurso presentado por Milagro Sala para revisar una pena de dos años de prisión efectiva por amenazas. No teme ninguna represalia. Está dispuesto a resistir.