Nelson Periotti estaba indignado al defenderse ante la Justicia. El ex titular de Vialidad Nacional se presentó ayer ante el juez federal Julián Ercolini, quien lo investiga por favorecer a Lázaro Báez en la entrega de obras públicas en Santa Cruz, y por escrito, sin contestar preguntas, rechazó las acusaciones, denunció que los fiscales están movidos por intereses políticos y mediáticos y deslindó su responsabilidad en la Dirección de Vialidad de esa provincia.

"La mayor parte de las imputaciones que aquí se realizan tienen que ver con aspectos que son competencia de la Administración General de Vialidad provincial, no de la nacional, salvo en lo que tiene que ver con la supervisión y con el pago. En lo referente a la supervisión, tanto las auditorías realizadas como las declaraciones testimoniales recibidas indican que ella era suficiente", dijo el funcionario, mirando para abajo en la cadena de responsabilidades.

No obstante el tono de su escrito es de indignación: "Mi trayectoria en la función pública estuvo siempre signada por la honestidad y la transparencia, resultando completamente falsas e indignantes las imputaciones que aquí se me formulan. Jamás participé, como se afirma, de ninguna maniobra para perjudicar al Estado" sostuvo, con la asistencia de sus abogados Marcelo Sgro y Fernando Díaz Cantón.

Periotti se defendió contestando la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y buscó restarle peso a los testimonios que se recogieron en su contra.

Periotti dijo que Vialidad Nacional descentralizaba las obras en Vialidad provincial. Integrante del riñón patagónico del anterior gobierno, el ex funcionario fue intendente de Río Turbio, diputado, director de Vialidad provincial y de Vialidad Nacional cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Es para los fiscales uno de los funcionarios exportados de la provincia a la Nación para concretar la maniobra por la que ya fue indagada es Cristina Kirchner.

Para defenderse, atacó también la denuncia del actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Dijo que la acusación estaba hecha a las apuradas, era inconsistente, con contradicciones y basada en un supuesto testigo protegido al que descalificó.

El ex funcionario reveló irregularidades. "Jamás participé ni supe de ningún «favorecimiento» a través del supuesto direccionamiento de licitaciones", sostuvo y recalcó: "Jamás hice prevalecer el interés personal de los ex presidentes, ni tuve responsabilidad alguna en supuestos sobreprecios".

En el final del escrito, el ingeniero solicitó al juez que dicte su falta de mérito, como paso previo al sobreseimiento. Periotti pasó menos de una hora en el juzgado.

"La provincia de Santa Cruz no ha tenido más obras viales que el resto de las provincias", dijo y de nuevo -al igual que Cristina Kirchner- pidió mirar todo el contexto del país. Reconoció que la tarea de auditar desde Vialidad Nacional las obras provinciales consistía en revisar que "los pasos formales estuvieran cumplidos" y no había "un control sustantivo".

Justificó que las obras en una provincia se concentraran en un solo empresario porque los empresarios locales pueden ofrecer menores costos y porque se les pide que oferten a aquellos que tiene experiencia previa, en particular en la Patagonia, debido a las condiciones meterológicas imperantes en la región.

"Los tiempos y los costos de estas obras patagónicas son especiales", dijo. Y enumeró que en el invierno la obra se para e igual hay que mantener los obradores y pagar a los trabajadores, a lo que se suma un costo laboral mayor, por las distancias que deben recorrer. Sostuvo, además, que las modalidades de pronto pago y pago anticipado no eran especiales sino que estaban al alcanza de todos los contratistas.

Revés para el kirchnerismo

El kirchnerismo fracasó en su intención de conseguir jueces cercanos para evitar reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó el pedido de Héctor Timerman para que se aparten los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Alegó que estaban inhibidos en el caso AMIA y sus conexos. Pero ellos aclararon los límites de sus inhibiciones.