Por Laura Serra

En cumplimiento del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán, actualizó la semana pasada el presupuesto 2022 y subió el gasto público en poco más de $5500 millones (51,3%). Sin embargo, en la distribución de los recursos algunas jurisdicciones fueron claramente favorecidas, como los subsidios energéticos y los fondos que se destinan a la provincia de Buenos Aires. Otras, por el contrario, quedaron más rezagadas, como los planes sociales y las obras públicas.

El miércoles pasado, el Gobierno dictó el decreto 331/2022 con el propósito de ajustar las partidas a la nueva realidad inflacionaria que, según estima el Ministerio de Economía, se ubicará en un rango entre el 52 y 62%. Empero, en el decreto se observan rubros que sobrepasan largamente esa inflación promedio. Es el caso de los subsidios energéticos: según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el programa de asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A (IEASA), dedicada a la exploración, transporte y distribución y comercialización de petróleo, gas y energía eléctrica, recibirá un incremento hasta fin de año del 114% ($161,9 mil millones) respecto del crédito vigente. Es la firma que protagoniza la polémica por el paralizado gasoducto Néstor Kirchner.

En tanto, las transferencias destinadas a Cammesa (la empresa estatal mayorista de electricidad) tendrá un refuerzo de $459.000 millones, un 65% de suba respecto de la partida inicial. Ergo, entre los refuerzos presupuestarios a IEASA y a Cammesa, el Estado erogará en subsidios energéticos casi $1,5 billones este año, es decir, la friolera de 12.000 millones de dólares. Para tener real dimensión de lo que esta erogación implica basta señalar que lo que el Estado gasta solo en subsidios equivale a dos veces el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social, una de las jurisdicciones más importantes en términos sociales y presupuestarios.

Con semejante drenaje de divisas a subsidiar la energía que el ministro Guzmán sinceró en el decreto, difícilmente el Gobierno logre cumplir con el compromiso con el FMI de reducir el monto de los subsidios en un 0,6 punto del PBI por más segmentación de tarifas que se instrumente. Atado a ello, alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal primario a 2,5 puntos del PBI será una tarea por demás titánica.

 

Otro gran favorecido por la nueva inyección de fondos presupuestarios es el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof. En efecto, según el informe de ASAP el Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado especialmente para la provincia en 2020 recibirá un refuerzo de $46.433 millones, un 80% de suba respecto del crédito vigente. Así las cosas, solo por este programa Kicillof recibirá $104.000 millones anuales, sin contar las demás transferencias discrecionales que percibe por fuera de la coparticipación.

Otro de los rubros que debió recibir un importante incremento presupuestario fueron las partidas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, básicamente para atender el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Un refuerzo necesario, pues sus partidas venían demostrando una ejecución por encima del promedio a esta altura del año debido a las últimas actualizaciones de haberes y bonos otorgados a sus beneficiarios por el avance de la inflación. De acuerdo al informe de ASAP el incremento para la Anses es de casi el 55% respecto del crédito inicial.

En resumidas cuentas, con últimas las modificaciones presupuestarias que instrumentó Guzmán el rojo fiscal, lejos de revertirse, se profundiza. Según ASAP, el DNU autorizó un incremento en el cálculo de recursos por $4.357.206,5 millones y un aumento de gastos por $5.567.988,4 millones. “Esto determina una desmejora en el resultado financiero de la Administración Pública Nacional de $1.210.781,9 millones”, detalla ASAP.

En promedio, el gasto público aumentó un 51,3%, pero hay programas que quedaron lejos de ese parámetro medio. Es el caso del programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, un enclave del Movimiento Evita conducido por su líder Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, aliado al presidente Alberto Fernández y hombre que está lejos de las simpatías de Cristina y Máximo Kirchner. El Potenciar Trabajo tenía una asignación de $227 mil millones y, con este nuevo DNU, recibirá otros $77.617 millones, un 34% de aumento.

El programa Políticas Alimentarias también fue beneficiado con un refuerzo, pero muy lejos del promedio general. En efecto, esta partida contaba con una asignación de $248.739 millones y recibirá otros 47.021 millones según ASAP: apenas un 19% de incremento.

El Ministerio de Educación fue uno de los grandes beneficiarios con el nuevo DNU presupuestario: recibirá un 93,6% de aumento en su partida, con lo que su asignación anual será de $965.370 millones. Buena parte de este refuerzo se destinará a la Educación Superior, a financiar las becas del Plan Progresar y al Fondo de Incentivo Docente. Sin embargo, si se observa el ritmo de gasto de las distintas partidas del ministerio que conduce Jaime Perczyk se observan notorias y llamativas subejecuciones en lo que va del año. De acuerdo a la página oficial que difunde el Ministerio de Economía, el programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” sólo gastó hasta ahora el 27,6% de su presupuesto; idéntico porcentaje erogó el programa “Infraestructura y Equipamiento”. En tanto, el Plan Federal Juana Manso, dedicado al reparto de computadoras a estudiantes de todo el país sólo ejecutó hasta ahora el 42,4% de su partida.

Las subejecuciones en el presupuesto no se limitan al Ministerio de Educación sino que, por el contrario, se generalizan en numerosas jurisdicciones. Es el caso del Ministerio de Salud, que conduce Carla Vizzotti: el programa “Prevencion y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles” gastó hasta ahora el 41% de su asignación; el de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”, el 27,5% de su partida, mientras que el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, el 21,5%.

Las obras públicas también están a la cola en la asignación presupuestaria y su ejecución. En el último DNU, el ministerio que conduce Gabriel Katopodis recibió apenas un refuerzo del 19% (unos $67 mil millones extra), uno de los más bajos del ránking. Al interior de los programas que componen este ministerio se observa que una de sus partidas más abultadas, el programa “Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Publicas” sólo consumió el 26,5% de su presupuesto anual. En tanto, el programa “Infraestructura de Obras de Transporte” gastó apenas el 24,9% en lo que va del año. Por otra parte, la Dirección Nacional de Vialidad y su programa más importante, “Construcción de Autopistas y Autovías” lleva gastado el 49,72% de su presupuesto. Muy alejado del promedio de ejecución del gasto a esta altura del año que, según la información oficial, ronda casi el 55%.