Por: Tatiana Scorciapino

@Tatiscorciapino

Cuando el calor del manto de la Tierra eleva sus temperaturas, se genera un fenómeno físico que pone en movimiento las placas tectónicas del globo y pueden, en muchos casos, generar catástrofes naturales como terremotos y tsunamis que arrasan todo a su paso. En las últimas semanas, con cada vez menos silencio, los movimientos de la justicia nacional empezaron a hacer eco en el gobierno de Javier Milei, que intenta hacer equilibrio entre las demandas del círculo rojo, la familia judicial y sus propias ambiciones de reelección.

Esta semana, el juez Martín Cormick firmó un fallo con el que obliga al gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una demanda que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsa desde hace más de dos años. La disposición del titular del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 11 llegó apenas días después de que la Corte Suprema de Justicia no hiciera lugar a la cautelar presentada por un centro de ex combatientes de Malvinas y habilitase nuevamente la derogación de la Ley de Tierras, instancia que obligó a las espadas legislativas de la gestión a negociar la introducción de mínimos impedimentos para el acceso de la compra de tierra en manos de extranjeros a cambio de blindar el DNU 70/2023.

Este lunes, la diputada nacional Virginia Gallardo presentó un proyecto de ley para modificar de manera parcial el Código Penal con la que pretende eliminar la prescripción para delitos sancionados con prisión perpetua y aumentar las penas para ciertos delitos, con foco en los relacionados al abuso sexual. La iniciativa de la correntina estuvo avalada por la mesa política que preside Karina Milei y contó con el apoyo parlamentario de Martín Menem y el radicalismo. Aunque todavía no tiene fecha de tratamiento, la circulación de la noticia llamó la atención en varios despachos de Tribunales.

Las universidades marcharon para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento.Foto: Edgardo Gómez@jedgardogomez

Como adelantó en exclusiva este medio, la modificación del Código Penal es una iniciativa que el gobierno tiene entre su lista de tareas desde los tiempos en los que Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio custodiaban el Ministerio de Justicia. Por ese entonces, varios jueces e intelectuales de la justicia fueron convocados para la redacción del nuevo código que, pese a su presentación, aún no tuvo avances parlamentarios. En ese marco, los integrantes de la hazaña crearon un grupo de Whatsapp desde el que se acordaban cambios en la redacción y coordinaciones menores de ejecución. Según confiaron algunos integrantes del mismo a este diario, aquel chat se mantuvo inactivo por varios meses, hasta esta semana.

“Si Virginia Gallardo me saca la redacción del Código Penal, me mato”, bromeó con preocupación uno de los miembros del chat. “Si ella escribe el código, yo me voy al Bailando por un Sueño”, dijo otro. Aunque decidieron tomarse el trago con humor, lo cierto es que este último movimiento generó un incipiente malestar en un sector del mundo judicial. En este sentido, si bien destacan la gestión de Mahiques y reconocen su predisposición para completar las más de trescientas vacantes que la justicia tuvo por años, hay una preocupación aún más grande dentro de este grupo: la Corte Suprema de Justicia.

Con la salida de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres ministros, una instancia que para los más estudiosos de la justicia advierte una amenaza para el buen funcionamiento del organismo y la institucionalidad del sistema. La postura es bien conocida no sólo por el gobierno, también por los cortesanos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a las tensiones internas que existen entre ellos, parecerían estar cómodos con la composición actual que meses atrás casi fue modificada con el nombramiento de Manuel García Mansilla y el tratamiento del pliego de Ariel Lijo.

Juan Bautista Mahiques junto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Las sillas vacías de la Corte, además, son un bien preciado por los gobernadores, que fantasean con tomar la vacante que dejó el abandono de las negociaciones subterráneas que el oficialismo mantuvo con el peronismo que responde a Cristina Fernández de Kirchner durante la temporada 2024/2025. Por eso, en las últimas semanas existieron movimientos ejecutados desde las provincias para volver a poner sobre la mesa la discusión. “Si entra reforma política, puede entrar la Corte”, dijo esperanzado ante este medio un integrante del grupo impulsor, que no descartó que la discusión se reanude en las próximas semanas y además impulsa que ésta vez la silla de Highton de Nolasco sea efectivamente reemplazada por una mujer.

En la danza de candidatas que mueven desde varios despachos se encuentran la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano; la presidenta de la Corte Suprema de Tucuman, Claudia Sbdar; la integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Marcela de Langhe; y la magistrada de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, Karina Perilli. Hay quienes apuntan, también, a la posibilidad de que la actual Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, pueda estar dentro de las ternadas.

Consultados por Tiempo, cuatro terminales del gobierno negaron rotundamente que el oficialismo tenga intenciones de completar el máximo tribunal en lo que resta de este año y el próximo. Según confiaron, hace menos de tres semanas Mahiques volvió a consultarle a Javier Milei sobre el tema y el presidente volvió a aclarar que esa discusión se dará recién en 2028 cuando consiga la reelección. “Estamos metiendo pliegos todas las semanas. No podemos ser tan angurrientos de también querer tratar los de la Corte”, sentenció una fuente gubernamental. La postura del gobierno iba a ser reforzada esta semana ante la familia judicial, pero pasaron cosas.

Foto: Juan Foglia / NA

Este martes, el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue el escenario donde se llevó adelante la entrega de los Premios Quorum 2026, el evento de la revista homóloga que año tras año logra juntar a los máximos referentes del mundo judicial, empresarios y funcionarios en un mismo lugar. En esta edición, la participación fue un éxito. 

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el ex ministro Juan Carlos Maqueda; los jueces federales Ariel Lijo, Julián Ercolini y Marcelo Martines de Giorgi; los jueces de la Cámara Federal, Diego Barroetaveña, Mariano Llorens y Mariano Borinsky; el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand; el fiscal Franco Picardi, entre otros reconocidos juristas, se cruzaron con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Hugo Passalaqua (Misiones) y Elías Suárez (Santiago del Estero), y los empresarios Jorge Brito y Marcelo Mindlin.

Entre los invitados especiales, además, estuvo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien tenía previsto dar un discurso sobre los avances en la materia que el gobierno libertario tuvo desde su desembarco en la gestión. Después de cruzar abrazos con varios conocidos, el ex procurador porteño se sentó en primera fila con su alocución impresa a la espera que el avance del evento le permitiera subir al escenario. La premiación contó con la conducción de los periodistas Romina Manguel y Luis Novaresio, recientemente atacado por el presidente, quien renombró al comunicador como “Mierdaresio”.

Según reconstruyeron más de una decena de presentes ante la consulta de Tiempo, la conductora de Radio Con Vos utilizó su tiempo con el micrófono para solidarizarse con su colega y celebrar el fallo del juez Martín Cormick. Luego de escuchar el intercambio entre los periodistas, Mahiques decidió levantarse y retirarse “raudamente”, describió un testigo que vio la escena, del salón de actos. Otra fuente que estuvo presente durante el hecho afirmó que el heredero de Coco debió ser contenido en uno de los pasillos de la facultad puesto que su enojo era palpable. 

Consultado por este diario, desde el entorno del ministro confirmaron el abandono del evento y advirtieron sobre la molestia que generó la situación. “No era el lugar ni el momento para hacer algo así”, expresaron, aunque dejaron saber que desde la organización del evento posteriormente se comunicaron con el ex procurador porteño y le hicieron llegar sus disculpas por lo sucedido.