María Cafferata

Es un tira y afloje diario que se juega en Casa Rosada pero que se resolverá en el Senado. La disputa interna del Gobierno respecto a si aceptar o no los cambios que le exigen los aliados para aprobar la reforma laboral se resolverá en febrero, cuando el texto llegue al recinto y la presión de los gobernadores obligue a cambiar algunos puntos sensibles sobre la marcha. Así lo advierte la mesa política libertaria, que trabaja en cerrar las sesiones extraordinarias con un triunfo político, y así lo advierte el peronismo, que sospecha que la reforma laboral se aprobará en general y que el desafío será conseguir el número para voltear la mayor cantidad de artículos posibles.

El Gobierno apura el poroteo final para la reforma laboral y suma la baja de la edad de imputabilidad a la agenda

En eso coinciden tanto peronistas kirchneristas como libertarios con afán negociador, como Santiago Caputo o la misma Patricia Bullrich: la ley va a salir, pero no sin cambios. Los primeros lo repiten con resignación, pero los segundos lo sostienen casi como un desafío. No todos en Casa Rosada adhieren al pragmatismo del ala dialoguista de La Libertad Avanza e insisten, como lo hace Luis “Toto” Caputo, en avanzar con el texto tal como fue dictaminado. Es decir, sin concesiones a las provincias y sin concesiones a la CGT. 

Patricia Bullrich junto a Martín Menem y Diego Santilli el dia de la sanción del Presupuesto TW Diego Santilli

Bullrich, sin embargo, trabaja para despejar el camino de cara al 11 de febrero, que es cuando el Gobierno pretende sesionar para aprobar el proyecto. Dejó en manos de su asesora, la abogada Josefina Tajes, la tarea de recibir los pedidos y reclamos de sindicatos, cámaras empresarias y senadores aliados. Y ella, mientras tanto, se encarga de coordinar una estrategia que permita aprobar la ley con el apoyo de los senadores del radicalismo, el PRO y las provincias aliadas. Ya habla en primera persona como el grupo de “los 44”. 

Los 44

Es un cálculo optimista que refiere a la totalidad de los senadores excepto a los 28 que integran la bancada peronista. Son los 21 senadores de La Libertad Avanza, los 10 radicales, los 3 del PRO, los 2 misioneros, los 2 de Provincias Unidas, los 2 santacruceños, la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la salteña Flavia Royón. 

Bullrich viene dialogando con ellos, por teléfono, zoom o cara a cara, hace semanas. Y el miércoles comenzó con las reuniones grupales, que incluyen a representantes de todos estos bloques, para negociar una salida que permita aprobar la ley en dos semanas. 

El encuentro comenzó a las 3 de la tarde y se llevó a cabo no en el despacho de Bullrich, sino en el de la UCR. Con el correntino Eduardo Vischi oficiando de anfitrión, radicales y provinciales fueron acumulando observaciones y pedidos de modificaciones. Bullrich anotó, prometió seguir charlando y fijó fecha para un nuevo encuentro: el próximo martes a la tarde. En el mismo lugar.

“Tenemos un acuerdo bastante consolidado”, aseguró la senadora libertaria al finalizar la reunión. Estaba conforme: pese a los reclamos, Bullrich salió de la cumbre con la seguridad de que la ley, en general, tenía los votos asegurados. “Tenemos tiempo para discutir. Pero la ley tiene que salir”, afirmó un dirigente radical. 

El apoyo de la UCR no es menor porque, con 10 legisladores propios, el acompañamiento de los radicales significa el fiel de la balanza para el poroteo fino de la votación en particular. Es allí, aseguran oficialistas y opositores, donde se jugará el verdadero partido. Hay algunos dirigentes, como Vischi o la mendocina Mariana Juri, que están más encaminados a alinearse detrás de los intereses de los Milei. Pero hay otros más belicosos, como el bonaerense Maximiliano Abad o el catamarqueño Flavio Fama, que sondean exigir modificaciones. 

Los artículos en disputa

Los artículos que hacen más ruido entre los aliados son los que refieren a dos temas: la baja de las alícuotas de Ganancias para grandes empresas, que ponen en peligro la masa coparticipable de las provincias, y el que refiere a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo, que se financiará con los aportes de los empleadores destinados a la ANSES –es decir las jubilaciones–, tiene en pie de guerra a muchos de los aliados, que advierten que, así como está, desfinanciará la seguridad social y generará un gran problema en las cuentas públicas. 

No son los únicos, sin embargo. Muchos senadores que responden a gobernadores del Norte dialogan con la CGT y, en línea con sus reclamos, advierten sobre los artículos que van contra los derechos colectivos de los sindicatos. La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prevalencia de los convenios por empresa por sobre los de actividad son dos temas que preocupan a los sindicatos y que los senadores peronistas mileistas –los que responden a Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo– analizan rechazar. No solo ellos, también los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, así como la neuquina Corroza.

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, junto a Manuel Adorni y Diego Santilli TW Gustavo Saenz

El poroteo que importa, al final del día, es el de la votación en particular. Y en eso trabajan tanto el Gobierno como el peronismo, que en el Senado comanda José Mayans. Mientras que los sindicatos más combativos avanzan con la convocatoria de un paro general para el día de la sesión, la bancada peronista trabaja para intentar voltear los artículos más débiles. 

El peronismo observa que la batalla de la aprobación en general de la ley esta casi perdida. Por lo que el objetivo, primero, es dilatar lo más posible el debate. Hay emisarios del peronismo, incluso, que planean sondear a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una disputa con el Gobierno porque le congeló los fondos del Senado. Como respuesta, en enero, Villarruel cerró el Senado. Más de un peronista fantasea con convencer a la vice de repetir la estrategia en febrero. 

El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Con esta lógica se mueven y así espera el peronismo poder boicotear la reforma laboral de Milei.