Cruces entre el oficialismo y la oposición tras la convocatoria a sesiones extraordinarias

Cruces entre el oficialismo y la oposición tras la convocatoria a sesiones extraordinarias

Un proyecto que podría avanzar desde el Senado es la reforma del Consejo de la Magistratura -post fallo de la Corte Suprema-, aunque Diputados seguirá de cerca lo que pueda imponer el cristinismo. Eventual acuerdo con el FMI taparía el temario. Dudas sobre trabajo real en febrero.

Oficialismo y oposición se cruzaron ayer tras la convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias no sólo por la demora en el llamado desde Casa Rosada, sino también por el temario en cuestión y las dudas que surgen en todos los bloques sobre un mínimo trabajo legislativo viable en las próximas cuatro semanas.

“Salió el decreto de convocatoria a extraordinarias. Tiene 18 temas, uno solo es urgente: decidir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura”, alertó en las últimas horas el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad).

Espert fue más allá y dijo que “el resto de los temas no son para extraordinarias y es grave la omisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Y agregó: “Siento vergüenza por la falta de seriedad de un decreto que plantea tratar 18 temas en 28 días. Será toda una chapucería lamentable. Con el Consejo de la Magistratura y el FMI (no está) era suficiente”.

En tanto, desde el kirchnerismo, el cristinista Daniel Gollan le pidió a los opositores que “recapaciten y que ayuden al país, no al Gobierno”. En esa línea, sostuvo: “Debutamos mal con esta oposición. Se negaron por primera vez en la historia democrática a votar un presupuesto y lo hicieron en medio de uno de los perores momentos la humanidad, cuando está siendo golpeada por la crisis global originada por la pandemia de coronavirus”.

Por otra parte, el exministro de Salud del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó que dicha actitud “no sorprendió, porque desde que empezó la crisis del coronavirus, la oposición decidió usar brutalmente la pandemia contra el gobierno”, y sólo “ha querido sacar provecho político, sacar agua para su molino de una forma muy brutal”. Y finalizó: “Veremos cómo se comporta en las comisiones y luego en el recinto la oposición”.

Reclamo

Desde el interbloque federal, la socialista Mónica Fein disparó: “El Gobierno tomó la decisión de no incluir la ley de humedales y así se esfuma la posibilidad de dar tratamiento al proyecto común que se había consensuado. Pedimos urgente incorporación. Dejen de mirar para otro lado”.

Agenda

La discusión sobre la Magistratura, que a priori aparece como la más urgente, sólo podría ser tapada ante un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El debate debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.

El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley.

A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género.

La oposición aprovechó los espacios que regaló el Gobierno y presentó varios proyectos para reorganizar el Consejo de la Magistratura, a cargo de diputados como Mario Negri (UCR) y Pablo Tonelli (PRO). En los últimos días, los referentes de Juntos por el Cambio se propusieron unificar las iniciativas en una sola, que dejaría la titularidad del Consejo en manos de la Corte Suprema, algo que el Gobierno rechaza tanto en su proyecto como en sus declaraciones.

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