Los cuatro diputados de Córdoba cercanos al gobernador Juan Schiaretti confirmaron este domingo que tampoco darán quórum en la sesión que trate la reforma judicial, que recién el jueves se aprobará en el Senado.  

"Si no hay consenso de todas las fuerzas políticas, estamos dispuestos a no dar quórum", señaló Carlos Gutiérrez, jefe de la bancada, al diario La Voz del interior, y despejó las dudas que había dejado el comunicado del bloque, difundido por Twitter el viernes, después de conocerse el dictamen del proyecto. El peso del antikirchnerismo en la sociedad cordobesa fue determinante, como explicó LPO.

Los números no están fáciles sin ellos y el presidente de la Cámara baja Sergio Massa comenzará esta semana a desplegar una ofensiva para conseguir los votos, que empezará con una sesión, este jueves, sólo para aprobar proyectos consensuados con varios bloques de la oposición.

Qué hay detrás del rechazo de Schiaretti 

En un principio se había analizado tratar el que contempla la renegociación de la deuda de las provincias con la Anses y un nuevo sistema de financiamiento a los déficit previsionales de las provincias, definido en la ley de reparación histórica. Córdoba es una de las más complicadas cada vez que tiene que despositarle dinero a los abuelos. Pero no está claro que finalmente se trate esta semana.

El proyecto tiene un capítulo que aportará a la grieta porque redefine las funciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses (FGS), suficiente para recordar como se heredó. La titular de Anses, Fernanda Raverta, mantuvo un zoom con el bloque oficialista este lunes para explicar detalles de la inciativa y Massa confirmó que el jueves habrá sesión, aunque aún no haya vigente un protocolo de sesiones remotas. 

Massa, Máximo Kirchner, Raverta y Wado de Pedro en un encuentro con gobernadores para analizar la deuda de las provincias con el FGS.

El temario se terminará de cerrar este martes con los jefes de bloque y es muy posible que se avance con la ley de promoción al turismo, con media sanción en el Senado; y sanciones por pesca ilegal en Malvinas, un asunto al que nadie se opone. El tratamiento de esas iniciativas tienen el apoyo de distintos bloques minoritarios y hasta podrían contar con el respaldo de algunos legisladores sueltos de Cambiemos.

Todos llegarán sin dictamen, por lo que sin aval de radicales, PROs y lilitos no podrían aprobarse. El debate fuerte, entonces, será sobre si se habilita un protocolo de sesión para ese día o por un mes, como propondrá el oficialismo.

Para zanjar la discusión con los duros de Cambiemos que exigen sesiones presenciales, Massa especuló con pedirle a Rodríguez Larreta que le acerque un protocolo para reunir en un espacio cerrado a los diputados de su fuerza.

Los bloques más chicos lo acompañarían para alcanzar una mayoría simple, pero los cambiemistas, desde abril, insisten en que para sesionar online requiere modificar el reglamento y por lo tanto hacen falta dos tercios, que sólo se pueden alcanzar con ellos. 

Los duros, se sabe, reclaman que la reforma judicial y el presupuesto se debatan en forma presencial. Una opción con la que especuló Massa en una entrevista televisiva fue la de pedirle al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, un protocolo para reunir en un espacio cerrado a los diputados de su fuerza política para que sesionen en butacas. El oficialismo seguiría online. 

No haría más que acrecentar su interna el sector de los más duros de Cambiemos, identificados con Patricia Bullrich, como Waldo Wolff y Fernando Iglesias. Son los que piden sesiones presenciales a cómo de lugar.  

El diputado de Cambiemos, Waldo Wolff.

En ese clima, Massa tiene que juntar los votos para aprobar la reforma judicial. Anticipó foros con colegios y especialistas y especula con modificaciones que puedan contentar a algunos rebeldes y retornar el proyecto al Senado, donde la mayoría sólida del oficialismo no corre riesgos. 

Una posibilidad sería agregar el juicio por jurados, pedido por diputados de Cambiemos y parte de la otra reforma judicial que por ahora debate un comité de expertos. 

La tucumana Ávila ya no vota con el Gobierno en Diputados y complica el quórum

Las cuentas son difíciles, pero no imposibles. De retornar José Ignacio de Mendiguren del Bice (tiene licencia), el Frente de Todos tiene 119 votos, a 10 de la mayoría. Garantizan la ayuda de la neuquina Alma Sapag y de al menos 6 de los 8 de Unidad Federal para el Desarrollo, por las rebeldías de la tucumana Beatriz Ávila y el santacruceño Antonio Carambia. 

A este último confían en torcer, porque a diferencia de su compañera, aún no hizo declaraciones. Su hermano es intendente de Las Heras, en Santa Cruz, y una ayuda oportuna podría hacerlo revisar su intransigencia. 

El salteño Andrés Zottos.

Del interbloque federal deberían surgir los otros 2 votos y las fichas están puestas en Eduardo "Bali" Bucca y el salteño Andrés Zottos. Colaboraron con los artículos más polémicos de la moratoria y la ampliación presupuestaria. "Van a tensar hasta donde puedan, pero no mucho más", bromean los negociadores del Frente de Todos.

Sueñan con que algunas modificaciones tuerzan al trío de lavagnistas y hagan recapacitar a los cordobeses, tarea más complicada, por ese duelo de egos que parecen mantener el economista y el gobernador cuando se trata de tomar distancia del Gobierno. Sin sus laderos, la reforma judicial pende de un hilo.