Pedro Lacour

El Gobierno acelerará este mes la presentación de las conclusiones del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado para enmarcar las reformas estructurales que Javier Milei quiere enviar al Congreso antes de fin de año. El documento final, previsto para el 15 de diciembre, incluirá el capítulo laboral, el más sensible del paquete. Pero, detrás del formato de “mesa ampliada”, quienes participan admiten que el Consejo funciona como una instancia política del Ejecutivo y que las definiciones clave se redactan por fuera del Salón de los Escudos. “Después de la presentación final vienen los proyectos, aunque no veo viable que se trate tan de inmediato”, anticipó a este medio una fuente parlamentaria involucrada en el proceso.

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La foto multisectorial no altera el diseño original: todos sus integrantes fueron designados por la Casa Rosada y el órgano no tiene estatuto, ni actas públicas, ni procedimientos claros. Federico Sturzenegger participa en nombre del área de Desregulación y Transformación del Estado; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo representa a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada y el presidente de Diputados, Martín Menem, lo hacen por el Congreso; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, completa la pata empresaria.

La CGT tiene una presencia singular: su único delegado, Gerardo Martínez (UOCRA), fue elegido por el propio oficialismo y no por la central obrera, que recién después de la convocatoria avaló su participación. Esos seis nombres constituyen, en los hechos, una mesa donde el Gobierno define la agenda y el resto acompaña con márgenes acotados.

Es que, pese a que La Libertad Avanza insiste en presentarlo como un espacio de “consensos”, la dinámica interna tiene otro sello: todas las reuniones se realizan bajo estricta confidencialidad, sin constancia pública de lo debatido. Ese hermetismo refuerza la percepción, incluso entre algunos de sus participantes, de que el Consejo funciona más como una herramienta de prelegitimación que como una mesa real de negociación.

Reforma laboral

La salida de Guillermo Francos del Gobierno profundizó ese esquema. El exjefe de Gabinete —coordinador formal del Consejo y articulador natural con gobernadores y sectores productivos— dejó vacante un rol que ahora pasó a ocupar Diego Santilli, pero bajo otras condiciones: el ministro del Interior opera bajo la tutela directa de Manuel Adorni, convertido en jefe de Gabinete y en el nuevo nodo de poder interno tras la consolidación de Karina Milei. El tándem Adorni–Santilli busca reemplazar la lógica personalista que construyó Francos por una conducción más vertical y alineada al corazón del mileísmo.

Diego Santilli y Manuel Adorni.

Ese recambio político ya tuvo su primera postal. En pleno debate sobre la reforma laboral, Santilli protagonizó este jueves un cruce fugaz con la nueva conducción de la CGT —conformada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— en un salón vip del Centro de Convenciones de Buenos Aires, durante el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). No fue una reunión formal, pero sí un gesto: el exdiputado inició un vínculo que deberá sostener en un terreno en el que la central obrera plantea sus dudas. En Casa Rosada lo leyeron como un anticipo: Santilli ya empezó a ocupar el espacio que Francos dejó vacío.

Sin embargo, lo cierto es que el Consejo de Mayo no volvió a reunirse desde la salida del exjefe de Gabinete y la reforma laboral avanza por carriles propios en los despachos de Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Según trascendió, el borrador incluye cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo, un fondo de cese para reemplazar indemnizaciones, reducción de cargas patronales, recortes en las deducciones de Ganancias, un régimen de nuevo empleo y regulaciones para plataformas digitales. En versiones preliminares figura incluso la obligatoriedad de pedir autorización para realizar asambleas en los lugares de trabajo, un punto que la CGT considera “intolerable”.

La central obrera ya dejó claro que el Consejo no debería ser el ámbito donde se discute esa agenda. “No hubo consenso, no se discutió nada”, insistió Gerardo Martínez en una entrevista a comienzo de mes. La CGT inició contactos con gobernadores para frenar cualquier norma “antisindical” y advierte que usará “todas las herramientas” si el Gobierno avanza sin garantías. En paralelo, Martínez cuestiona el enfoque “teórico y caprichoso” de Sturzenegger y la falta de escucha del Consejo.

Rosca legislativa

La tensión sindical se combina con una jugada legislativa acelerada. Patricia Bullrich, futura jefa del bloque oficialista en el Senado, ya les confirmó a sus pares que la reforma laboral ingresará por la Cámara Alta y buscará media sanción entre el 10 y el 31 de diciembre, en un mes recortado por las fiestas y con Diputados discutiendo al mismo tiempo el Presupuesto 2026. Para eso, el Gobierno necesita una coordinación milimétrica: Santilli en la interlocución con mandatarios, Martín Menem ordenando la Cámara baja y Bullrich en la ingeniería del Senado, donde deberá conseguir al menos 17 votos extra.

Patricia Bullrich en el Senado junto al resto del bloque de La Libertad Avanza.

Las provincias son el factor decisivo. Los gobernadores condicionan cualquier apoyo a la negociación de la “ley de leyes”, las transferencias retenidas y los fondos de obra pública paralizados. Por eso, el verdadero debate no se juega en el Consejo de Mayo sino en despachos provinciales y reuniones informales.

El desafío para Santilli será transformar esa estructura más vertical en resultados concretos. Sin Francos en la mesa, el Consejo de Mayo debe convertir la foto multisectorial en votos reales para un paquete que enfrenta resistencia en varios planos. Pero lo que ocurra afuera de esa instancia tendrá más peso que lo que suceda adentro. Y ahí aparece la funcionalidad real del órgano: no como un espacio de acuerdos, sino como la puesta en escena que acompaña una negociación que se define en otro lado.