Es definitivo: el Senado solo se reunirá el próximo jueves en sesión preparatoria para elegir a sus autoridades y, por lo tanto, no tratará ninguno de los proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para su discusión en sesiones extraordinarias durante el mes de febrero.

Así se lo confirmaron a LA NACION dos importantes fuentes legislativas del Frente de Todos y una tercera de Juntos por el Cambio, quienes precisaron que recién en marzo, “y despacio”, comenzarán a integrarse las comisiones de la Cámara alta.

Esto significa que la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el Poder Ejecutivo deberá esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias para que la Cámara alta inicie su discusión.

El texto ingresó al Senado a inicios de diciembre del año pasado y desde entonces permanece sin tratamiento en la Comisión de Justicia, que presidía y seguirá presidiendo cuando vuelva a constituirse, el oficialista Oscar Parrilli (Neuquén).

Para muchos en el Senado, la parálisis legislativa en la que se encuentra el proyecto desde que ingresó a la Cámara hace dos meses y medio refleja el rechazo a la iniciativa de Cristina Kirchner ya que, por lo general, Parrilli suele ser polea de transmisión de muchas de la ideas y órdenes de la vicepresidenta.

El otro tema de peso incluido por el Poder Ejecutivo en el decreto de convocatoria a extraordinarias ingresado en la Cámara alta es el Consenso Fiscal 2022, firmado por el gobierno y 22 gobernadores a principios de año. Era el único tema que reunía el consenso de oficialismo y oposición para celebrar una sesión sin temas conflictivos, pero ni aun así logró motivar a Cristina Kirchner para que el Senado vuelva al trabajo en febrero.

La decisión de no apurar la conformación de las comisiones implica, en otras palabras, que no habrá actividad oficial hasta después de la Asamblea Legislativa del próximo 1° de marzo, reunión que concita la atención del Congreso, y del oficialismo en particular, para conocer los detalles sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, se espera, brindará el presidente Alberto Fernández.

El tradicional discurso presidencial sobre el estado de la Nación es la campana de largada del período ordinario de sesiones del Congreso, que se extiende hasta el 30 de noviembre. En ese lapso, el Poder Legislativo tiene la libertad de tratar cualquier proyecto de ley sin necesidad de autorización del Poder Ejecutivo.

Antecedentes

Este será el primer año desde que el kirchnerismo volvió al poder que el Senado no sesionará en febrero. Para encontrar un antecedente hay que remontarse a tres años atrás, en el inicio del último año de gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en aquel entonces sí hubo sesiones extraordinarias en diciembre.

El año pasado, la Cámara alta sesionó dos veces en febrero. El día 4 para tratar acuerdos de jueces y la modificación de ley de Defensa de la Competencia que impulsaba el kirchnerismo. Veinte días después se hizo otra sesión en la que se aprobaron más acuerdos judiciales y se sancionó la ley que otorgó un beneficio por única vez a familiares del submarino ARA San Juan, entre otros proyectos.

En 2020 fueron tres las sesiones extraordinarias. En la última, el 28, se aprobó la polémica ley de góndolas. En la anterior, el 20, el temario estuvo circunscripto a darle acuerdo a los embajadores políticos designados por el gobierno recién asumido de Fernández.

Sin embargo, fue la primera sesión extraordinaria del mes la más importante. En ella, el oficialismo sancionó, con el apoyo de Juntos por el Cambio, la ley de sostenibilidad de la deuda. Es la norma que obliga ahora al Poder Ejecutivo a someter a la aprobación del Congreso del acuerdo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, negocia con el Fondo Monetario Internacional.

Macri fue poco afecto a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, aunque cabe destacar que su alianza no controlaba ninguna de las cámaras. Así, en febrero de 2018 no hubo sesiones en el Senado. Tampoco en 2017, pero en este caso porque el único tema incluido en extraordinarias fue la modificación del régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que se encontraba en Diputados.