Está visto y oído: es potente el ruido cada vez que se quiebran compromisos de silencio en la causa de los cuadernos de las coimas. Son cuadernos que agregan páginas. Y el nuevo capítulo, con acusaciones de arrepentidos sobre el papel de jueces federales, completa el círculo de la corrupción como sistema en la etapa kirchnerista. Algunas reacciones, por las tensiones que expresan y las operaciones que proyectan, también describen hasta dónde llega el oleaje.

Un juez federal y un ex juez, ninguno de los dos por primera vez, han sido involucrados en oscuras maniobras de protección. Es decir, fueron señalados en declaraciones judiciales. Luis Rodríguez, en el caso de la fortuna ilegal manejada por el ex secretario presidencial Daniel Muñoz, su viuda, Carolina Pochetti, y su entorno. Norberto Oyarbide, en una maniobra para cerrar una de las causas contra el matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito.

Esta vez hubo cierto silencio formal en las cercanías de Cristina Fernández de Kirchner, pero se sucedieron dos movimientos. El primero fue la difusión de una denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli, por extorsión, y el segundo fue darle aire en redes sociales a la idea de que las imputaciones al juez Rodríguez serían parte de una guerra interna en el fuero federal que involucraría también a servicios de inteligencia y políticos.

Stornelli calificó a la denuncia como una "operación berreta". En rigor, algo en esa línea había sido adelantado por Elisa Carrió. No era la única que conocía los rumores. El punto, como en cualquier caso e incluso más allá de los operadores –denunciantes, jueces, difundidores- será establecer la solidez o invento de lo denunciado. Eso, naturalmente, junto a su sentido político.

En el primer plano, podría decirse en todo sentido que recién empieza. En el terreno político, en cambio, está a la vista. Se trataría de ir a la batalla de lleno para desacreditar al fiscal, un camino directo para destartalar la causa de los cuadernos. ¿Es eso solo? Puede que lo sea como ofensiva en los tribunales, pero la movida puede interpretarse mejor en la perspectiva del juego político y defensivo más amplio, pensando en el impacto social o en la opinión pública.

Los avances de las causas sobre corrupción –vinculadas sobre todo pero no únicamente a la obra pública- fueron produciendo cambios en la estrategia del kirchnerismo. La negación y rechazo iniciales resultaron quebrados sobre todo a partir de las imágenes de los bolsos de José López. Golpearon más que el recuento de billetes en La Rosadita: esta vez fue a las puertas de un supuesto convento y con el ex secretario de Obras Públicas –pieza importante en el esquema de aquel poder- como protagonista.

La presentación del hecho como un "caso aislado" o ajeno a la ex presidente duró poco. La ex presidente dijo en plena campaña de 2017 que "odió" a López por todo aquello. Esa posición fue cambiando y lo registró rápidamente su círculo más próximo. Un ejemplo: las cosas no se agotaban, como se pretendía, en el lavado de dinero como negocio exclusivo de Lázaro Báez, sin indagar en su origen y en su destino final. En paralelo, aparecían en primera línea, cada vez más, Julio de Vido, Amado Boudou, hasta César Milani. No eran sólo López o Ricardo Jaime, olvidado en cierta soledad.

La vuelta de tuerca fue entonces fortalecer la línea de denuncia sobre todo lo que ocurría como parte de un plan mayor de persecución política al kirchnerismo. Y casi al mismo tiempo, igualar aquel sistema propio de corrupción con los casos que apuntaban al oficialismo.

Esa reacción, nada improvisada y extremada ahora, intenta presentar todo como un juego oscuro de pares. Dicho de otra manera: la línea discursiva pasó a ser una implícita igualación en términos de corrupción y de sombrías guerras de poder. Había quedado lejos la negación de todo.

Visto así, no se trataría ahora de apuntar únicamente a Stornelli o a una causa. La igualación equivaldría a decir que nadie está limpio ni podría hablar. Peor: nadie podría juzgar.

Ese proceso de respuesta fue casi en simultáneo con la evolución de la causa de los cuadernos. Y sobre todo, sufrió cambios y se agudizó casi en la misma medida en que se produjeron los principales quiebres de compromisos de silencio entre los involucrados.

Primero fueron los empresarios. El giro sustancial seguramente fue marcado por las declaraciones de Carlos Wagner y Juan Chediack, ex presidentes de la Cámara de la Construcción. Quedó atrás el relato casi de victimización que aludía a pagos obligados para el financiamiento ilegal de campañas. Y emergió con detalles un sistema de cartelización de obras, sobreprecios y coimas.

Después fueron ex funcionarios, que en algunas etapas habían transitado el circuito del poder, como López y Claudio Uberti. Pero la descomposición de compromisos personales sigue creciendo, según datos parciales que han trascendido. Las declaraciones de ex secretarios presidenciales, allegados históricos e integrantes de "sociedades" de hecho en torno de la viuda de Muñoz parecen haber abierto otras barreras, vinculadas al futuro individual, además de empezar a mostrar la pata judicial.

La declaración de Pochetti que apunta al juez Rodríguez es una señal. Y otra similar es la de Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, sobre los manejos de Oyarbide. Son mensajes que provocan inquietud y temores entre los destinatarios directos y entre los destinatarios implícitos. Es así por lo que dicen y por lo que insinúan como una nueva descripción –tal vez más profunda- del círculo de la corrupción.