Gustavo Ybarra

 

El oficialismo en soledad, con apenas un senador de Juntos por el Cambio presente de manera testimonial, le dio luz verde en la Comisión de Justicia del Senado al proyecto de ley que establece la falta de perspectiva de género y el uso de “discursos de odio” como causales de recusación de los jueces en un expediente judicial. La iniciativa quedó, así, en condiciones de ser discutida en la próxima sesión de la Cámara alta, prevista para mediados de diciembre.

El proyecto fue defendido en un extenso alegato feminista por su autora, la vicepresidenta de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien negó de manera enfática que el texto tenga relación con el enfrentamiento de Cristina Kirchner con la Justicia.

“Esto nada tiene que ver con la agenda judicial de la vicepresidenta; reducir a eso lo que vivimos las mujeres con la justicia patriarcal y machista me parece aberrante”, afirmó Fernández Sagasti.

Replicó así las sospechas de la oposición acerca de que la modificación propuesta busca favorecer a Cristina Kirchner en alguna de las causas que la tienen como protagonista por casos de corrupción.

El proyecto modifica los códigos procesal Federal y Nacional y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres, para establecer una nueva causal para la recusación de jueces.

“Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”, reza la modificación que el proyecto introduce en los artículos 55 del Código Procesal Penal y 60 del Código Procesal Penal Federal.

La senadora destacó que su proyecto está inspirado en el reclamo del colectivo “Ni una menos” por una “reforma judicial feminista”, tras lo cual citó una serie de fallos judiciales polémicos que demostrarían el contenido “patriarcal y machista” que adjudicó a la Justicia.

Uno de los casos que citó fue el de Lucía Pérez, víctima de femicidio tras un aberrante caso de violación. Sin embargo, un tribunal oral criminal de Mar del Plata liberó al acusado por considerar que no había pruebas para hablar de violación ya que la víctima no era virgen.

“Esto busca garantizar que las personas sean juzgadas a partir de la perspectiva de género, sin discriminación”, afirmó la legisladora.

Sin embargo, Fernández Sagasti en ningún momento hizo mención de que, una de las causales que busca introducir, es la de los discursos de odio. Tampoco aclaró que la recusación también operaría por las manifestaciones extrajudiciales de los magistrados, es decir por sus opiniones, y no sólo por lo expresado en sus sentencias, como las que mencionó durante el encuentro de la Comisión de Justicia.

La oposición prefirió mantener silencio. De hecho, Juntos por el Cambio volvió a darle la espalda a la comisión que preside el ultrakirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén). Sólo estuvo presente el senador Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego), que no habló durante la reunión.

Horas antes, el presidente del interbloque opositor, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), había calificado en declaraciones periodísticas como “un disparate” y “una herramienta para condicionar a los jueces” la propuesta de su comprovinciana.

Según la oposición, la iniciativa le permitiría a Cristina Kirchner sumar un argumento para tratar de desplazar a los jueces que no son de su agrado y conseguir jueces y tribunales “más amables” en las causas en las que se encuentra procesada la vicepresidenta.

En la Justicia, en tanto, aseguran que la propuesta tiene pocas chances de prosperar aun cuando sea convertida en ley en la Cámara de Diputados. “Tiene todos los números para ser declarada inconstitucional”, dijeron y afirmaron que podría dar lugar al uso de denuncias por maltrato laboral o desempolvar alguna declaración de un juez para sacarlo de un expediente.

En el final del debate, la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires), volvió a cargar las tintas contra el Poder Judicial, al que acusó de ser “el único poder que no se ha modificado en estos casi 40 años desde la recuperación de la democracia”.

“Las mujeres necesitamos una justicia feminista y vamos a seguir luchando por una justicia feminista”, concluyó la legisladora.