Después de juntarse anteayer por primera vez para pedir en bloque un nuevo reparto de los recursos de coparticipación, los gobernadores del PJ buscan desactivar una tormenta que los acecha cada vez más: el freno del envío de fondos para obras públicas nacionales.

El retraso en los desembolsos empezó en septiembre pasado, durante la gestión de Cristina Kirchner, y se prolonga hasta hoy, con una situación agravada por la paralización de proyectos y el consiguiente conflicto con obreros de la construcción.

Será un tema clave que arrimarán los caciques peronistas cuando se encuentren pasado mañana con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para empezar el debate por el esquema impositivo con las provincias.

El impacto del grifo cerrado se siente especialmente en el norte y el sur del país, zonas que, por su alineamiento, fueron beneficiadas en el desarrollo de infraestructura durante la era kirchnerista.

Y en lista de espera hay todo tipo de planes: caminos, viviendas, escuelas, hospitales, cloacas, acueductos. Como se trata, en general, de iniciativas encaradas por empresas locales y sin la espalda de una megaconstructora, las quejas recaen en los despachos de los gobernadores.

En la Casa Rosada intentan poner paños fríos y destacan la mesa de diálogo que habilitó Mauricio Macri con los mandatarios, inexistente durante los doce años de la administración saliente.

Trabajan en una revisión completa de la herencia recibida y definen nuevas prioridades de planificación, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

Si bien aún sacan cuentas sobre el total de la deuda impaga en concepto de obras públicas, en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) estiman que esa cifra trepa a alrededor de $ 45.000 millones.

"Estamos preocupados. El futuro puede ser excelente, están haciendo las cosas con seriedad. El tema es cómo hacemos la transición", dijo a LA NACION el titular de la cámara, Juan Chediack. Según sus cálculos, se necesitan de mínima unos $ 12.000 millones de flujo mensual para mantener cierto ritmo y que no haya una ola de despidos.

"Para comenzar a hablar, que paguen lo que nos deben", lanzó el salteño Juan Manuel Urtubey, durante el almuerzo peronista. Los gobernadores llegaron allí, unidos y de la mano, en defensa propia después del decreto del Presidente que sube el índice de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Se juraron seguir haciendo causa común en la disputa.

El cortocircuito ahora lo tendrá que saldar Frigerio, encargado de la negociación con los peronistas. Todo tiene su correlato: la buena sintonía con los mandatarios es clave para lograr apoyo parlamentario, sobre todo en el Senado.

"El Presidente tiene una visión federal, la intención es descentralizar recursos", dijo a LA NACION el secretario de Interior, Sebastián García De Luca. El mensaje apunta a dar vuelta de página y enfocarse en una solución intermedia, mientras arranca la compleja discusión por la reforma de la ley de coparticipación, sancionada en 1988, en la que nadie cree que se logre consenso.

Impacto por distrito

Chaco es una de las provincias que más sufren la merma de recursos. Según datos de la gobernación, la deuda total asciende a $ 1200 millones. "Nosotros hicimos un aporte especial para hacer frente a la situación", sostienen cerca del gobernador Domingo Peppo. Es decir, pusieron plata de las arcas provinciales para atemperar el golpe, pero no alcanzó. Los representantes de la filial chaqueña de la Uocra aseguran que mientras hace tres meses había 14.000 trabajadores en actividad, ahora hay 400 obreros sólo abocados al gasoducto del NEA.

En Entre Ríos, gobernada por Gustavo Bordet, las empresas están al límite. El gobierno nacional adeuda $ 1100 millones en obras hidráulicas, viales, convenios de saneamiento con Enohsa, programas especiales y el plan Más Cerca, entre otros. Gualeguaychú, ciudad brava, emerge como epicentro de los reclamos.

El tucumano Juan Manzur fue otro que trajinó Balcarce 50 a la pesca de recursos. El miércoles se encontró con el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y se llevó la promesa de que le destrabarán parte de los fondos, que llegan a más de $ 500 millones. Si bien confía en la "buena predisposición" de los funcionarios, esa misma tarde pidió una audiencia con Macri por la coparticipación. "Hay que acordar un esquema que sea equitativo para todos", advirtió.

Sergio Casas peregrinó el lunes pasado con su equipo por la Casa Rosada. En la reunión con Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias, planteó que a La Rioja le adeudan $ 400 millones por certificaciones de obra, que son vitales para reanudar la actividad.

En Salta, en tanto, los números no son mejores. "El retraso es de poco más de $ 400 millones", puntualizó Urtubey. Y, como otras administraciones, cubrió parte de la deuda, una rueda que ven complicada de hacer rodar en el futuro. Lo mismo hizo Sergio Uñac, en San Juan, que el jueves le abrió las puertas a Frigerio para inaugurar viviendas en Albardón, terminadas en la gestión anterior. Esa provincia solventó con $ 400 millones obras viales por las que ahora pide reintegro.

En Santa Cruz, cuna del proyecto kirchnerista, se vive el sacudón más grande. La provincia recibió un récord de obras públicas y ahora atesora una factura difícil de cobrar. Incluso para Lázaro Báez, amigo de la ex familia presidencial, que reclama a Vialidad Nacional cerca de $ 400 millones y no paga sueldos de los 1800 empleados de Austral y Kank y Costilla.

Otro caso simbólico es la usina de Río Turbio, envuelta en una crisis desde noviembre, cuando quedó paralizada. Hasta ahora, registra $ 800 millones en certificados pendientes. Alicia Kirchner insiste en que recibió una provincia quebrada y golpea la a puerta de Macri en busca de un auxilio que se demora en llegar. Sobre todo, porque en la Casa Rosada sostienen que Cristina habilitó fondos para su tierra poco antes de dejar el poder.

La contracara del freno en los giros se da en provincias que vivieron al margen de la "década ganada". Por su condición de opositoras, Córdoba, peronista anti-K, y Santa Fe, socialista, fueron omitidas del radar que programaba la infraestructura nacional. En el ciclo que comienza corren con ventaja: por el fallo de la Corte sobre coparticipación, no sufren, como el resto, el descuento del 15% de fondos coparticipables.

La vuelta a la "liga" y el CFI, como en 2001

Con el primer paso del almuerzo en San Juan, los gobernadores del PJ intentan consolidarse como una "liga", no sólo para lidiar con el Gobierno como un bloque fuerte, sino también para adquirir protagonismo en la pelea por la conducción del peronismo.

Así, según confiaron a LA NACION, para discutir asuntos vinculados con la gestión desempolvarán el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que supo ser un lugar icónico para los mandatarios provinciales. Hay infinitas anécdotas sobre discusiones con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo e incluso con Néstor Kirchner, cuando administraba Santa Cruz.

La idea de los gobernadores es juntarse allí probablemente en la próxima cita con destino en la Capital, para analizar cómo avanza la negociación con la Casa Rosada por los fondos.