Por Diego Lanese

 

Las elecciones de 2015 marcaron la primera derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires desde la vuelta de la democracia, lo que generó un verdadero sisma que todavía hoy no termina de mover las fichas en el tablero del PJ bonaerense. Uno de los efectos más visibles e inmediatos de la victoria de María Eugenia Vidal –y de Mauricio Macri, un par de semanas después en el ballotage –se dio en el conurbano, donde varios intendentes perdieron su dominio territorial. “El fin de los barones del canurbano”, se escuchó decir, por los triunfos de Néstor Grindetti en Lanús, Martiniano Molina en Quilmes, Julio Garro en La Plata y otros varios en la Primera Sección Electoral.

Pero no todo lo que brilla es oro. Los primeros meses de gestión para estos jefes comunales aparecen con varios problemas, muchos heredados, otros que fueron apareciendo por la situación general. No es fácil adaptar una estructura que se mueve lento, y lleva resabios de años de un funcionamiento. Estos funcionarios lo saben, y lo están sufriendo.

El caso de Lanús parece ser paradigmático. Heredero de una deuda importante, Grindetti sufre como su antecesor Darío Díaz  Pérez un tema recurrente: la inseguridad. El cambio de color político y de gestión no tiene efecto en un flagelo que dejó en las últimas semanas varios muertos y cruces duros entre oficialismo y oposición.

En Quilmes, en tanto, la “receta” del ex cocinero choca con la resistencia de los empleados municipales. Despidos y denuncias de amenazas e intimidaciones tiñen una gestión que en lo político sufrió algunos traspiés iniciales.

En este informe, Política del Sur repasa los principales puntos de los nuevos barones, y cómo la renovación –que lleva 10 meses –no logra desarmar viejos problemas, que ahora deben solucionarlo nuevas caras.

Lanús: pesada herencia

Cuando Néstor Grindetti asumió su cargo, el gran desafío era rectificar el rumbo en un distrito que la mayoría –no importa el color político que defendiera –veía como el de peor gestión de la región. La inseguridad golpeó fuerte los tiempos de Díaz Pérez como intendente, y el cambio de mando pareció no afectar esta situación. Una serie de asesinatos en las últimas semanas, nuevas marchas vecinales y cruces políticos ratifican esta idea.

“La herencia recibida de Díaz Pérez en Seguridad fue muy poca”, dijo el titular de seguridad local, Diego Kravetz. El funcionario quedó en el ojo de la tormenta por una serie de asesinatos, y el intento de interpelarlo en el Concejo Deliberante.

Luego de uno de los casos más resonantes (el de Juan Ignacio Tejero, de 22 años, asesinado cuando le intentaron robar el auto), Kravetz habló con el programa radial Política del Sur y aseguró que “este caso tiene de puntual, que no hubo robo y fue una ejecución a sangre fría, luego de la visita de Vidal y Ritondo a Lanús”. Para concluir insistió en que en este crimen “hay condimentos nuevos que tienen que ver con cuestiones que aparecen cuando uno toca resortes de los sectores de poder”.

Pero la hipótesis de esta especie de “lucha de poder” entre sectores policiales y políticos que enfrentan a la gestión PRO de la provincia de Buenos Aires no lograr solucionar el tema, ni tranquilizan a los vecinos y opositores. “Grindetti, como le pasó a Díaz Pérez y a Quindimil también, viven en un microclima, creen que la inseguridad es por las internas policiales y ven campañas mediáticas en su contra y eso los lleva a equivocarse”, dijo desde el massismo Nicolás Russo, en diálogo con Política del Sur. “Acá la Provincia y Nación tienen que aportar y ayudar, y no entiendo porque no está la Gendarmería en el conurbano. Para mí, (María Eugenia) Vidal vive también en un microclima, porque se mete con las mafias, pero no le da respuestas a la gente”, objetó Russo sobre la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

La respuesta a este reclamo llegó la semana pasada, cuando Grindetti volvió a mostrarse  junto al ministro de Seguridad Ritondo, esta vez supervisando operativos en Villa Jardín. Grindetti junto a su par lomense Martín Insaurralde recibieron al Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco; y a Ritondo y luego recorrieron con el ministro la zona de Villa Jardín.

"Desde el Ministerio de Seguridad estamos articulando políticas de control conjunto e integrales donde todas las fuerzas nacionales provinciales y municipales dan respuesta unificada al delito complejo y a la criminalidad organizada", destacó Burzaco. En tres meses se establecieron más de 7500 puntos de control dinámico, se controlaron más de 280 mil vehículos y se secuestraron más de 730 con pedido de captura.

Almirante Brown: nueva era

Las ideas y vueltas política de darío Giuztozzi le hicieron perder una elección que se definió antes del día de los comicios, en las PASO, donde el actual jefe comunal Mariano Cascallares se convirtió en candidato del peronismo. Su triunfo se enmarcó en las retracciones de un dirigente como Giustozzi, que pasó de dominar ampliamente el distrito a verse reducido a la mínima expresión (política).

La gestión del ex titular del IPS comenzó sin mayores sobresaltos, por lo que su impronta buscó posicionarse dentro de un peronismo –local y provincial –que busca nuevos liderazgos. Puntal del grupo Esmeralda, Cascallares quiere posicionarse en la pelea interna de un PJ golpeado, sin cabeza visible y en proceso de renovación. A su vez, tiende puentes con el gobierno bonaerense, para mantener aceitada la gestión, que hasta ahora no demandó demasiados sobresaltos.

En este camino se pudo ver al intendentes en varios actos protocolares junto a Vidal, o ministros de su gabinete. Además, Almirante Brown se sumó a la iniciativa de llevar el SAME –el servicio de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires –a toda la provincia, una de las apuestas de gestión más importantes de estos días.

Incluso se mostró junto con otros dirigentes, como el actual titular del PAMI Carlos Regazzoni, con quien compitió por la intendencia. “Mariano ha facilitado el lugar y todo este trabajo en conjunto, como bien pretende el presidente (Mauricio) Macri, que sea en equipo: con el Gobierno nacional, provincial y municipal”, manifestó el ex candidato a intendente de Cambiemos.

Con la reciente visita de Rogelio Frigerio, se potenció esta idea de trabajo en conjunto, que tiene a Martin Insaurralde y el propio Cascallares como pilares. “El Presidente (Mauricio Macri) nos pidió que trabajemos en equipo, junto a los intendentes y los gobernadores, porque los problemas de la gente no tienen color político y los tenemos que solucionar”, subrayó Frigerio. Una idea que el actual intendente de Almirante Brown sabe interpretar como casi ninguno.

Quilmes: menú agridulce

Sin duda el triunfo del cocinero mediático Martiniano Molina fue la gran sorpresa de las elecciones de 2015. No sólo por su falta de experiencia en el ámbito político, sino porque derrotó a un viejo caudillo del peronismo y el sindicalismo, como Francisco “barba” Gutiérrez. Su llegada al gobierno de Quilmes abrió una verdadera incógnita, y en sus primeros meses la receta aplicada fue una combinación agridulce de cambios, despidos y crisis política interna.

El primer golpe lo sufrió en el verano, cuando su jefe de gabinete Ariel López presentó su renuncia. La polémica en torno a López surgió apenas trascendió su designación, es que se desempeñó como director de prensa durante un periodo de la intervención militar en Berazategui - entre 1981 y 1983 - y hay una ordenanza quilmeña que prohíbe que el Ejecutivo designe funcionarios que hayan colaborado con el Gobierno de facto.

Primero, sufrió la renuncia del secretario de Seguridad local, Federico Peña, en medio de numerosos robos, entre los que se encuentra el de un banco céntrico. Casi al unísono, su secretario de Gobierno, el radical Fernando Pérez, amagó con una salida similar, aunque la intervención de dirigentes de su espacio lo hicieron retroceder.

La llegada de Molina a Quilmes vino de la mano de un duro ajuste de personal, que terminó con despidos que pusieron al distrito en la cima de los intendentes “despedidores”. El número es contundente: al menos mil municipales menos. “Hablamos de camilleros, enfermeros, barrenderos, trabajadores sociales”, sostuvo el delegado de ATE Quilmes, Claudio Arévalo. El dirigente aseguró que algunos de los despedidos tienen “siete años de antigüedad”. Los despidos se produjeron en el mismo momento en que una nota periodística denunció que Martiniano Molina se había hecho “duplicar el sueldo por el Concejo Deliberante”, por lo que cobrará “112 mil pesos más 50 mil de gastos de representación”.

El garrón de La Plata

Los nuevos intendentes utilizaron el slogan de “luchar contra las mafias” para explicar muchos sucesos que sucedieron en sus primeros meses de gestión, en materia de seguridad sobre todo pero también en cuestiones políticas. Al estilo de las amenazas que sufren Mauricio Mari y Vidal, la idea de enfrentar a poderes ocultos se fue haciendo común, y una manera de justificar las idas y vueltas de la gestión.

En esta explicación se enmarcó el robo a la casa del flamante intendente de la Plata, Julio Garro, ocurrido en marzo de este año cuando dos delincuentes armados y con las manos enguantadas, ingresaron a la vivienda del country Grand Bell, redujeron a la esposa de Garro, a sus cuatro hijas menores de edad, a la cuñada del jefe comunal y a los tres hijos de ésta. Los delincuentes amenazaron con las armas a las mujeres y luego las maniataron con precintos lo mismo que a los siete chicos y los encerraron a todos en una habitación. Por el hecho, fue detenido Patricio Masana, que en ese momento se desempeñaba como Policía Bonaerense y alquilaba una casa cercana a la del jefe comunal.

La semana pasada, estalló un verdadero escándalo, cuando el detenido cambió su declaración testimonial. Según su abogado defensor, Alejandro Montone, en la casa del intendente municipal “robaron cerca de seis millones de dólares” que se llevaron sus cómplices que aún permanecen prófugos. “Este hombre es el mismo que con total impunidad entró a mi casa, ató a mi mujer y a mis hijas. Este sujeto, que no puede justificar sus ingresos, que tenía drogas y armas en su casa y que es parte del escándalo de los sobres de la policía, es quien nos está extorsionando desde hace tiempo porque cree que así va a negociar una prisión domiciliaria”, subrayó el intendente, que sufrió su peor semana al frente de la comuna.

No son los únicos problemas de su gestión, en materia de seguridad. Su secretario de Seguridad municipal, Daniel Piqué, está siendo investigado por liberar la zona de Melchor Romero, en la que se desarrolló la denominada “fiesta de la muerte”, donde apareció ahogada la joven Emilia Uscaymata Curí.

Además de la seguridad, Garro debió lidiar con la reducción de personal, que puso a La Plata entre los municipios con más despidos. Para colmo, el 8 de enero la policía reprimió una manifestación contra los despidos frente a la municipalidad. Según la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), en La Plata hubo 4.500 despedidos, de los cuales 2100 volvieron al trabajo. El resto "está en revisión", dicen en el gremio. Garro, además, enfrenta la herencia que dejó el ex intendente Pablo Bruera. Según el nuevo mandatario, la municipalidad tiene una deuda de 500 millones de pesos, y declaró las emergencias económica y sanitaria.

La justicia apunta a dos caudillos

Mientras los nuevos intendentes pelean por acomodarse al tiempo que corre, dos jefes comunales quedaron en la mira de la justicia. Por un lado, el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, fue imputado en el marco de una denuncia realizada ante la justicia federal por la diputada nacional Elisa Carrió, en la que se lo acusa de presunta “malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito”.

La imputación contra el presidente de la Federación Argentina de Municipios decidida por la fiscalía con sede en el partido bonaerense de Quilmes y por la que se pidieron diversas medidas de prueba para recolectar información. En ese sentido se explicó que la investigación del caso, que lleva adelante la secretaría 3 del juzgado federal de Quilmes, ya tuvo sus primeras medidas con el allanamiento de la sede comunal y del Concejo Deliberante de Varela. Además, se comentó que el allanamiento al Deliberativo se puede explicar en el rechazo de los concejales a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2015.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Florencio Varela, Andrés Watson, dijo que Pereyra "está tranquilo" y agregó que el intendente desea "que se investigue todo porque no tiene nada que ocultar". "El tema está en la justicia y a ella se somete", apuntó Watson.

Además, a comienzos de septiembre la Municipalidad de Berazategui fue sorprendida por la justicia y las fuerzas federales de seguridad. Miembros de Gendarmería ingresaron al edificio para realizar un allanamiento ordenado por el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella. El motivo del allanamiento, habría sido producto de una denuncia por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito en perjuicio de Patricio Mussi. Para ello, el magistrado ordenó buscar información sobre los planes Argentina Trabaja en particular. No obstante, el procedimiento tuvo particularidades que llamaron la atención.

En ese marco, el diputado bonaerense Juan José Mussi, relacionó el hecho a la “persecución política”. “No me dejaron entrar y no me explicaron nada”, señaló el ex Intendente, y agregó: “rompieron cajones de escritorios, hicieron bajar un techo para investigar, todo muy desprolijo”.