Intendentes, más castigados por poda, piden compensación

Intendentes, más castigados por poda, piden compensación

Gobernadores buscan continuidad de obras en municipios que se solventaban con FFS. Provincias se adelantaron con reordenamiento de transferencias. Quejas -y amparos- de jefes municipales.

"Los más afectados serán los municipios". La frase del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, explica por qué tras conocerse la decisión de la Casa Rosada de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) conformado por el 30% de las retenciones a la soja, los teléfonos en las gobernaciones no paraban de sonar: del otro lado de la línea bullía la preocupación de los intendentes.

Las remesas que llegaban bajo ese concepto se destinaban en un 30% a municipios y sólo podían usar el dinero en gastos de capital. Es decir, en obras. Una condición establecida cuando se creó este fondo sojero en 2009, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner.

Por lo tanto, los jefes municipales fueron los primeros en alarmarse porque peligran las obras, muchas de ellas en ejecución. Los gobernadores, en tanto, esperaban el fin del FFS, pero recién para 2019, y ahora quedaron obligados a resolver la cuestión dentro de sus fronteras. Para evitar incluso este tironeo, varias provincias pedían a Nación que el recorte de $100.000 millones para el año próxima pasara por otro lado. La contrapropuesta de los ministros de Economía provinciales al titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, deberá tachar ahora unos $25.000 millones por este ítem. La medida nacional quita margen de elección a los funcionarios de los gobernadores que el jueves volverán a reunirse para definir un borrador.

Por lo pronto, en los distritos que olían la maniobra, o bien daban por descontado el deceso más temprano que tarde del FFS, buscaron la forma de blindar a las intendencias para que no cayeran las obras, en general ligadas a asfalto, plazas, cordones de veredas y trabajos light que se financiaban con los porotos de la soja.

Inclusive, el cordobés Giordano se refirió al Pacto Fiscal de la provincia que buscará aprobar hoy la legislatura del distrito comandado por el peronista Juan Schiaretti. "La decisión de impulsar un acuerdo fiscal se tomó porque esperábamos esta medida para el año que viene. Ahora que se adelantó se hace imprescindible que los intendentes adhieran para amortiguar la caída de los ingresos de los municipios", señaló Giordano a La Voz sobre la caída de unos $600 millones a los municipios sobre los $2.000 que llegaban a Córdoba.

En Santa Fe manejan cifras similares y la decisión de cortar "unilateralmente", como mencionó ayer el ministro de Economía Gonzalo Saglione, obligará al Gobierno del socialista Miguel Lifschitz a rever partidas del Presupuesto "para ver de qué manera se van finalizar obras en marcha en 363 municipios y comunas que iban a ser cubiertas con el FFS". La también socialista Mónica Fein, intendenta de Rosario, salió a disparar contra el Gobierno nacional. "Por DNU, definieron recortarle $240 millones a la ciudad que eran destinados exclusivamente para obras", posteó en las redes sociales y enumeró los proyectos que fueron fruto del FFS. Intendentes de todos los colores, inclusive de Cambiemos, protestaron por el decreto. Los intentendes del PJ bonaerense emitieron un comunicado partidario que calcula la quita en $700 millones y llaman al Gobierno a revertir el decreto "de forma urgente". 

Entre los que llevaron la queja más lejos aparece el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. El chaqueño -exgobernador y exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner- avisó que irá a la Justicia para presentar un amparo por la falta de previsibilidad presupuestaria. "El fin del FFS pulveriza una fuente de ingresos para la ejecución de obras urbanas indispensables para la calidad de vida", dijo.

Al cierre de esta edición, el tucumano Juan Manzur (PJ) seguía reunido con intendentes que llegaron para analizar de qué manera serían compensados, en especial durante este año, ya que para el ejercicio 2019 hay una suerte de compensación por los reintegros a las exportaciones que dejan de realizarse y que pasarán a engrosar la masa coparticipable (ver nota aparte). Lo propio hará hoy Sergio Casas, también justicialista, con los jefes municipales riojanos

En San Juan el gobernador Sergio Uñac presentó una semana atrás en la legislatura local una ley de coparticipación provincial para reordenar la distribución de fondos, en un escenario de despedida del fondo sojero. "En el proyecto está previsto mayor cantidad de fondos a los municipios para compensar el FFS", dijo a Ámbito Financiero el ministro de Hacienda sanjuanino, Roberto Gattoni. El funcionario dijo además que con el FFS había un esquema en los municipios donde la provincia finaciaba el 70% de la obra y el 30% salía de arcas de la intendencia. Ayer, Uñac llevó tranquilidad a los jefes municipales: anunció que la provincia se hará cargo del total de esas obras.

En el sur, una de las regiones que más protestó (quizás para mostar los dientes por otro decreto -hoy en suspenso- que bajaba montos de asignaciones familiares) también hubo políticas que anticipaban la implosión del FFS. Alberto Weretilneck, de Río Negro, ante medios locales nombró casi al pasar al fondo de la soja y recordó que sigue en marcha el Plan Castello de obras en municipios con un bono provincial de u$s300 millones. El chubutense Mariano Arcioni, de los más críticos con el obierno nacional, quien además intentó una fallida liga de gobernadores patagónicos, adelantó hace pocos días la creación de un fondo anticíclico con aporte de empresas petroleras que operan en la provincia para financiar obras en los municipios más afectados por el desempleo. El pase de gorra a las empresas contemplaba que parte de la tijera nacional se aplicaría a obras. 

 

Ahora, se aceleran los tiempos.

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