La columna de ayer de Carlos Pagni en LA NACION lo explica con lujo de detalles. En las últimas horas los cuatro miembros de la Corte le pidieron a Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia Federal de Información (AFI) que aclare qué sistema de protección usa para evitar que las intervenciones telefónicas puedan quedar en manos de cualquiera.

Ricardo Lorenzetti lo hizo por una triple razón. La primera: para deslindar responsabilidades, ya que la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuCeCo) depende de la misma Corte. La segunda: para evitar que prospere el pedido de informes de Elisa Carrió y Emilio Monzó, quienes le propusieron al cristinista Agustín Rossi impulsar un pedido de informes con la intención de que asistan al Congreso a dar explicaciones el propio Lorenzetti, el camarista Martín Irurzún y el juez federal Ariel Lijo. Irurzún es el máximo responsable de la DaJuCeCo después de la Corte. Y el juez Lijo es quien pidió la intervención del teléfono de Parrilli, en el marco de una causa judicial, porque desde siempre sospechó que lideró la operación de encubrimiento contra el narco Ibar Pérez Corradi, atrapado en Paraguay gracias a la información proporcionada por Arribas y su segunda Silvia Majdalani. La tercera razón de Lorenzetti se encuadra en el marco de la tensión con el gobierno. Fue desde que "los supremos" decidieron anular la decisión del ministerio de Justicia de transformar un tribunal de instrucción en otro para tramitar juicios orales. Nada más y nada menos que los juicos orales que involucran a la expresidenta y que ahora quedaron en manos de un fiscal abiertamente kirchnerista y unos jueces en los que Cambiemos no confían.

¿Por qué las escuchas de Cristina y Parrilli provocaron el milagro de hacer coincidir a Carrió y Monzó con Rossi? Porque la diputada nacional sospecha que detrás de la DaJuCeCo hay una suerte de oficina de espionaje "legal" que se guarda información ultrasecreta y divulga solo lo que le conviene. Y también porque el Presidente Mauricio Macri cayó en la cuenta de que así como hoy le tocó a su antecesora y su exjefe de inteligencia, mañana puede tocarle a él, junto con cualquier alto funcionario al que cualquier magistrado le estén pinchando su celular para confirmar si cometió un delito. Hay que empezar a poner las cosas en su lugar, para dejar de agitar fantasmas y señalar dónde está el verdadero problema.

La verdad es que el problema no está en la Corte ni en la DaJuCeCo. Tampoco en la AFI ni en el juzgado de Ariel Lijo. El verdadero problema está en las propias entrañas del sistema. Voy a tratar de explicarlo con sencillez, y la mayor rigurosidad que pueda. Y lo voy a hacer con la forma de una hipótesis, ya que la publicación de los distintos tramos se realizó en diferentes programas de los que soy editor responsable. Lo haré de manera hipotética, porque ya adelanté, en la declaración testimonial que me tomó Rodolfo Canicoba Corral -el juez que lleva adelante la investigación por las filtraciones- que, para este caso, me voy a servir del artículo 43 de la Constitución Nacional. El que se invoca para proteger las fuentes de información de las que dispusimos. También para comentar una afirmación poco feliz de un diputado nacional de Cambiemos, quien, con pedido de reserva de su identidad, le dijo a la periodista Laura Serra, también de LA NACION: "¡Las escuchas que publica Majul parecen una novela por entregas!". A esta altura de la cuestión debería saber que, más allá de sonar como ficción, son conversaciones reales y, desde mi perspectiva profesional, de absoluto interés público. La explicación de por qué las vamos poniendo en el aire "por entregas" es porque se trata de muchas horas de conversación. Es decir: un material que necesita de un complejo procesamiento previo para evitar incluir, por ejemplo, revelaciones íntimas sin interés público, político ni judicial.

¿Pero cuál es el procedimiento por el que se realiza una escucha?Supongamos que un juez ordena intervenir el teléfono de un ministro o de un secretario de Estado que conversa asiduamente con el Presidente. El magistrado tiene facultades para hacerlo, porque se supone que sospecha de la comisión de un delito, y lo interviene porque la pinchadura lo podría ayudar a descubrirlo. El alto funcionario, entonces, es grabado. La oficina de escuchas ejecuta el pedido del juez y se las entrega, con todas las precauciones, tecnológicas y políticas propias de un secreto de Estado. El juez las analiza, y en determinado momento, las vuelca en el expediente. Sigamos suponiendo que esa causa no tiene secreto de sumario y que una de las partes, o las dos partes, piden y obtienen acceso a las intervenciones telefónicas. ¿Quién, a partir de ese momento podría garantizar la cadena de custodia?

Avancemos todavía más. Supongamos que en el marco de ese diálogo entre el Presidente y el alto funcionario, se involucra a una persona que se siente damnificada y, como tal, solicita los audios completos. A partir de ese momento las posibilidades de que ese material se filtre o se rompa la cadena de custodia, son infinitas. Y hablando precisamente de secreto, y de este caso específico, aporto un dato curioso: el primero que pidió y obtuvo una copia completa de las casi 100 horas de escuchas fue nada más y nada menos que el propio exfuncionario investigado, el responsable de Instituto Patria. Es decir: Oscar Parrilli. Después, está en debate, la decisión del periodista de publicar o no el contenido de un material tan sensible. Una discusión parecida a la que se dio cuando Horacio Verbitsky publicó un listado de personas de alto poder adquisitivo que se habían sumado al blanqueo. Personas entre las que se encuentran grandes empresarios y parientes y amigos del propio Macri. En su momento el Presidente se enfureció porque se trata de información confidencial, una de las condiciones esenciales para garantizar el éxito del blanqueo. De hecho, el propio Canicoba encontró a los presuntos responsables de la filtración, una empresa que, se supone, lucraba con este tipo maniobras. Pero la decisión de difundirla de Verbitsky no implica ningún delito. Y, a pesar de que Macri entiende que se trató de una intromisión a la vida privada de las personas, y que incluso podría comprometer la propia seguridad de los titulares de las cuentas y de su familia, la información, otra vez, es relevante, y de un evidente interés público.

En el caso de estas escuchas, incluso pueden generar distintas reacciones: desde morbo hasta vergüenza ajena, pasando por indignación y la comprobación fehaciente de que la expresidenta tenía una máscara pública muy distinta a su versión de entrecasa. Para ahondar más en ese punto recomiendo le lectura de la nota de Martín Caparrós, en The New York Times. Y para reconocer la importancia periodística que tienen las escuchas judiciales presentadas en su debido contexto, sugiero que consulten las que mandó a pedir el fiscal Alberto Nisman y que fueron muy bien organizadas por el equipo de Big Data de LA NACION.