El estallido de protestas policiales y saqueos dejó ayer cinco muertos y un herido de gravedad en distintos episodios de violencia que sacudieron el interior provincial, en un día en el que la crisis escaló hasta alcanzar a por lo menos diez provincias. El Gobierno señaló a la oposición como responsable de un accionar desestabilizador.

La situación más grave se registró en Chaco, d onde a última hora se informó que tres personas perdieron la vida en medio de violentos incidentes vinculados a saqueos y, al parecer, producto de heridas de bala; además, un policía debió ser trasladado de urgencia al hospital Perrando, de la capital provincial, y su estado era anoche de extrema gravedad, según indicaron fuentes hospitalarias.

El director del Hospital Perrando, de Resistencia, Cristian Obregón, dijo que uno de los jóvenes fallecidos, de 23 años y que habría participado de un asalto a un local situado sobre la avenida Castelli y calle 15, de Resistencia, ingresó sin vida al centro médico luego de ser socorrido en la vía pública por una ambulancia.

En Jujuy, en tanto, un joven murió en la ciudad de Perico durante un forcejeo en el saqueo a un comercio. Según se informó, el joven tenía entre 15 y 18 años y sufrió una herida de arma blanca en un negocio de ropa deportiva, aparentemente al enfrentarse al propietario del negocio y forcejear con otros saqueadores.

La quinta víctima fatal ocurrió en la ciudad entrerriana de Concordia, en horas de la madrugada de ayer. El joven, de 20 años, murió electrocutado cuando intentaba saquear un negocio con mercaderías.

Estas muertes fueron el corolario de una jornada en la que la crisis de protestas policiales se extendió a por lo menos una decena de provincias, con escenas de violencia y saqueos en varias ciudades.

En medio de este estallido, el Gobierno denunció ayer maniobras desestabilizadoras, acusó al sector de Sergio Massa de estar detrás de las protestas y anunció que denunciará penalmente a los responsables de los reclamos y a quienes instiguen a los saqueos por el delito de alteración del orden público, intimidación e incitación a la violencia colectiva.

Con un cambio fuerte de discurso, la Casa Rosada dejó en evidencia la preocupación hacia el interior del Gobierno que provocó el contagio de las protestas policiales en el resto de las provincias después del primer reclamo que se produjo en Córdoba y que derivó en huelgas y acuartelamientos en Buenos Aires (con epicentro en La Plata, Mar del Plata y Almirante Brown), Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Tucumán, Salta, San Luis, Río Negro y Chubut. Anoche, lo que parecía un arreglo en Entre Ríos derivó en una marcha atrás, mientras en Tucumán se extendían los saqueos.

ACCIONES DESTITUYENTES

Desde Balcarce 50 denunciaron acciones destituyentes, tanto contra los gobernadores como contra la presidenta Cristina Kirchner, e instaron a todos los fiscales federales del país a denunciar y perseguir a los policías que reclaman y a los responsables de los saqueos y robos.

Como único indicio de los sospechosos, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, apuntó a Salvador Baratta, actual concejal por el Frente Renovador en Lanús, como responsable de montar los desmanes en la provincia de Buenos Aires por unas declaraciones que el ex jefe policial de la departamental Zona Norte de la bonaerense había hecho por la mañana en el programa radial de Jorge Rial, desde donde advirtió sobre las consecuencias de mantener el reclamo.

Mientras la mayoría de los gobernadores intentaba acordar, tanto Álvarez como el ministro de Justicia, Julio Alak, anunciaron que hoy presentarán las pruebas con las que cuentan sobre los saqueos "organizados" que detectaron a través de seis perfiles de Facebook que estarían interconectados.

Todo el Gobierno se concentró ayer en denunciar un proceso de "desestabilización", compararon la situación con la crisis que vivió el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en un intento de golpe de Estado, y llamaron a los policías a deponer el reclamo. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; Alak, y Álvarez culparon a los manifestantes de llevar a cabo una "extorsión".

Capitanich directamente vinculó la protesta con un mensaje hacia la dirigencia política cuando se cumplen, hoy, 30 años del retorno de la democracia. "No es casualidad", dijo, y llamó a los policías a retomar "la paz social, la armonía y la convivencia".

Por la tarde, Alak y Julián Álvarez avanzaron en esa hipótesis. "Lo que hacen es extorsionar a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional de que si no se le hace lugar a un reclamo pasa lo que sucedió en Córdoba o se promueven los saqueos", apuntó Álvarez, autor de la denuncia.

Entre las medidas, Alak anunció que los 720 fiscales bonaerenses habían sido puestos en guardia permanente, al igual que los fiscales federales que dependen de Gils Carbó. El ministro de Justicia pidió que detengan "a todo ciudadano que inicie una acción vinculada al saqueo, como también a los efectivos de la fuerza de seguridad que abandonan las fuerzas de trabajo que tienen que integrar".

Consultado sobre si creía que podría haber un movimiento para derrocar a la Presidenta, Alak moderó el discurso. "No. Lo que nosotros decimos es que no se puede bajo métodos extorsivos condicionarse las políticas salariales de los gobiernos", y descartó que el Gobierno analice impulsar la sindicalización en las fuerzas de seguridad, un reclamo que retomó a partir de la crisis de la última semana..