Radicales repudian la designación de Camuña

Radicales repudian la designación de Camuña

El asunto “Milani” irrumpió en la audiencia pública de ayer Con los votos oficialistas, el pliego quedó listo para ser tratado en el Senado. Bertini y Velasco están en la misma situación

Senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparon que votarán en contra del nombramiento de Pablo Camuña como fiscal federal N°2 de Tucumán. El anuncio fue oficializado ayer durante la audiencia pública que celebró la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. La objeción de los radicales no impidió que los parlamentarios oficialistas dictaminen a favor de Camuña, que es miembro del movimiento Justicia Legítima, y de Adolfo Bertini, aspirante al cargo de defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Tucumán. Previamente, el comité de la Cámara Alta había dado el visto bueno a Diego Velasco para cubrir la vacante de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

En la audiencia, la UCR volvió a acusar a Camuña de haber dado protección a César Milani, actual jefe del Ejército, al solicitar el archivo de una denuncia penal que lo involucraba en el Operativo Independencia. “Forma parte de un sistema que garantiza impunidad a un represor como Milani”, dijo el jujeño Gerardo Morales. “Es contradictorio que el bloque mayoritario avale la designación de un fiscal sospechado de encubrir a un general acusado de cometer delitos de lesa humanidad”, añadió la tucumana Silvia Elías de Pérez, según el comunicado que ella misma envió.

El senador Ernesto Sanz, a su turno, denunció que el oficialismo impidió que familiares del soldado Alberto Ledo, que acusan a Milani de haber participado en la desaparición forzada del conscripto, tomaran la palabra durante la audiencia. Por el tema “Milani” (o “Ledo”), el diputado radical José Cano había impugnado la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchnerde nombrar a Camuña. Este abogado se desempeña como fiscal subrogante a cargo de la Unidad local de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado por designación discrecional del ex procurador general Esteban Righi.

“Nada que ocultar”

“Respondí las preguntas porque siempre estuve de acuerdo con la audiencia pública. En cuanto a la imputación de que violé los deberes de funcionario público (durante la investigación de Milani), quiero decir que el juez federal (Fernando LuisPoviña desestimó la denuncia penal que por este tema hizo la UCR. No tengo nada que ocultar”, expresó Camuña por teléfono desde Buenos Aires.

El abogado elegido por Fernández de Kirchner a partir de la terna de candidatos que le había elevado Alejandra Gils Carbó, procuradora general y lideresa de Justicia Legítima, recordó que pidió el archivo de la denuncia contra Milani porque no había pruebas de su participación en el Operativo Independencia. “Quiero precisar que la causa ‘Ledo’ sigue abierta y que yo nunca intervine en ella (con el carácter de fiscal ad hoc)”, expresó Camuña.

Al próximo fiscal federal N°2 también se le cuestiona su pertenencia a Justicia Legítima. “Esa agrupación tiene una raíz kirchnerista”, expresó Elías de Pérez. Y añadió: “los senadores radicales dudamos de su idoneidad y ecuanimidad para manejar los posibles expedientes en los que se encuentren involucrados miembros del Gobierno”. Según la parlamentaria, Camuña eventualmente investigará si Juan Manzur, vicegobernador con licencia y ministro de Salud de la Nación, se enriqueció en forma ilícita (el juez federal Daniel Bejas sobreseyó al funcionario y dicha decisión está pendiente de revisión en la Cámara Federal).

Es probable que el Senado de la Nación dé acuerdo a los pliegos de Camuña, Bertini (defensor ad hoc y, en ese carácter, abogado de Milani) y Velasco antes de fin de año. El nombramiento de estos tres funcionarios coincide con la sanción del nuevo Código Procesal Penal. Dicha herramienta aumenta el poder de fiscales y defensores al restar facultades investigativas al juez, cambio que la oposición considera funcional a los intereses judiciales del Gobierno. 

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