Por Andres Miquel.

Ataque a la legislación nacional, avance sobre asuntos ya rechazados por la Justicia, una “mercantilización de la ciudadanía”, y una mirada securitista, son algunas de las expresiones con las que Juan Manuel Padin define el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre las modificaciones a las normativas que deben cumpir las personas migrantes. Así, desde la Provincia, salieron al cruce de las medidas porque chocan de frente con la perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de migraciones que impulsó Néstor Kirchner en 2003.

Padin es el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, donde habitan cerca de millón de personas migrantes. Integra el equipo del Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y conversa con Buenos Aires/12 luego de escuchar al vocero presidencial, Manuel Adorni anunciar un decreto para endurecer las condiciones con las que se puede ingresar y permanecer en el país.

“La reforma de Javier Milei estigmatiza a los migrantes, adoptando una perspectiva securitista, a imagen y semejanza de las acciones que en este orden llevan adelante distintos gobiernos reaccionarios a nivel global y, especialmente, la administración de Donald Trump”, subraya. 

La historiadora e investigadora en migración Florencia Mazzadi, aseguró en AM 750 que el Gobierno nacional "construye la relación migración-delincuencia con datos que no mueven absolutamente ningún tipo de prueba”. Según Mazzadi, de las 111 mil personas detenidas en cárceles federales y provinciales, solo 6.644 son extranjeras, de las cuales solo 4.040 tienen sentencia.

Además, no es el primer intento de implementar modificaciones de este tipo. Con otro decreto N°70, pero en 2017, Mauricio Macri reglamentó condiciones similares que posibilitaron la expulsión de más de 3 mil extranjeros con una visión política similar al team libertario y fue duramente cuestionado por la Justica. 

En paralelo, afirma, la reforma actual está enmarcada en el rechazo de Milei a toda la agenda de derechos, acordada y promovida a nivel multilateral. “Y, por otra parte, el timmig no es casual, los anuncios se realizan sin brindar detalles específicos y en pleno período de campaña electoral”, apunta el funcionario.

Días atrás, Adorni aseguró que la normativa migratoria actual “invita al caos y al abuso de muchos vivos". Dijo que en los últimos dos años ingresaron al país 1.7 millones de inmigrantes irregulares y criticó que Argentina “no expulsa a quienes infringen la ley”.

Ante este análisis, anunció un nuevo decreto de Milei para que, entre otras cosas, se amplíen las facultades de las fuerzas de seguridad y entes administrativos para expulsar o deportar migrantes. Además, avisó que “los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud". A su vez, aseguró que los requisitos para obtener la residencia permanente en Argentina serán más “severos”. Hasta el momento, no hubo mayores novedades.

Sin derechos humanos

Según un informe elaborado por el área que lidera Padin, en 2022 se registraron 1.933.463 personas de nacionalidad extranjera que habitan en Argentina. Los datos provienen del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. De ese número,  994.653 de bonaerenses son migrantes. Representan el 51 por ciento de la migración nacional y cerca del 8 por ciento de la población bonaerense.

Para tomar dimensión de la distribución, en el último padrón electoral y un trabajo realizado por la Dirección Provincial de Migraciones, de los 949.170 extranjeros habilitados para votar en la provincia, 419.262 son de origen paraguayo, 182.036 boliviano, 76.324 son de Perú, y 25.413 de Venezuela.

En busca del voto sudamericano

A contramano de lo expuesto por el gobierno de Milei, Argentina no atraviesa una crisis migratoria. Desde 1869 hasta 2022 los nacidos en países limítrofes o población total oscilan entre el 2 y el 3 por ciento a nivel nacional.

El punto, según Padin, es que los cambios propuestos por La Libertad Avanza, según los trascendidos oficiales, rompen con la perspectiva de derechos humanos que privilegió la República Argentina desde la sanción de la Ley Nacional de Migraciones, la N° 25.871, en diciembre de 2003, y que se encuentra en línea con diversos compromisos internacionales en la materia.

Impulsada por Néstor Kirchner, la norma promulgada en 2004 pero recién reglamentada en 2010. En 2006, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Brunson McKinley, visitó el país y aseguró que la ley “es un ejemplo mundial”. “Los Estados Unidos deberían seguir una política como ésta y no construir un muro con México, pero sé que no me van a escuchar”, dijo en aquel momento.

En particular, dicha Ley establece que “el derecho a la migración es esencial e inalienable”, y otorga a los migrantes el acceso a los mismos derechos civiles, sociales y políticos que los ciudadanos nativos. A su vez, “propone asegurar la igualdad y la no discriminación, protegiendo a los migrantes de situaciones de vulnerabilidad y promoviendo su plena integración”, indica Padin.

Esta premisa va a contramano del espíritu de la reforma mileísta. Entre otras cuestiones, por proponer, según Padin, una “mercantilización de la ciudadanía”. “De acuerdo al comunicado del gobierno, se brindaría trato preferencial para la obtención de la Carta de Ciudadanía a aquellos que realicen, como dicen, una inversión importante en Argentina”, señala el dirigente.

Este tipo de política, asegura, es novedosa en nuestro país que “rompe con la igualdad ante la ley y aborda a los derechos como negocios”. Además, advierte que hay experiencias internacionales como pasaportes dorados o visas doradas en países como Malta, Jordania o Turquía. “El patrimonio pasa a ser un factor determinante para obtener derechos de ciudadanía”, repara.

¿Qué dijo la Justicia?

Un dato no menor que expone el funcionario provincial, es que el Poder Judicial ya sentó un precedente con el DNU 70/2017 de Macri. Impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue derogado en 2021 con distintas acciones de amparo colectivo presentadas por organizaciones sociales y derechos humanos en su haber. Además, contaba con un fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que lo declaró inconstitucional y dejó marcadas varias observaciones.

Entre ellas, la Justicia indicó que el decreto macrista “imponía restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes en contravención de los estándares internacionales, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explica Padin. A su vez, indica, establecía limitaciones a los derechos fundamentales que deben ser adoptadas mediante leyes formales del Poder Legislativo y no por actos administrativos.

En el mismo texto, subraya el funcionario provincial, el juzgado estableció que “los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de expulsión o deportación”. También puntualizó que el decreto presentaba un “vicio de finalidad” al justificar sus medidas en una supuesta relación entre la migración y la criminalidad, particularmente con el narcotráfico.

Por eso, la implementación de políticas públicas orientadas a las personas migrantes es central tanto a efectos de garantizar los derechos humanos e “impulsar la integración en las sociedades de acogida como para robustecer la seguridad, evitando la comisión de graves delitos por parte de organizaciones criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad” de este grupo poblacional para llevar a cabo su accionar como la trata, el tráfico ilícito y otros delitos relacionados.

Acciones provinciales

Desde la secretaría que lidera, Padin explica una serie de medidas que la Provincia implementa o implementará en claro antagonismo con la visión profesada por Milei. Entre otras acciones, se lanzó la Mesa Interministerial de Migraciones para coordinar las acciones de los ministerios bajo la misma perspectiva, así como la Red de Territorios Migrantes para llevarlo a cabo junto a autoridades municipales.

A partir de la labor del Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias, subraya que se sistematizó información sobre dinámicas poblacionales. En paralelo, relata, se está construyendo un nuevo sistema de indicadores a partir de registros administrativos provinciales, con vistas a contar con nueva y mejor información para recalibrar las políticas públicas destinadas a este grupo poblacional.

“Se trata de una herramienta que nos posibilitará centralizar, organizar y difundir datos sobre la población migrante, sus características socio-demográficas y las brechas en el acceso a derechos a partir de un conjunto de indicadores específicos”, indica Padin.

También se impulsaron operativos territoriales para facilitar la resolución de problemáticas, se realizan capacitaciones en política y gobernanza migratoria para agentes municipales y trabajadores provinciales y elaboran materiales informativos para la población migrante sobre acceso a derechos e instructivos sobre realización de trámites, guías y folletos. Gran parte de estos datos se vuelcan en el newsletter Infomigrante, creado bajo la gestión actual.

En paralelo, adelanta, está en proceso el diseño de un espacio virtual unificado donde se dispongan todos los recursos informativos producidos por la provincia en materia migratoria.