Por Mariano Suárez

Públicamente, Guillermo Montenegro no tiene reparos para cuestionar al kirchnerismo de Mar del Plata. Afirma que sólo buscan perjudicarlo a él y que, sin importar el contenido, rechazan cualquier propuesta que llegue al Concejo Deliberante con su firma. El mensaje que bajó el intendente lo repitieron otros funcionarios, concejales y distintos dirigentes de Juntos. La estrategia parece pulverizar cualquier posibilidad de construir un puente entre las principales fuerzas políticas de la ciudad. Sin embargo, en la práctica algunos dirigentes confían en poder llegar, en temas puntuales, a algún tipo de acuerdo y, en otros, el Ejecutivo analiza todas las variables para lograr aprobar sus iniciativas.

Desde el Frente de Todos rechazan el traje de oposición destructiva. Recuerdan los proyectos que impulsaron ellos y fueron apropiados por el Ejecutivo (decks), aquellos en los que colaboraron con propuestas para mejorarlos (nuevo régimen de habilitaciones) y los que acompañaron (empleo joven). “Rechazamos los que son malos para Mar del Plata”, insisten. No obstante, es cierto que el tono de la disputa política recrudeció de ambas partes. Fue la propia Fernanda Raverta la que acusó a Montenegro de iniciar una etapa de campañas sucias en la política de Mar del Plata, luego de padecer distintas “operaciones mediáticas” en la interna del PJ.

Más allá del debate público, algunos legisladores del oficialismo no pierden la esperanza de poder sacar algunos expedientes. No es un optimismo vacío: apuestan a que el Frente de Todos, para no mostrarse como una oposición destructiva, destrabe algunos expedientes. La lista de los proyectos de relevancia es larga.

El de fotomultas es casi emblemático. El Frente de Todos lo cuestionó desde el principio, no sólo por el proyecto en sí, sino por algunos manejos sinuosos que realizaron las autoridades del cuerpo del acuerdo antes, incluso, de que comience a ser debatido. En el camino el oficialismo logró el apoyo de Nicolás Lauría. Sin embargo, el rechazo no fue sólo de FdT: Alejandro Carrancio lanzó feroces críticas al acuerdo entre el municipio y la Universidad de San Martín mientras que Acción Marplatense cuestionó que el Ejecutivo no haya ido por el camino de una licitación pública para darle más transparencia al proceso.

Sin esos votos, el plan se empantanó en las comisiones y la jugada del oficialismo apenas alcanzó para dejar el proyecto en comisión y evitar el archivo. “Ojo que no está muerto”, avisaron algunos emisarios del oficialismo. Con las posturas férreas ya anunciadas y promesas de que no haya cambios de postura, la estrategia para poder “revivirlo” no aparecía. En los últimos días, algunos voceros del Ejecutivo comenzaron a deslizarla: avanzar con un despacho de mayoría y otro de minoría para que lleguen las dos posturas a la sesión plenaria. Allí, el oficialismo tiene los 12 votos necesarios para aprobar el expediente, con el voto doble de la presidenta Marina Sánchez Herrero.

“Si hacen eso abren una puerta muy peligrosa. Porque significa, en los hechos, eliminar el funcionamiento de las comisiones. Dejan de tener sentido”, les avisó un concejal opositor a los oficialistas, enterado del plan. Otro edil sumó el costo político que podría significar para el Ejecutivo: “Van a forzar el reglamento y demostrar que están dispuestos a todo para aprobar un expediente que llega muy sospechado”.

El discurso oficial habla de la importancia de implementar el sistema de fotomultas que propone la Unsam, en el marco de la política integral de seguridad vial que busca llevar adelante. En off admiten que la jugada que analizan implica “abrir una puerta arriesgada”, pero también marcan que las mayorías circunstanciales nunca fueron utilizadas. “Están los votos para aprobar un proyecto en la sesión plenaria; jamás se usó la mayoría circunstancial en una comisión para frenarlo. Eso es más raro”, explican.

 

Transporte público y predio de residuos

Entre los temas de peso que el Ejecutivo tiene que resolver este año, hay dos que sobresalen: el pliego del transporte público de pasajeros y el del manejo del predio de disposición final de residuos. No hay, por el momento, mayores precisiones sobre cuándo serán enviados al cuerpo legislativo. No sólo porque –hasta donde se sabe- no están terminados, sino porque el tiempo político hoy marca que este tipo de proyectos pueden entrar en el espiral de rechazos. El Ejecutivo podría echarle la culpa a la oposición destructiva, pero también mostraría una enorme falta de manejo político.

Más allá de que públicamente, el secretario de Gobierno Santiago Bonifatti había anunciado que el nuevo pliego del transporte público sería enviado “sin grandes cambios”, 0223 pudo saber que entre las modificaciones que analiza el gobierno hay dos que fueron eje de los cuestionamientos por parte de la oposición: la duración del contrato de concesión y las obras de infraestructura que se incluirán en el pliego.

El nuevo proyecto propondrá un contrato más corto de los 27 que habilitaba el anterior (20, con opción a otros 5 y una prórroga excepcional por dos más), aunque, aclaran, “no puede achicarse demasiado”.  “No va a ser de cinco años”, dicen, sin avanzar en demasiadas precisiones para dejar espacio al diálogo con las distintas fuerzas políticas. El pliego trunco del año 2021 también incluía grandes estaciones de transferencia que podrían ser revisadas en el nuevo. Desde la oposición plantearon que esas estaciones suponían un nuevo modelo de negocio que debía ser licitado por separado.

Los cambios que prepara el oficialismo vienen, lógicamente, con reproche: “Si son menos años también hay menos requisitos en la prestación”. “Para nosotros el anterior pliego era mejor que el futuro, pero si no reúne las voluntades en el Concejo para salir lo modificaremos”, se resignan, aunque no tengan la garantía de que esos cambios sean suficientes. ¿Cuándo lo enviarán? “Este año”, dicen sin tapujos por la falta de precisión.

El manejo del predio de disposición final de residuos será eje de un fuerte debate cuando el oficialismo envíe el proyecto. Desde la salida de Ceamse (a mediados del año pasado), las concejalas Virginia Sívori y Sol de la Torre, fueron muy críticas por la falta de planificación del oficialismo. Y más allá de las promesas de regularizar la situación con un sistema mixto (una parte  cargo de privados y otra del municipio), lo cierto es que todavía no hay indicios de cómo será el manejo. Por eso, no hay chances de que el debate no se dé con fuertes críticas opositoras. No obstante, el oficialismo sabe que Mar del Plata no puede quedarse sin manejo de la basura, ni sin transporte.

 

Playas, Parque industrial y Plaza del Agua

Dentro del amplio menú que el Ejecutivo maneja para este año hay versiones de varias iniciativas privadas. Ninguna de todas las mencionadas llegó al Concejo Deliberante. Por ahora, sólo hay un pedido de informes de Alejandro Carrancio para que el secretario de Obras, Jorge González, dé precisiones sobre cuántas están siendo analizadas en este momento. Hay un dato que vale la pena remarcar: una iniciativa privada permite a una empresa elaborar un proyecto y, con el aval del Concejo, luego competir con ventajas innumerables en una licitación. Básicamente, si se aprueba es imposible que el iniciador privado no gane la licitación. El proceso siempre despierta polémica.

Las más comentadas de las últimas semanas están relacionadas con proyectos de privados para generar “glamping” (camping glamorosos) en dos playas del sur, que hasta esta temporada fueron administradas por ONG: el camping municipal y Playa Redonda. Las propuestas generar ruido entre los Scouts y los conservacionistas que recibieron un permiso precario para explotar los lugares. “Hicimos muchas mejoras y queremos hacer más, pero es imposible si no tenemos ninguna garantía de que vamos a poder seguir”, esgrimen.

Hay otras dos iniciativas privadas para el Parque Industrial. En este caso, puede prosperar una u otra. Una de ellas, anunciada tiempo atrás, implica una millonaria inversión que permitiría duplicar los terrenos que ofrece el parque para la radicación de empresas y dotarlos de servicios que ahora no tienen. Por el momento, tampoco hay detalles de cuán avanzados están.

Una quinta sacudió el avispero político en las últimas semanas: algunos hombres del oficialismo deslizan que el Ejecutivo analiza volver a impulsar el proyecto de Plaza del Agua. El plan, presentado en la gestión de Carlos Arroyo, permitiría que la empresa WAM Entertainment Company administre el espacio, donde buscaría generar una oferta cultural.

Más allá del guiño que supone dar el aval a una iniciativa privada, cada vez que los funcionarios se reúnen con los interesados hacen una aclaración que para quienes siguen la política doméstica es obvia: “Yo lo empujo y lo presento. Pero los votos en el Concejo los vas a tener que juntar vos”.