Por Ramiro Melucci

El round que enfrenta a Axel Kicillof con los intendentes del PRO por el reparto de fondos a los municipios produce en la ciudad una sensación similar a la que se siente al ver una película repetida. La controversia ya estaba instalada en el plano doméstico desde el mes pasado, cuando Guillermo Montenegro denunció “discriminación y abandono” por parte de la Provincia. Lo que derivó en una rauda visita del jefe de asesores del gobernador, Carlos Bianco, para bajar el mensaje de que “pocas veces un gobierno bonaerense le dio tanto a Mar del Plata”.

Es cierto que la semana pasada la reyerta sumó un condimento extra. La revelación de un informe sobre el incremento de los fondos enviados por la Nación a la Provincia espoleó a los alcaldes amarillos. Decía que las partidas se habían incrementado un 100% en siete meses a través de adelantos del Tesoro y otros programas. De allí que el reclamo de los intendentes opositores ya no sea solo la actualización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el de Seguridad, sino la coparticipación “de todos los fondos que ingresen a la provincia”.

Incluso este nuevo capítulo, que derivará en un proyecto de ley que no se aprobará, registra un antecedente que, de alguna manera, protagonizó Montenegro: su mano derecha, el senador provincial Alejandro Rabinovich, había reclamado en un proyecto de declaración presentado el 24 de mayo que los excedentes de ingresos por recaudación propia o envíos de la Nación fueran remitidos a los municipios “de manera proporcional a la distribución de los fondos asignados en el presupuesto”.

Con los precedentes que lo mostraban en el centro del ring y después del tenso encuentro con Kicillof del 21 de julio, Montenegro optó esta vez por no compartir el esquema comunicacional de sus pares. El lunes, cuando los alcaldes del PRO estamparon en sus cuentas de Twitter el comunicado con el que acusaron a la Provincia de “ajustar obras en municipios de Juntos”, Montenegro publicó cinco tuits: tres sobre la votación de las obras del presupuesto participativo y dos sobre “el mejor alfajor del mundo”, que es marplatense. No es que haya dejado de compartir el concepto: volvió a hablar de “discriminación” en el encuentro que la Fundación Pensar organizó en Mar del Plata con concejales del PRO de la cuarta y quinta sección electoral.

En el gobierno bonaerense no entienden por qué algunos de los alcaldes se la pasan tocando las puertas de la Gobernación y en sus municipios han llegado a decir que “eliminaron impuestos”. “Es increíble”, soltó Bianco fuera de micrófono a su paso por la ciudad. No es solo Kicillof el que reniega del expendio de humo. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (del PRO), lo deslizó en su discurso en el encuentro de Pensar. Al hablar sobre cómo había que transmitirle los mensajes a la gente, distinguió que hay “cosas para la tribuna” y “cosas reales”. “Bajar tasas que no se cobran no es bajar nada”, lanzó. ¿Referiría, entre otros, a alguno de los 145 “impuestos” que dijo bajar el gobierno local en abril de este año? Mejor no saberlo.

 

En el gobierno bonaerense no entienden por qué algunos de los alcaldes se la pasan tocando las puertas de la Gobernación y en sus municipios han llegado a decir que “eliminaron impuestos”.

 

En el contexto de esa disputa provincial de Kicillof con los municipios opositores, de las internas nacionales que surcan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (la semana pasada sacudido por el huracán Carrió) y de un paisaje social achatado por la inflación se ubican las contiendas domésticas.

Está claro que Montenegro manejó los tiempos. Un día después de que el Indec revelara la cifra mensual de inflación más alta en dos décadas, anunció que el boleto aumentará a $ 98,44 en septiembre. Como en toda suba del transporte que no decide el Concejo (las facultades están delegadas hasta fin de año), pagará un costo. Pero ya se acostumbró a afrontarlo con tal de evitar otro tipo de conflictos. Tiene un argumento que no ha variado: no hay indicios de que se esté por concretar la promesa de repartir más equitativamente la torta de los subsidios.

En el Concejo, el oficialismo empieza a respirar con alivio por el proyecto de reconocimiento facial. La Comisión de Legislación aprobó con cinco votos contra cuatro un proyecto opositor (que aunó firmas del kirchnerismo y Acción Marplatense). Pero la derrota de JxC es parcial: hizo avanzar su dictamen en minoría y lo mismo haría en la Comisión de Hacienda, donde también tiene cuatro votos sobre nueve. Con eso lograría que la letra del Ejecutivo llegue al recinto, donde cantará victoria.

El despacho de la mayoría opositora en comisiones contiene dos elementos distintivos: pide la remisión al Concejo de un pliego de licitación y ordena al Ejecutivo a convocar a un comité de ética compuesto por las universidades, los colegios de Magistrados y Abogados y el Inadi. Los bloques opositores siempre leyeron con delectación (acaso más que el propio oficialismo) el párrafo del informe en el que el subsecretario legal y técnico, Mauro Martinelli, recomendó “la creación de organismos de control interno” para asegurarse el descarte de datos que no utilice el sistema.

Con ese expediente encaminado, los concejales vieron comprometida la tranquilidad con la que había iniciado su derrotero legislativo la regulación de los decks. Tras los puntos en común que tuvieron el oficialismo y el Frente de Todos en la Comisión de Industria, afloraron diferencias entre gastronómicos y comerciantes de otros rubros. La Asociación Hotelera Gastronómica y el gremio del sector dieron su aval a la continuidad de los decks, mientras que un grupo de comerciantes de Güemes se manifestó en contra y la UCIP advirtió sobre las posturas contrapuestas, cuestionó la forma en que se comunicó la jornada de trabajo del 27 de julio y reclamó una nueva instancia de debate.

La controversia entre empresarios gastronómicos y comerciantes de Güemes dio que hablar en la oposición. “Son sectores afines a Montenegro. Compremos pochoclos”, llegó a ironizar un edil con el objetivo de que al alboroto lo arregle el gobierno municipal.

 

La derrota de Juntos por el Cambio por el reconocimiento facial es parcial: su proyecto obtiene menos votos en comisiones, pero cantará victoria en el recinto. 

 

El predio de disposición final de residuos se llevó el resto de las miradas. Después de varios amagues, la Comisión de Ambiente pudo concretar su recorrida en el marco del tratamiento del pliego para la operatoria y el mantenimiento del relleno sanitario, una de las más importantes para el gobierno de Montenegro.

Otra, también vinculada al predio, es la que espera realizar el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) a fin de año para construir el módulo 2. La vida útil del 1 vencerá dentro de un año, por lo que ese proceso licitatorio será tan sustancial como el que tramita en el Concejo. Al titular del Emsur, Sebastián D’Andrea, le preguntaron durante la recorrida cuál le preocupaba más. “Las dos”, respondió.

No debería pasar por alto un detalle. El concejal que más provocó con sus preguntas al Emsur fue Alejandro Carrancio, que no integra la Comisión de Ambiente. Incluso fue el único que inmediatamente después de la visita declaró contra el estado del predio. Bien lejos de su “compañero” de bloque, Nicolás Lauría, que casi al mismo tiempo visitaba con Montenegro los entrenamientos de la selección de básquet de cara al partido con Bahamas en Mar del Plata. Y que se ha convertido en la garantía de los proyectos oficiales en el recinto del Concejo.