Guillermo Montenegro consiguió en noviembre un contundente respaldo en las urnas, con una victoria por casi 20 puntos en las elecciones de medio término. Sin embargo, ese triunfo no se tradujo en tranquilidad legislativa: el oficialismo quedó con un bloque de once concejales, lo que lo obligará a defender y buscar consensos ante cada expediente. Y las primeras peleas comenzarán pronto.

La geografía del cuerpo legislativo está dividida entre dos grandes islas (Juntos, con toda su diversidad -Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica- y el Frente de Todos) y dos más pequeñas (Crear Juntos y Acción Marplatense). Con ese escenario, el intendente intentará que se aprueben en el primer tercio del año dos proyectos claves: el presupuesto 2022 y el convenio de fotomultas.

Montenegro suele evitar meterse en las batallas legislativas. Casi como una muletilla, repite que espera que los concejales “trabajen para los marplatenses” y no para los partidos políticos por los que fueron electos. A diferencia de otros intendentes prefiere que esas batallas las libren integrantes de su equipo. Hay un dato que sirve para entender esta lógica: de los últimos cuatro intendentes de Mar del Plata, Montenegro es el único que no fue concejal antes de llegar a la Intendencia.

En Juntos saben que, en términos generales, las batallas no serán sencillas. Y particularmente con estos dos expedientes, menos aún. “Esperamos una oposición dura”, advierten y le apuntan al Frente de Todos. Luego de unos primeros meses de convivencia armónica, la relación entre el espacio que lidera Fernanda Raverta y el oficialismo fue escalando en tensión. Y no hay ninguna señal que haga suponer que eso cambiará.

La apuesta del oficialismo está centrada en una de las dos pequeñas islas que quedan por fuera de los grandes espacios: Acción Marplatense. Durante los dos primeros años de gestión, el espacio liderado por Gustavo Pulti se mostró más afín al oficialismo que a la oposición. El bloque se autodefinió como “oposición responsable” y así, con críticas, acompañó los proyectos más espinosos del Ejecutivo.

¿Hay algún elemento para creer que eso puede cambiar? La designación de autoridades del cuerpo legislativo mostró unidad en los 13 concejales de la oposición que decidieron no acompañar la designación de Marina Sánchez Herrero como presidenta. Nadie se anima a garantizar que esa unidad se sostenga, pero tampoco lo descartan.

Raverta y Pulti se juntaron días antes del 9 de diciembre. La reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires duró cerca de dos horas. Los protagonistas no hicieron ninguna mención pública del encuentro y acordaron mantenerlo en secreto. La charla, por momentos áspera, fue la primera en más de dos años entre los dirigentes.

No está claro cuál será el efecto a futuro de esa reunión que tuvo un compromiso de Raverta: si Pulti quiere competir en la Paso del Frente de Todos en 2023 tendrá la oportunidad de hacerlo. “No confirmó ni desechó la posibilidad”, confiaron fuentes consultadas por este medio.

La decisión de la directora Ejecutiva de Anses es ampliar lo más posible el espacio para enfrentar el año próximo a Montenegro. Así como en elecciones anteriores hizo todo lo posible para evitar la competencia interna, en 2023 está convencida de que debe sumar a todos los actores posibles: desde Pulti, pasando por Rodolfo “Manino” Iriart, Facundo Moyano y Lucas Fiorini.

“El que quiera sumarse va a tener su lugar, ya sea para acompañar la candidatura de Fernanda o para competir. No le vamos a cerrar la puerta a nadie”, insisten cerca de Raverta.

En aquella charla con Pulti la titular de Anses también le aclaró que esa voluntad debe empezar a manifestarse desde ahora. ¿Cambia eso el escenario? Aquel que espere una respuesta blanco o negro no acertará. “Gustavo seguirá haciendo el juego que más le conviene para hacer valer su rol como árbitro del Concejo y cuando el panorama esté más claro decidirá qué camino elige”, anticipan fuentes conocedoras del exintendente.

En el entorno de Montenegro apuestan a seguir consiguiendo el apoyo de AM en temas clave. El presupuesto y las ordenanzas fiscal impositiva figuran en esa lista. “Él tuvo responsabilidades de gestión y sabe lo importante es que el municipio tenga su presupuesto”, dicen desde Juntos, antes de que comience el debate.

Alejandro Carrancio (Crear Juntos) -que en los últimos días compartió una cena con Javier Milei- será el encargado de ordenar el debate por el presupuesto luego de ser elegido presidente de la Comisión de Hacienda. Todavía no está definido el cronograma, pero se espera que en breve comiencen a desfilar los funcionarios para defender la ordenanza madre.

La aprobación del presupuesto provincial es un elemento que Juntos buscará utilizar para presionar al Frente de Todos y evitar que los proyectos sean rechazados. Desde la bancada que ahora conduce Marina Santoro tienen a mano dos argumentos para rebatir esa postura:

En el Congreso Nacional Juntos por el Cambio adoptó una postura de oposición rabiosa y rechazó el Presupuesto.El aumento impositivo que aprobó Kicillof para este año es 10 puntos menos que el que propone Montenegro en Mar del Plata.

“Pero nosotros venimos el año anterior de dar el aumento de tasas más bajo de toda la provincia. Y en este vamos a estar varios puntos por debajo de la inflación”, se anticipan desde el oficialismo marplatense al debate.

El otro proyecto de relevancia que elevó el Ejecutivo al Concejo es el convenio de fotomultas con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). La primera aclaración que hacen desde el Ejecutivo es que es muy distinto al convenio que se firmó durante la gestión de Carlos Arroyo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata.

“Aquel era un sistema recaudatorio. Este incluye muchas cuestiones disuasivas y de seguridad vial. Nuestro convenio incluye más inversión en infraestructura y en cámaras. En todos los municipios que se implementó este convenio bajaron los siniestos viales”, explican. La diferencia es amplia: actualmente esperan colocar 200 cámaras con cinemómetros, mientras que el plan de Arroyo apenas tenía una docena.

Las primeras críticas llegaron por parte de Carrancio por el reparto del dinero obtenido por las multas. El convenio que firmó Arroyo establecía un 50% para el municipio, 40% para la UTN y 10% para la provincia. En este caso, el convenio establece que el 20% de lo recaudado sea para las arcas provinciales, mientras que el 80% restante se dividirá un 70% a la Unsam y un 30% al municipio. En definitiva, el reparto será:

56% a la Unsam

24% al municipio

20% a la provincia

En este caso, será Guillermo Volponi, presidente de la comisión de Movilidad Urbana, el encargado de defender el plan del Ejecutivo. Y más allá de los argumentos técnicos y aunque falten casi dos años para las elecciones, los condimentos políticos no faltarán en la mesa.